Impacto en Iberoamérica de la política social Europea[1]

Jorge Scala [2]

Abogado por la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). Profesor honorario de la Universidad Ricardo Palma (Lima, Perú). Profesor de bioética en la Maestría en Desarrollo Humano de la Universidad Libre Internacional de las Américas (ULIA).

           La ponencia se vertebra al considerar dos documentos del Parlamento Europeo, que marcan las políticas de financiamiento de la Unión Europea en los países no desarrollados, y el Informe de una Ong referido al cumplimiento de esas políticas “sociales”. 

            a) El Informe Van Lancker del Parlamento Europeo, referido a la “Salud sexual y reproductiva y los derechos en esta materia” (del 6.6.02). En su punto n° 12 dice, textualmente: “Recomienda que, para proteger la salud reproductiva y los derechos de las mujeres, se legalice el aborto, con objeto de hacerlo más accesible a todos y eliminar así los riesgos de las prácticas ideales.

            b) El Informe Sandbaeck del Parlamento Europeo, es el Reglamento que rige la “Ayuda a las políticas y programas en países en desarrollo” (del 1.1.03). Vale decir que se trata de las normas, requisitos y procedimientos que deben cumplirse antes de otorgar cualquier préstamo de ayuda social de la U.E. a estos países. Allí se establece que la ayuda financiera deberá dirigirse, prioritariamente, a financiar “la salud reproductiva”.

           c) La ong European Dignity Watch publicó este año su informe “The funding of abortion through E.U. development aid.An Análisis of EU’s Sexual and Reproductive Health Policy”. Dicho Informe demuestra la estrecha colaboración financiera y operativa de la Unión Europea con la IPPF y Marie Stopes International, las dos principales promotoras del aborto a nivel mundial. La Unión Europea otorga el 56% del financiamiento mundial a la promoción del aborto y la salud sexual y reproductiva. Dicha financiación se otorga a través de fondos supuestamente destinados al desarrollo –o directamente para la “salud reproductiva”-. Para este último ítem, se han destinado 280 millones de Euros en el bienio 2011/13.

           El resultado de esta fuerte “inversión de dinero” de los países que componen la Unión Europea, no ha sido satisfactorio para los donantes. Basta para ello comprobar los resultados en tres temas: promoción del aborto, uniones homosexuales e identidad de “género”.

          En cuanto al aborto, sólo lograron despenalizarlo en el Distrito Federal de México, hace cinco años, ley que ha causado 80.000 homicidios prenatales. Sin embargo, 18 Estados de México han reformado sus constituciones tutelando la vida humana “desde la concepción” y tales modificaciones han sido avaladas por la Corte Suprema de Justicia.

En Colombia la Corte Constitucional despenalizó el aborto en tres supuestos, aunque de un modo remanido, intentando de hecho una despenalización total. Sin embargo, la resistencia de los médicos y del propio Procurador de la República han limitado los efectos de esa sentencia al mínimo.

En la Argentina, en marzo de este año la Corte Suprema pretendió despenalizar el aborto por violación, con un mecanismo tan cínico que supondría la total legalización del aborto a petición de cualquier mujer. Sin embargo, sólo la mitad de las provincias elaboraron protocolos con tal mecanismo. Y en la provincia de Córdoba, por una acción judicial en la que tengo el honor de participar, está suspendida su aplicación. De hecho sólo han matado a un bebé luego del fallo de la Corte.

Respecto de las uniones homosexuales, las mismas fueron aprobadas en el Distrito Federal de México, pero ya dos Estados han modificado sus constituciones políticas estableciendo que el matrimonio sólo puede celebrarse entre una mujer y un varón. Las Salas Constitucionales de Chile y Costa Rica declararon el valor constitucional del matrimonio entre un varón y una mujer. La Argentina aprobó el año pasado una ley admitiendo el “homomonio” con idéntico valor –y como si lo fuera- al matrimonio.

Con relación a la llamada “identidad de género”, puede destacarse que en el Ecuador, el puntaje máximo para concursar los cargos públicos en el ítem de antecedentes, lo tiene el hecho que el candidato se declare: homosexual, lesbiana, travesti, transexual y demás patologías sexuales.

La Argentina acaba de aprobar una ley de “identidad de género”, según la cual las personas podrán cambiar sus nombres de pila a voluntad, con sólo solicitarlo al Registro Civil, según sea su “género” autopercibido. Es previsible la cantidad de estafas y defraudaciones que se cometerán aprovechando esta ley inicua[3].

[1]Ponencia presentada al VI Congreso Mundial de Familias, que se realizó en el Palacio de Congresos de Madrid, los días 25 al 27 de mayo de 2012, con la asistencia de más de 3.000 personas de todo el mundo.

[2]Jorge Scala fue el único conferencista argentino, entre los 120 ponentes que tuvo el Congreso.

[3]Ponenciapublicada, como síntesis, en ETICA SOCIAL. http://cdbcba.blogspot.com.es/2012/06

/congreso-mundial-de-las-familias-madrid.html

La Razón Histórica, nº18, 2012 [39-41], ISSN 1989-2659. © IPS. Instituto de Política social.