Reclamando la autonomía social y los derechos fundamentales: “¡Ni paternalismo ni caridad!”. Las asociaciones de asistencia social, discapacidad y salud y enfermedad en el franquismo y la transición española a la democracia  (Murcia, 1964-1986).

Isabel Marín Gómez.

Doctora en Historia Contemporánea y Profesora en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Murcia.

.

Resumen:

En este artículo se estudian las asociaciones de asistencia social, discapacidad y salud y enfermedad que se crearon en la Región de Murcia, entre 1964 y 1986, los objetivos que plantearon y la actividad que desarrollaron en esos años de franquismo y transición a la democracia en España; y la influencia que tuvieron sus reclamaciones en la implantación de una política social y una legislación adecuada para cubrir sus necesidades y derechos. 

Palabras clave: asociacionismo, franquismo, transición a la democracia, asistencia social, discapacidad, salud y enfermedad.

Título y resumen en inglés:

Titulo: Claiming social autonomy and fundamental rights: "Neither paternalism nor charity!". The associations of social assistance, disability and health and illness in the Franco regime and the Spanish transition to democracy (Murcia, 1964-1986)

Summary

This article studies the associations of social assistance, disability and health and illness that were created in the Region of Murcia between 1964 and 1986, the objectives they set out and the activity they developed in those years of Francoism and transition to democracy in Spain. And the influence of their claims on the implementation of a social policy and adequate legislation to meet their needs and rights.

Keywords: associationism, Francoism, transition to democracy, social assistance, disability, health and illness.

La concienciación y participación de la sociedad civil española fue determinante en la transición a la democracia en España, generando las transformaciones sociales decisivas para conformar el cambio político y ratificar la Constitución de 1978. Frente a la represión y a las grandes dificultades que presentaba la dictadura franquista para el desarrollo del bienestar social, que en los años 60’-70’ del siglo XX se consolidaba en el mundo occidental, la sociedad civil española expresó su voluntad de cambio a través de diversos mecanismos articulados tanto desde la disidencia y oposición política al franquismo en la clandestinidad, como desde la manifestación abiertamente mostrada en los movimientos sociales y canalizada a través del asociacionismo,[1] amparado en este caso por la promulgación de la Ley de Asociaciones de 1964. Normativa que, pese a las restricciones inherentes a la política opresiva del régimen franquista, sirvió de base legal para gestionar las numerosas reivindicaciones individuales y colectivas y las perspectivas de renovación política y progreso económico, social y cultural a las que aspiraba gran parte de la población española.[2]

Es difícil concretar un periodo cronológico exacto para determinar el proceso de transición política a la democracia en España, pero la promulgación de la Ley de Asociaciones de 1964 constituye un referente de inicio, en tanto en cuanto posibilitó legalizar y visibilizar la acción social que la gente (poco) corriente, como diría Hobsbawm,[3] llevó a cabo en esos años; y acotar esa etapa en 1986, genera un estudio amplio en el que, además de abarcar todo el proceso de consolidación democrática, con la complejidad política que abarcó; el desarrollo de los estatutos de autonomía regional y la entrada de España en la Unión Europea (1985); permite observar cómo evolucionó el asociacionismo desde su decisiva implicación en los movimientos sociales de los años 70’-80’, con una amplia gama de reivindicaciones en todos los ámbitos, a su institucionalización formal, al quedar integradas las asociaciones como órganos oficiales de representación en las administraciones públicas.[4] 

Desde la entrada en vigor de la citada Ley de asociaciones de 1964, y hasta 1986, se reinscribieron e inscribieron en el Registro de Asociaciones de Murcia un total de 1.984 asociaciones de carácter civil,[5] acogiendo una gran diversidad de actividades, entre las que destacaron en los años 70’, y fueron las más numerosas, las Asociaciones de Vecinos y las Asociaciones de Padres (y Madres) de Alumnos, y de las que partieron las principales reclamaciones y transformaciones sociales y políticas, sirviendo también, en ocasiones, como plataforma para la aparición de otras muchas, por el especial proceso de concienciación democrática que llevaba implícita su acción social.[6]

Con esas nuevas perspectivas y motivaciones, en unos casos, o, en otros, manteniendo viejas formas asociativas, que luego irán evolucionando, entre 1964 y 1986 se constituyeron en la Región de Murcia un buen número de asociaciones derivadas de los problemas de asistencia social, discapacidad, y salud y enfermedad. Situaciones que no estaban todavía contempladas, desarrolladas ni reguladas en políticas sociales a lo largo del franquismo y la transición a la democracia, y que fueron individuos y colectivos afectados por problemáticas de dicha índole, a través de una concienciación, primero, y luego desde actividades para visibilizar su situación, y sus acciones reivindicativas y reclamaciones políticas ante los órganos pertinentes para que fueran efectivas desde los poderes públicos, quiénes hicieron entonces, y vienen haciendo, posible la creación de mecanismos públicos y privados para lograr sus principales fines: su integración plena en la sociedad, con todos los derechos y deberes que ello lleva implícito, evitando así la marginación, discriminación, desigualdad y exclusión social –el “paternalismo” y la “caridad”, contra los que se manifestaron en aquellos años-, a los que, de otro modo, continuarían estando relegados.

1. Las asociaciones de asistencia social: la evidente necesidad de Servicios Sociales públicos.

Los fines proteccionistas, benéficos o filantrópicos de las asociaciones se remontan a las formas más remotas de agrupación colectiva, como los collegia de los antiguos romanos, los gremios, las cofradías, o, más tarde, las mutualidades o las sociedades de socorros mutuos, [7] por ejemplo, se desarrollaron en la Europa milenaria. Este tipo de finalidades de ayuda, socorro, prestación o asistencia social, se afianzó con el pensamiento ilustrado del siglo XVIII, retomando la filantropía platónica griega, y se desarrolló especialmente a lo largo del siglo XIX, incluyéndolo entre las funciones o actividades de algunos tipos de entidades asociativas privadas de carácter cultural.

En algunos casos, dependiendo de la normativa vigente y de la forma económica de su constitución, y de la mayor o menor privacidad de la institución, estas asociaciones pasarán a tomar la forma jurídica de Fundación. Cuando el proteccionismo, la asistencia y la prestación social dependa, en parte o en todo, del Estado, adoptará otras formas institucionales como la de Beneficencia,[8]  más antigua, o la más moderna de Seguridad Social, que surge a finales de siglo XIX en Alemania, tras la promulgación de la primera ley que propugnaba el seguro obligatorio de enfermedad.[9] Iniciativa que seguirá desarrollándose en parte de Europa a lo largo del siglo XX, y que propiciará el cambio del concepto de Estado caritativo, en el ámbito del proteccionismo social, al de Estado de bienestar.[10]     

Las deficiencias en la asistencia social del Estado franquista quedaron patentes en el lento desarrollo y aplicación de la legislación sociolaboral. Entre la normativa emitida durante la guerra civil por el bando sublevado, el 9 de marzo de 1938 se promulgó el Fuero de los Trabajadores, que anunciaba la protección del trabajador en materia de aseguramiento social. Sin embargo, una vez finalizada la guerra, el Nuevo Estado desarrollará la protección social en una extensa diversificación de seguros sociales, paralelamente a un peculiar sistema de previsión social complementaria y obligatoria, establecido a través del Mutualismo Laboral, que dificultaban una verdadera cobertura de prestaciones asistenciales y económicas de carácter universal, a lo que contribuía la escasez de infraestructuras sanitarias públicas.

No será hasta 1963 (28, diciembre), con la promulgación de la Ley de Bases y su posterior Texto Articulado de 21 de abril de 1966, cuando se produzca el primer intento real de sistematizar la Seguridad Social, con una continuidad y aplicación legislativa, que desarrollaría finalmente la Ley General de la Seguridad Social de 30 de mayo de 1974, y que se mantendría vigente, tras el reconocimiento constitucional de dicho derecho, hasta su nueva regulación por Real decreto legislativo 1/1994 de 20 de junio, que aprobaba el texto refundido de la citada ley sobre seguridad social.

A este lento desarrollo de la seguridad social contribuyó en buena medida el paternalismo franquista, que coincidía plenamente con el industrial y empresarial, y especialmente con el de la Iglesia católica. Con ello, el sentido caritativo de la asistencia social tomó nuevas fuerzas, más acordes con el concepto de Beneficencia decimonónico, que con los planteamientos del Estado de Bienestar.[11] No obstante, la Iglesia católica reclamaba para sí todas las competencias y privilegios en el ejercicio de la asistencia social y de la caridad, desde el punto de vista espiritual, anímico y material, atribuyendo al Estado la competencia en el orden económico y material, a través de subvenciones y concesiones infraestructurales.[12]       

Así se constataba en la publicación de los resultados de la celebración de la 19ª Semana Social de España, en Madrid, en 1959, que estuvo dedicada monográficamente al tema Caridad, Beneficencia y Asistencia Social,[13] y en la que se recogían una serie de lecciones, conferencias y comunicaciones, exponiendo los problemas relacionados con dichos conceptos, desde diversos puntos de vista, teológicos, económicos y financieros, sociales e históricos, y su aplicación en la vida real. Las cuestiones relacionadas con algún tipo de colectivo, como las constructoras y entidades benéficas de construcción, las Hermandades de Labradores y Ganaderos, o las Escuelas del Servicio Social, venían expuestas por las Hermandades de Acción Católica.[14]     

Entre 1964 y 1986, se reinscribieron e inscribieron, en el Registro provincial de Murcia, un total de 22 asociaciones (Tabla 1), cuyas finalidades revestían un carácter de asistencia social, bien a través de algún tipo de prestación social o ayuda para los propios asociados, o bien de beneficencia y atención a terceros, los “desfavorecidos” o “débiles”, según el sentido católico y franquista de pobreza.

Tabla 1. Asociaciones de asistencia social, denominación, municipio y año de constitución

            Elaboración propia a partir de la Base de Datos creada[15]

Algunas de estas asociaciones pudieron haber sido constituidas con anterioridad a la guerra civil, pero, en cualquier caso, retomarán y adoptarán diferentes tipos de denominación, así como muchos de los fines, con los que se habían identificado las asociaciones de beneficencia, privada y pública, creadas en los siglos XVIII y XIX, y por las agrupaciones seglares del Movimiento Católico de finales del XIX, que darían paso a la Acción Católica del primer cuarto del siglo XX: [16] Hospitales de Caridad, Asilos, Casas de amparo, Obras sociales de diferentes colectivos (niños, ancianos, mujeres), Sociedades de Socorros Mutuos, Cooperativas de Casas Baratas, Escuelas de Niños, Economatos, Círculos de Estudio, Cajas de ahorro, etc.[17]   

Así se observa en las asociaciones constituidas con anterioridad a 1964, tanto en su denominación como en los fines que se recogen en sus estatutos, como los de la Agrupación Benéfica Ferroviaria (Murcia, 1950), según los cuales eran el “socorro mutuo de sus asociados, en caso de enfermedad”, [18] iguales a los de la Sociedad de Socorros para el Personal del Depósito de Murcia (Murcia, 1958) y los de la Sociedad de Socorros Mutuos Hijos del Hondón (Cartagena, 1960) [19] mientras los fines de la Asociación Hospital Minero de La Unión (La Unión, 1956), eran los de asistencia, curación y hospitalización de heridos, lesionados y enfermos.

Al parecer, la Asociación Mutual Médico Titular del Partido de Cartagena (Cartagena, 1961), cuyos fines eran también de asistencia social, había estado funcionando al menos hasta la fecha de solicitar la reinscripción, pero le fue denegada la misma porque la asociación había sido cancelada en el Registro Provincial de Asociaciones, por no haber presentado la documentación requerida para volver a registrarla dentro del plazo señalado, conforme disponía el decreto de 1941.

Con posterioridad a la promulgación de la Ley de Asociaciones de 1964, se registran asociaciones de carácter claramente benéfico, como la Hospitalidad de Santa Teresa del Barrio de San Antonio Abad de Cartagena (Cartagena, 1966), cuyos fines eran conceder asilo a quien no tuviera domicilio propio; a quienes fueran conducidos por la autoridad; o a quienes dispusiera la Junta directiva -y, en su representación, el presidente de la asociación-. Facilitarles cama y ropa necesaria; poner a disposición de los auxiliados agua, jabón, etc., para su aseo personal, y conceder desayunos calientes a los acogidos, así como cuantas mejoras pudieran implantarse, según la situación económica de la Asociación, y fueran acordadas por la Asamblea General, siempre que redundaran en beneficio de los asilados.

Los fines de la Asociación Civil Benéfica Santiago Apóstol del Barrio de Santa Lucía (Cartagena, 1966), eran los de:

             “Atender a la instrucción, enseñanza y educación en todos sus aspectos y fases de la infancia, a la promoción, desarrollo y mantenimiento de obras benéficas y sociales, a la asistencia a enfermos y la visita y socorro a hogares de familias necesitadas, al sostenimiento de guarderías infantiles, así como a toda actividad que directa o indirectamente tenga relación con los expresados objetivos.”

Sin embargo, las finalidades de la Asociación El Lazarillo de Cartagena (Cartagena, 1969), incluían una mayor diversidad de objetivos, que iban desde la construcción de viviendas a la de escuelas, incluso para niños con deficiencias, o la creación de premios, y el desarrollo de actividades sociales y culturales. Según se detallaba en los estatutos, sus fines eran los de:

             “a) La construcción de viviendas a favor de personas necesitadas, preferentemente en régimen de protección oficial de cualquiera de los tipos establecidos o que se establezcan y principalmente del denominado “tipo Social”.

             b) La creación, en colaboración con los Organismos públicos, de escuelas para atender a las necesidades docentes de los beneficiarios de los grupos de viviendas que construya la Asociación.

             c) Cuantas actividades estén encaminadas al mejoramiento de las condiciones de vida de sus beneficiarios en los aspectos espiritual, familiar, social y económico.

             d) La Habilitación de ayudas, en colaboración con los Organismos públicos y demás entidades constituidas al respecto, para la promoción de escuelas y talleres - escuela para niños subnormales y sostenimiento de las ya creadas.

             e) La creación de premios a favor de los aprendices, que estimulen y dignifiquen el trabajo manual y contribuyan a su reconocimiento en todas las estructuras sociales.

             f) La promoción de cuantas actividades puedan contribuir al desarrollo social y cultural de Cartagena y su término municipal.”

En los años 70’, y en plena transición a la democracia, se constituyen dos asociaciones benéficas. Una destinada a los ancianos: la asociación del Hospital Residencia de Ancianos San Francisco (Águilas, 1977), que fue inscrita con arreglo a la normativa prevista en la legislación de 1964, pese a que en sus fines se observa una serie de condiciones de contraprestación económica, que no parecen corresponder al ámbito de aplicación de la ley del 64, ya que, según expresaban, se trataba de prestar “servicios de sanatorio a cuantas personas lo deseen, mediante contraprestación con arreglo a las tarifas en vigor en cada momento”, si bien exceptuaba del pago a las personas “carentes de medios económicos”; y matizaba que los servicios de residencia se prestarían “a los ancianos naturales o residentes en Águilas”, y cuya “situación familiar o económica” así lo aconsejara. Y la otra, constituida a finales de la década, y destinada a otro colectivo: el de los niños abandonados, denominada Asociación de Chavales (Murcia, 1979). Según se establecía en sus estatutos, los fines de esta asociación eran los de:

                         “1. Recoger a los niños que se encuentran abandonados por padres, tutores, etc.

             2. Proporcionarles, mediante su inserción en un piso con los educadores adecuados, un ambiente familiar y afectivo donde el niño encuentre las condiciones idóneas para el armónico desarrollo de su personalidad.

             3. Orientarles, según sus cualidades y preferencias, hacia aquellas profesiones o trabajos que les permitan en el momento oportuno independizarse.

             4. En el caso en los que se vea posible y conveniente para el niño el retorno a su familia, debido a que las causas de abandono hayan sido superadas, o debido a un tratamiento adecuado, se reintegrarán estos niños a sus familias respectivas.

             5. En los casos en que se vea conveniente para el niño su inserción en una familia dispuesta a acogerle y educarle, se llevará a cabo siempre de acuerdo con el Tribunal Tutelar de Menores y con los que las leyes establezcan a este respecto.”

En la década de los 80’, las asociaciones de asistencia social no varían mucho, ni en las finalidades que impulsan su constitución, ni en los fines y, en algunos casos, tampoco en el tipo de denominación. No obstante, la Asociación Nacional Benéfico Cultural de Miembros de la Flor de Lys (Murcia, 1981), [20] planteada con ámbito nacional, enfocaba sus actuaciones en un plano más cultural que de asistencia directa, eximiéndola de todo carácter político. Según afirmaba en sus estatutos, sus fines eran:

             “Ayudar a aquellas personas físicas que, por sus circunstancias, necesiten el apoyo material o moral de los miembros de la asociación.- Promover cuantas actividades sean necesarias para la realización de los fines culturales y benéficos de la asociación, como asambleas, cursos, conferencias, reuniones o ayudas económicas.- Aportar cuantas iniciativas y colaboraciones sean de interés para la asociación.- Cualquier otra actividad lícita que pueda facilitar y colaborar con los fines anteriores. Esta asociación es de carácter apolítico, democrático y sin distinción de credos.”

Con un sentido cultural similar se constituirá la Asociación Socio-Cultural Taller de la Ciudad de Alcantarilla (Alcantarilla, 1982), que contemplará entre sus fines “el desarrollo socio-cultural en todos los sectores populares y marginados”, promocionando todo tipo de actividades de formación.

Un sentido diferente planteaban los fines de la Asociación Yeclana de Pronto Auxilio (Yecla, 1982), que establecía la “formación de una familia moral” entre sus asociados, a fin de “socorrer a las personas necesitadas”, prestándoles servicios gratuitos, o los de la Asociación Pro-Residencia de Ancianos Carlos Soriano (Molina de Segura, 1982), que estaban enfocados a la promoción de actos culturales, folklóricos, artísticos, viajes, etc., a fin de recaudar fondos para la construcción y mantenimiento de la residencia de ancianos, y cubrir sus necesidades.

La Asociación de Servicios El Trabajo de El Palmar (Murcia, 1983), tendrá un carácter más similar al de las sociedades de socorros mutuos, ya que sus fines eran esencialmente la prestación del servicio de comedor, y todo tipo de servicios y actividades de mejora de las condiciones sociales, laborales y económicas de los asociados.

Con carácter benéfico y de atención o asistencia social a terceros, se constituyen la Asociación de Ayuda al Necesitado Casa del Salvador (Cartagena, 1983), cuyos fines eran los de atender los problemas de toda persona necesitada, y recaudar fondos para paliarlos; la Asociación Pro-Bien de Barranda (Caravaca, 1984), cuya finalidad era conseguir “cualquier bien en el plano material, económico o social” que redundara “en pro de la colectividad o de cualquier individuo en particular”; y la Asociación de Encuentros de Murcia (Murcia, 1985), cuyos objetivos primordiales eran la “lucha contra la pobreza y la miseria, la explotación, la marginación en todos los órdenes, la mendicidad, la defensa de los derechos humanos y los derechos del niño.”

En 1985 se constituyen dos asociaciones de asistencia social. Una de socorros mutuos: la Sociedad de Socorros Mutuos la Unión Obrera de Lorca (Lorca, 1985), que ya había tenido una homónima, inscrita en Cartagena a fines del siglo XIX,[21]  cuyos fines eran los de: “Favorecer y estimular el espíritu de fraternidad, solidaridad y convivencia de sus asociados; ser el centro instructivo de enseñanzas útiles, mediante actividades socio-culturales y establecer los socorros previstos en los estatutos”; y otra de asistencia a terceros: la asociación El Rastro de Alcantarilla (Alcantarilla, 1985), que tenía como finalidad “mejorar el nivel de vida de los sectores más marginados de la sociedad”.

Otra dos asociaciones de este tipo se constituyen en 1986, ambas con los mismos objetivos y denominación, abarcando los dos principales ámbitos territoriales de la provincia: la Asociación Cultural Pinatar de Murcia (Murcia, 1986) y la Asociación Cultural El Llano de Cartagena (Cartagena, 1986), cuyos objetivos eran la prestación de servicios de asistencia social y protección “a la infancia y a la juventud”, así como su formación en todos los aspectos.

Con la promulgación de la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, este tipo de asociaciones quedaron agrupadas en el Registro de Asociaciones de la CARM en dos apartados: uno, bajo la denominación “Voluntariado social”, que recogía el tipo de asociaciones desarrollado conforme a los nuevos enfoques de asociaciones privadas de ayuda y colaboración humanitaria nacional e internacional, conocidas hoy como Organizaciones No Gubernamentales (ONGs). Estas asociaciones variaban el sentido de los valores impulsando su constitución con un cambio en los conceptos de Beneficencia y Asistencia social por los de Solidaridad y Paz. En el otro apartado se agrupaban las asociaciones que, bajo la denominación de “Benéficas”, conservaban todavía el sentido caritativo de la acción social; dado el lento desarrollo del proceso de “aprobación de las Leyes Autonómicas de Servicios Sociales (entre 1982 y 1993) cuando quede articulado el sistema intentando superar una visión “residual” de la Asistencia Social, por una integral y universalista de los Servicios Sociales”, cuyo avance significativo no llegará hasta finales de 2006 con la aprobación de la llamada “Ley de Dependencia”, entendida como “el cuarto pilar del Estado del Bienestar.” [22]

2. Las asociaciones de discapacitados: la reivindicación de los derechos a la a la igualdad y a la integración social.

Las incapacidades físicas y mentales, o las diferencias genéticas, que afectan a los seres humanos han tenido desigual consideración social a lo largo de la historia. En un primer momento, el desconocimiento científico o médico sobre su origen y tratamiento desarrolló todo tipo de tabúes, prejuicios y mitos en torno a las afecciones congénitas, que llevaban normalmente al abandono, a la marginación y a la discriminación de quiénes las sufrían, y todavía persisten en algunas comunidades y culturas. Poco más tarde, los integrismos religiosos revitalizarían este tipo de actitudes, asimilando al disminuido físico o psíquico a la pobreza, a la que realmente solía verse abocado por esa misma condición, convirtiéndolo en objeto apropiado para la práctica de la caridad que exigía la iglesia en el logro de redenciones o expiaciones de pecados, como también para la  burla y el escarnio; o, en otros casos, se tachaba su existencia en la familia de castigo divino para unos progenitores, supuestamente pecadores, que merecían semejante escarmiento.

Las corrientes del pensamiento ilustrado, humanista y científico sobre educación, y la filantropía y el altruismo románticos, reconsideraron este tipo de concepciones, desarrollando teorías, métodos y técnicas de educación especial, como los de los franceses Jean-Marc Gaspard Itard (1774-1838), con su experimentación científica y sus hipótesis sobre la educación del niño salvaje; Édouard Séguin (1812-1880); Louis Braille (1809-1852) y su desarrollo del sistema de lectura y escritura para ciegos, o los ejemplos de la norteamericana Anne Sullivan (1866-1936) y Helen Keller (1880-1968), cuyas biografías darían la vuelta al mundo a mediados del siglo XX, como modelos de superación de las limitaciones humanas, conocidos a través de los textos biográficos, y versiones teatrales y cinematográficas que se hicieron en esos años.

En España, los asilos y manicomios de beneficencia pública, y los centros similares de algunas fundaciones o instituciones de asistencia social privadas, normalmente pertenecientes a la Iglesia católica, fueron, a lo largo del siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX, el destino final de las personas afectadas por alguna discapacidad, ya fuera congénita o adquirida, física o mental. En dichos lugares, las prestaciones y atenciones que solían recibir se limitaban únicamente a la subsistencia, sin que apenas pudiera existir cualquier posibilidad de potenciar sus capacidades físicas y mentales mínimas, entre otras razones, debido al escaso desarrollo de la medicina fisiológica y a la inexistencia de un sistema educativo general, y menos todavía de integración o adaptación para discapacitados, porque la aplicación instructiva era impensable para aquellos colectivos necesitados de una educación especial.

Salvo el conjunto de afectados por la ceguera, que, al menos desde 1938, había logrado reunir a las diversas asociaciones de ciegos existentes en España, como el Sindicat de Cecs de Catalunya y La Hispalense de Sevilla, entre otras, para formar la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE), a través de la cual podrán llevarse a cabo ciertas innovaciones en la educación, el tratamiento y la asistencia de los ciegos, la situación de despreocupación estatal e institucional por las discapacidades y sus necesidades educativas, económicas y sociales, se mantendrá hasta la década de los 60’, en la que parecen empezar a implicarse los organismos oficiales, desde diferentes instancias, aunque de una manera superficial y propagandística.[23]

La primera discapacidad que se va a afrontar desde el asociacionismo de los años 60’, en Murcia, será la de los padres de niños afectados por el Síndrome de Down – conocidos durante mucho tiempo bajo la acepción “subnormal”[24]-, y, poco después, las de afectados por la sordera. A partir de los años 70’, las motivaciones para asociarse se ampliarán a todo tipo de discapacidades físicas y psíquicas, para lograr, por una parte, centros de educación, una formación laboral adecuada para desarrollarse e integrarse en la sociedad, y, por otra, el reconocimiento estatal e institucional como colectivo, y, en consecuencia, la aplicación de unos determinados derechos que les faciliten la completa adaptación e integración social.

Entre 1964 y 1986, en la región de Murcia, se constituirán un total de 35 asociaciones, cuyos objetivos eran la atención a los discapacitados físicos y psíquicos (Tabla 2), diez entre 1964 y 1979 y veinticinco entre 1980 a 1986. La distribución municipal será variada, pero pequeña, sólo doce municipios contarán con alguna asociación de este tipo, en la que destacan las doce asociaciones en Murcia, y las ocho de Cartagena.

Posiblemente, y se ha constatado en algunos casos, existían muchas más, pero, o bien estaban supeditadas a alguna de las entidades sustentadas por la Iglesia católica, o bien tenían un ámbito nacional, por lo que no estaban inscritas en el Registro de Asociaciones provincial, sino en el nacional.

Tabla 2. Asociaciones de discapacitados, denominación, municipio y año de inscripción en el Registro.

            Elaboración propia a partir de la Base de Datos creada.

Con la celebración del I Congreso de la Familia Española, realizado en Madrid en 1959, se consolidará en España la Confederación Nacional de Padres de Familia, que, como filial de Acción Católica, irá promoviendo la constitución en cada diócesis de la correspondiente Asociación Católica de Padres de Familia, adscritas a Conferencia Episcopal Española, así como a la Delegación Nacional de Asociaciones del Movimiento,[25] al objeto de servir de enlace entre la familia católica y el gobierno, y como cauce para el desarrollo de iniciativas, o para expresar las quejas correspondientes, en orden a todos los aspectos de la enseñanza. De ello daba cuenta la prensa murciana al hacer pública la constitución de dicha asociación en Murcia, en octubre de 1960, cuyo ámbito de actuación abarcaba todo el territorio comprendido por la diócesis. Sus objetivos fundamentales eran:

         “Cumplir con los postulados que sobre la educación de los hijos contiene la doctrina de la Iglesia, formar las conciencias para el mejor cumplimiento de los deberes del padre, creando un ambiente cristiano del hogar en colaboración con los educadores y párrocos y contribuir a la moralización de los ambientes en que se mueven los niños y los jóvenes, especialmente en los centros educativos, de trabajo, deportes, espectáculos, publicaciones, etc.”[26]        

Desde que se inicia el movimiento asociativo familiar de Acción Católica en estos años 60’, coincidiendo con la afluencia opusdeista en el Estado y en el gobierno, se van a afrontar algunas cuestiones sociales desde otras perspectivas, y especialmente la de la educación, más cercanas a unas valoraciones científico-sociales, a lo que va a contribuir la propia Acción Católica, así como la Comisión Episcopal de Caridad y Asistencia Social de la Iglesia católica, a través de su institución creada para canalizar las obras de beneficencia: Cáritas Nacional Española, y la posterior creación, en 1965, de la Fundación para el Fomento de Estudios Sociales y Sociología Avanzada (FOESSA), promoviendo estudios, reuniones, conferencias o jornadas, avaladas por sacerdotes y especialistas en los temas de educación y salud.[27]         

En todo caso, el fin último de estos estudios era llevar a cabo un amplio análisis social que proporcionara la búsqueda de soluciones a los grandes y profundos cambios que estaba experimentando la sociedad española, a fin de mantener indisoluble el concepto de unidad familiar como base social, y los fundamentos católicos que lo sustentaban,[28] además de no perder el control, e incluso ampliarlo, sobre los mecanismos educativos que, hasta ese momento, había poseído. En este sentido, coincidía con las prioridades franquistas, que habían desplazado cada vez más a Falange en la pugna por la educación. Por otra parte, había también un intento de amoldarse a algunas de las nuevas tendencias del catolicismo europeo, más acordes con el Concilio Vaticano II.

Por ello, como probablemente ocurría en otras provincias, se celebraron en Murcia, en enero de 1964, las Jornadas Técnicas de estudio sobre niños subnormales, a las que asistieron médicos, psiquiatras, psicólogos, pedagogos y padres de familia. Según manifestaban en sus exposiciones, se constataba que había alrededor de un millón y medio de familias españolas que, según afirmaba el periódico, llevaban “esta cruz” -es decir, se veían afectados por la existencia de alguna deficiencia en algún miembro de la familia-, siendo la mayor dificultad la “penuria de centros escolares especializados”, que eran prácticamente inexistentes en el marco educativo de la Administración franquista, por lo que no contaban con vacantes, y en los casos de los centros privados, además de ser igualmente escasos y estar completos, no concedían ningún tipo de becas, ayuda o subvención, por lo que eran inaccesibles a familias de economías mínimas o medias; sólo Madrid disponía de algunos centros, pero la mayoría de las provincias, a excepción de Valencia, Barcelona, Bilbao o San Sebastián estaban “desiertas” en ese sentido. No obstante, el periódico afirmaba que, finalmente, gobierno, instituciones, especialistas y padres habían afrontado el problema. [29]     

El estudio realizado por Cáritas Española confirmaba dicha situación. En su balance de las fundaciones y centros de beneficencia y asistencia social existentes en España, no aparecía ninguna que se dedicara concretamente a niños o personas discapacitadas. Posiblemente pudieran ser atendidos en aquellas instituciones destinadas a los pobres, y entre ellas, en las referidas a los “impedidos”, de las que sólo había 14 para todo el país; 9 de ellas en la capital, ninguna en Murcia. Tampoco existía fundación alguna destinada a afectados de alguna enfermedad concreta, aunque sí un total de 564 hospitales, de los que no existía ninguno en Murcia. Y en lo que se refería a las fundaciones destinadas a la educación, sólo había 43 Escuelas especiales, sin que se especificara a qué tipo de alumnos atendían, de las cuales siete se encontraban en Madrid, mientras Murcia no contaba con ninguna en este caso.[30]

Frente a estas circunstancias, y tras la realización de dichas Jornadas, se había llegado a la conclusión de la necesidad de crear la Asociación de Padres y Protectores de Subnormales de Murcia (Murcia, 1964), que, en colaboración con el Patronato de Educación Especial, iba a hacer frente al problema, [31] fomentando la asistencia, la recuperación, la enseñanza y la tutela protectora de los “subnormales”, según se afirmaba en sus estatutos, sin embargo, el periódico era más explicito, al menos en la exposición de objetivos. Según la prensa, en Murcia existían alrededor de 3.500 familias aquejadas por la discapacidad infantil, y para poder llevar a cabo la constitución de dicha asociación, dos padres de niños afectados, y el delegado provincial de Asociaciones, Juan José Rojo, se reunían con el gobernador civil, Antonio L. Soler Bans, ante el que iban a exponer “la actuación inmediata de una proyectada Asociación de padres y protectores de subnormales”, que, según sus declaraciones, buscaba “la unión de ellos mismos y la comprensión ajena. Postulan la caridad. Quieren darse –no dar- a sus propios hijos, de acuerdo con las directrices pedagógicas y clínicas que sobre subnormales están a la orden del día en otros países”. Sus objetivos eran:

             “Confección de un censo provincial de subnormales, la orientación a padres y tutores a través de charlas y reuniones; fundación de una escuela de padres; acción cultural y científica; recabar la protección económico-social del Estado, provincia y municipio; promoción de centros con personal idóneo; médicos internistas, psiquiatras, maestros de taller y, en definitiva, crear ambiente propicio que repercuta en ayudas de diversas procedencias.”[32]    

Con similares fines, se constituía otra asociación en Cartagena, cuatro años más tarde, aunque englobaba todo tipo de “deficiencias” en los niños, relacionándolas con la “inadaptación”. Según los estatutos de la Asociación Tutelar del Niño Inadaptado de Cartagena (Cartagena, 1968), sus fines eran llegar a conocer la situación de los “niños deficientes”, estimular y coordinar su vigilancia y protección, y crear un centro de rehabilitación y adaptación donde estuvieran sometidos a una educación especial, tanto sensorial como psicopedagógica y social.

Hasta 1973 no aparece otra asociación de este tipo, se trata de la Asociación de Sordomudos de Murcia (Murcia, 1973), cuyos fines incluirán también actividades culturales y de ocio, pues trataban de promover la integración social a través del “mejoramiento moral, social, cultural, formativo, y de ayuda y gestión, de las necesidades cívicas y profesionales de los sordos”.

En la segunda mitad de la década de 1970, las asociaciones de discapacitados tendrán unos objetivos mucho más amplios: por una parte, asumirán una serie de finalidades encaminadas al logro de infraestructuras, como la creación de granjas, residencias, talleres, o colegios dedicados a la asistencia y tratamiento médico y pedagógico, por otra, unos fines destinados a la promoción de estudios, investigaciones y trabajos prácticos para el conocimiento y tratamiento de las distintas minusvalías, en los diversos campos científicos y sociales, y, por otra, el fomento y desarrollo de las diversas actividades sociales, como las culturales, recreativas y deportivas. En ese sentido se constituirán la Asociación en Mula para Ayuda al Deficiente AMADE de Mula (Mula, 1978) o la Asociación de Padres de Niños con problemas de audición y lenguaje de la provincia de Murcia (Murcia, 1979), por ejemplo.

Sin embargo, van a aparecer otras asociaciones que, además de todos esos fines, incluirán, y constituirá su principal objetivo, la “defensa de los derechos” de los afectados por cualquier tipo de minusvalía psíquica o física, como la Asociación Familiar Comarcal de Padres y Protectores de Subnormales ASCOPAS de Cieza (Cieza, 1978) o la Fraternidad Cristiana de Enfermos y Minusválidos de Murcia (Murcia, 1979), la cual, como le ocurría a otras asociaciones, la inscripción oficial en el Registro de Asociaciones se hacía mucho después de que se hubiese constituido –en 1975-, e iniciado las actividades. De echo, esta asociación (que utilizará el anagrama FRATER) promovió una intensa actividad reivindicativa en el último trimestre de 1977, coincidiendo con algunos de los momentos de profusión de movimientos sociales en la transición.

En noviembre de dicho año, la asociación había convocado una manifestación de los minusválidos de Murcia, obteniendo el permiso gubernativo para su celebración, a fin de pedir a la Diputación Provincial el cumplimiento de las promesas que había hecho respecto a la recuperación y restauración de un antiguo edificio, adscrito a las instituciones municipales y provinciales, en el que se había proyectado habilitar unas instalaciones apropiadas para residencia y rehabilitación e integración social de los discapacitados, tanto en la atención médica y psicológica, como en la formación educativa y laboral, y en la creación de espacios de sociabilidad para el desarrollo del ocio y las relaciones sociales. Sin embargo, habían pasado más de dos años y medio, y no se había iniciado ninguna de las acciones a las que se había comprometido la Diputación con la propia asociación y con el Servicio de Rehabilitación de Minusválidos (SEREM), organismo oficial vinculado al ministerio de Trabajo, ni tan siquiera la realización del proyecto arquitectónico de restauración del edificio.

A petición del presidente de la Diputación, Portillo Guillamón, la presidenta y vicepresidenta de la asociación, Josefa Urrea y Encarnación Sánchez, respectivamente, se entrevistaron con él tres días antes de la celebración de la manifestación, prevista para el día 26 de noviembre de 1977. Su pretensión era convencer a las organizadoras responsables de dicha protesta, para que la desconvocaran y aplazaran. Según la prensa, el presidente de la Diputación les había dicho: “No es el momento oportuno para llevar a cabo lo que piden, al parecer porque la corporación municipal no está suficientemente ‘mentalizada’ para llevar a cabo la adaptación de la residencia para minusválidos que se pide en el complejo de Espinardo, y por los problemas económicos.”

Los organizadores se negaron rotundamente a desconvocar la manifestación, haciendo constar que no podían entender la excusa económica, cuando se habían solucionado, por ejemplo, y en cuestión de pocas semanas, “otros asuntos deportivos”, que también requerían gastos económicos. Para ellas, la manifestación estaba en todo caso claramente justificada porque, según afirmaban: “tenemos que hacer ver a la sociedad que existimos y que tenemos problemas”.[33]        

En efecto, la protesta se llevó a cabo el día de su convocatoria, el 26 de junio, aunque no sin incidentes. Según exponía la prensa, los organizadores habían solicitado que la manifestación discurriera por la acera, a lo que los manifestantes se negaron, y trataron de invadir la calzada; pero el acceso a la misma les fue denegado por la policía municipal, lo que provocó distintos enfrentamientos de los manifestantes con la propia organización y los municipales. La policía hubo de presentarles el escrito de autorización, en el que se confirmaba la limitación del recorrido de la marcha por las aceras, suscitando la recriminación de afectados y acompañantes a los organizadores, reclamando igualdad respecto a otros manifestantes. Precisamente, lo lemas de las pancartas decían: “No queremos privilegios, queremos igualdad de condiciones”, “No queremos limosna, pedimos justicia”, o “Queremos hechos, no promesas”, entre otros.

Por su parte, el Sr. Portillo, no apareció hasta bien avanzada la protesta frente al edificio de la Diputación, por encontrarse celebrando un acto oficial en el Hospital Provincial en conmemoración de la Virgen de la Milagrosa, patrona de dicho centro sanitario. Tras varias increpaciones de los manifestantes, y, según la postura paternalista con la que la prensa mostraba la actitud del presidente, éste accedió a recibir a una representación de los minusválidos en su despacho, a los que comunicó que existían muchos problemas a causa de la reestructuración de los ministerios y los organismos oficiales, pero que tenía un gran interés en solucionar el problema para que se llevara a cabo el proyecto de residencia para los minusválidos, y prometía nuevamente su construcción, resaltando que: “Nos critican por el mal estado de algunas carreteras, pero lo hacen quienes van en coche. Los minusválidos están antes. Por eso yo digo que la residencia se hará, pero hay que dar tiempo al tiempo”,[34] y que, una vez realizado el proyecto, según él, correspondería a la diputación, a los minusválidos, a los partidos políticos y a toda la sociedad, presionar para que Sanidad y Trabajo se hicieran cargo de la financiación de la residencia.

Para lograr esa “presión”, necesaria para afrontar socialmente todo este tipo de cuestiones, parece que debía pasar primero, en esta coyuntura de los años 70’, por la promoción de unas campañas denominadas “de mentalización”, unas veces realizadas por organismos oficiales, los partidos políticos, o las propias asociaciones, y, en otras ocasiones, por coordinadoras que aunaban a algunos o todos estos sectores.

Así, la “Semana de mentalización de minusválido”, se celebraba en Murcia en abril de 1978, organizada por una coordinadora en la que se implicaban los organismos y entidades oficiales, los partidos políticos y las asociaciones. La primera conferencia corrió a cargo de la doctora Elvira Ramos y el jurista Jesús Rentero, que hablaron sobre sanidad y rehabilitación, y seguridad social y prestaciones, respectivamente.[35]      

La semana se cerró con un partido de baloncesto del equipo de la Federación de Deportes de Minusválidos de Elche, y una manifestación por las principales calles de la capital, para reivindicar una enseñanza especializada, sanidad y prevención, y adecuación de los transportes. Y se acordó el proyecto de constitución de la Federación de Asociaciones de Minusválidos, a fin de ejercer mayor presión política y social, a través de una entidad que tuviera personalidad jurídica propia. [36]      

Pocos meses más tarde de la anterior campaña, la Asociación para Ayuda al Deficiente AMADE de Mula, organizaba otra, esta relacionada con la “concienciación sobre la subnormalidad”, programando a lo largo de diez días la celebración de 49 charlas en veinte pueblos distintos, impartiéndose las primeras en Mula y Caravaca, en noviembre de 1978.[37]    

En este momento, parece que las asociaciones protectoras de niños afectados por el Síndrome de Down están desvinculadas definitivamente de las minusvalías generales. Éstas tenían su propia Federación Española de Asociaciones Protectoras de Subnormales, de ámbito nacional -ASPRAPOS en el ámbito provincial-, adscritas a Acción Católica en el momento de su creación.

Según puso de manifiesto en su asamblea general, celebrada en abril de 1978, la referida Federación agrupaba a unas 50.000 familias en todo el país, que seguían teniendo los mismo problemas escolares, laborales, asistenciales, etc., con los niños con Síndrome de Down, ya que los centros existentes no alcanzaban a cubrir el 25% de las necesidades reales, y, al igual que los demás colectivos, acordaban pedir ayuda al gobierno, partidos y sindicatos, y a recabar el apoyo de los profesionales en dicho ámbito;[38] cuestiones que volvieron a reiterarse en Murcia, donde se celebró, en noviembre de ese mismo año, la VII Reunión de Asociaciones Protectoras de Subnormales. [39]      

Por su parte, pese a que en noviembre de 1978 se constituye, finalmente, el movimiento unitario de minusválidos, que continúa con su actividad reivindicativa,[40] en el último trimestre de 1979, los problemas seguían sin resolverse, por lo que se convocan nuevas manifestaciones; la primera en Cartagena, en septiembre, y la segunda en noviembre, en la capital, coincidiendo con otras dos manifestaciones, una de los trabajadores de la conserva y otra de los maestros.

Los minusválidos volvían a reivindicar sus derechos bajo el lema: “Ni paternalismo ni caridad”, pues el mes anterior habían tenido que ser desalojados del centro de minusválidos de Churra, a causa de un sinnúmero de grietas en las paredes del edificio que se les había asignado, dado que no llegó a hacerse realidad el proyecto de rehabilitación del edificio de Espinardo, tan reiteradamente solicitado años antes.[41]     

No obstante, el Centro asignado a la asociación ASPRAPOS, de atención a los niños afectados de Síndrome de Down, ubicado en el municipio de Molina de Segura, contaba con un presupuesto anual oficial de 40 millones de pesetas, según afirmaba la prensa con motivo de la visita a dicho centro de la esposa del gobernador civil, en octubre de 1980,[42] mientras, dos años más tarde, las demás asociaciones protectoras que atendían igualmente los problemas de los niños deficientes, como APNA, AMADE, ASCRUZ, ASTRAPACE, ASIDO, AIDEMAR, ASPRODES, ASTUS y la Fundación Andrés Martínez Cánovas, que acogían en sus centros a más de 1.400 personas con deficiencias, se unirán para hacer público un comunicado, elaborado con motivo de la celebración del “Día del Subnormal”, para denunciar ante los organismos competentes: INSERSO, FNTP, delegaciones de Cultura y Educación, consejería de Trabajo y Servicios Sociales y consejería de Sanidad, el lamentable estado de las referidas asociaciones, según el cual se encontraban “al borde del caos”, y, en consecuencia, ante un posible cierre de sus respectivos centros, a causa de la pésima gestión por parte de dichos organismos y la ambigüedad, y consiguiente arbitrariedad, de la normativa emitida en cuanto a subvenciones. En el comunicado, las asociaciones exponían que, hasta esa fecha:

             “[Habían] hecho frente a las más elementales necesidades de asistencia ya tención a este colectivo de marginados, supliendo funciones que en justicia corresponden a la Administración. [...]. Que las manifestaciones de los poderes públicos en los medios de comunicación, han hecho creer que la Administración está dispuesta a solucionar los problemas de la atención a los deficientes; y que la realidad, de mantenerse la situación actual, es que nada de lo prometido está cumplido. [...] Se ha recurrido a todos los organismos implicados, solicitando incluso del gobernador civil la coordinación de todos ellos, a fin de clarificar la situación, máxime cuando no quedan más que 30 días hasta la finalización del plazo de presentación de las solicitudes de subvenciones; no hemos conseguido resultados hasta la fecha. [Finalmente, las asociaciones pedían] la aportación de soluciones concretas e inmediatas de todos los organismos implicados en los problemas de los disminuidos psíquicos, antes de vernos obligados a adoptar medidas de movilización y presión social.”[43]      

Es, precisamente, en este contexto en el que se crean en Murcia el mayor número de asociaciones de discapacitados. Sólo en 1980 se inscribieron un total de seis asociaciones, y entre ese año y 1986 se crearán, e inscribirán en el Registro, un total de 25, lo que supone cerca del 74% de asociaciones de discapacitados en el periodo estudiado. Entidades como la Asociación de Familias Pro-Enfermos Psíquicos AFES de Murcia (Murcia, 1980), y la Asociación para la promoción y defensa de los Derechos de los Minusválidos Físicos de Totana (Totana, 1980), o la Asociación de Minusválidos Físicos de Lorca (Lorca, 1981) y la Asociación de Disminuidos Físicos de Cieza (Cieza, 1986), expondrán sus fines en el mismo sentido:

         “Impulsar y promover la toma de conciencia por parte de la sociedad, organismos e instituciones, y en especial por la de aquellos cuyos fines tengan relación con las necesidades de los minusválidos físicos, tanto desde el punto de vista médico- sanitario, como social, educativo y profesional, fomentando las acciones y medidas procedentes para su más adecuado tratamiento.”

Además de estos objetivos, el resto de asociaciones de discapacitados con un determinada condición física y/o psíquica, recogerán también entre sus fines los del estudio científico para el tratamiento y mejora de la anomalía concreta, así como la creación de marcos de sociabilidad para el desarrollo personal de los afectados.

Ciertamente, a lo largo de las últimas décadas, las asociaciones de discapacitados han logrado muchos de sus objetivos, no obstante, la ONU no había llegado a adoptar verdaderas medidas respecto a estas situaciones y a los colectivos afectados hasta la Convención adoptada el 13 de diciembre de 2006, sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España firmó y ratificó el 3 de mayo de 2008, aunque su desarrollo legislativo no será efectivo hasta la Ley 26/2011, de 1-agosto, de Adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y su desarrollo normativo en el Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29-noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.[44]

3. La salud y la enfermedad: hacía la concienciación de la prevención.

Las milenarias preocupaciones sociales por la salud y la enfermedad encontraron en el proteccionismo eclesiástico, y en los estados paternalistas, el mejor objetivo para obedecer a las imposiciones morales sobre el ejercicio de la caridad, con posibilidad de obtener la sumisión como respuesta. Gran número de asociaciones se inspirarán en esos principios. La salud, así entendida, hacía alusión a la enfermedad como síntoma de “debilidad” y “pobreza”, que la sociedad burguesa decimonónica encauzó en diferentes formas proteccionistas, que perdurarían en España a lo largo del franquismo. Sólo a partir de la transición y consolidación democráticas, y los cambios sociales, políticos y jurídicos que llevaron consigo en todo el ámbito internacional, evolucionarán los conceptos de salud o enfermedad, y con arreglo a ellos, las diferentes formas asociativas.

Uno de los principios básicos que fundamentaron el desarrollo del Estado de bienestar fue el de la preservación de la salud, garantizada por una adecuada política estatal de sanidad y seguridad social. Una política que fue realmente deficitaria a lo largo de todo el franquismo: tanta fue la lentitud en desarrollar y establecer las normas como en aplicarlas.

En agosto de 1967, el jefe accidental de Sanidad de Murcia, José Luis Villamarín Sánchez declaraba en la prensa que la provincia gozaba de “una excelente salud”. Según se apreciaba:

            “El índice de salubridad de Murcia y su provincia es cada vez más optimista. Las medidas sanitarias adoptadas a escala nacional están dando resultados plenamente satisfactorios. Las enfermedades de tipo infeccioso van desapareciendo de la geografía española al saludable soplo de la Dirección General de Sanidad. Los españoles de hoy somos más sanos que los de hace unos años, vivimos más.”

Los factores que habían hecho esto posible eran el nivel de vida, la alimentación, la mejor medicación, y, sobre todo, la vacunación, aunque seguían persistiendo enfermedades infecciosas como la tuberculosis o la fiebre de Malta (brucelosis), provocada por la falta de condiciones higiénicas en el ordeño, estabulación y consumo de la leche, aunque, según el referido jefe de Sanidad, la situación estaba controlada por las autoridades sanitarias, sin que existiera ya peligro alguno. Además, afirmaba que otros problemas que se habían producido el año anterior eran un brote de sarampión en Yecla, y las afecciones gastrointestinales, provocadas por algunos productos, “pasteles sobre todo” que se encontraban contaminados con estafilococos “debido al prolongado tiempo que va desde su fabricación al momento de su consumo […] Pero este peligro queda reducido a su más mínima expresión con las modernas cámaras frigoríficas, que impiden el desarrollo normal de estas bacterias. De todos modos, los casos de intoxicación registrados nunca han pasado de producir algunos cólicos, náuseas... nada más.”[45]    

En la inauguración del I Curso de Diplomados de Sanidad que se realizaba en Murcia, en 1967, el jefe provincial de Sanidad, Sr. Fernández Nafria, afirmaba en su discurso que las normativas españolas sobre sanidad se adaptaban a las de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual, había desarrollado un concepto positivista que partía de la idea de salud como un bien y un derecho, y no solamente, según se entendía antes, como “ausencia de enfermedad”, y continuaba:

             “Se trata, pues, de un caudal, susceptible siempre de ser mejorado, no solamente privándole de la enfermedad, como factor negativo, sino incrementando aquellos factores positivos que son capaces de aumentar el bienestar del individuo y de la colectividad. Naturalmente, consideradas así las cosas, el ámbito de la Sanidad se ensancha extraordinariamente y se sale de los clásicos límites impuestos por la Medicina y por la Higiene. Lo que la intuición del pueblo había captado en el dicho “es mejor prevenir que curar” se ha convertido en una manifiesta realidad económica, cuando se analizan los costos en horas de trabajo y productividad perdidas. Ya no basta con curar, es preciso prevenir, y hay que ir aún más allá. Hay que fomentar e incrementar los factores que conducen a la salud por el camino del bienestar. Es en definitiva una tarea compleja de buen gobierno colectivo en la que los factores socioeconómicos juegan papeles decisivos.”[46]     

Sin embargo, a las exposiciones teóricas no acompañaron las medidas efectivas, por un lado, por la inexistencia de inversión estatal y realización de infraestructuras adecuadas, por otro, por la carencia de verdaderas campañas públicas educativas e informativas, que no ayudarán a cambiar la mentalidad social, factor al que acababa siempre haciéndosele responsable. A principios de la década de 1970, todavía las acequias atravesaban las principales calles de la capital murciana; la leche no higienizada seguía vendiéndose a domicilio, y los consejos sanitarios se limitaban a señalar que no debía emplearse “para usos domésticos el agua de las acequias”, a fin de prevenir “diarreas más o menos graves”, y cuando esto no fuera posible, había que “tratarla con lejía o hervirla”, en lugar de solucionar el cegado de acequias, y adecuar e instalar las redes de alcantarillado. [47]   

Y, aún en plena consolidación democrática, en la primera organización de “Charlas sobre el tratamiento de alimentos en épocas de calor”, convocadas por la Consejería de Sanidad, para tratar sobre las intoxicaciones y su prevención, así como sobre el “carné de manipulador”, exigible a los trabajadores de la alimentación, la jefa de sección de promoción de la Salud, Elvira Ramos, afirmaba que sólo habían asistido seis personas: tres amas de casa y tres representantes de organizaciones colectivas. [48]      

De hecho, las asociaciones relacionadas con el concepto de salud como prevención van a ser escasas. No obstante, gran parte de las reivindicaciones de las Asociaciones de Vecinos, que se producen entre las décadas de 1970 y 1980, estuvieron encaminadas a la consecución y exigencia de responsabilidades para la toma de medidas sanitarias e higiénicas, o creación de las infraestructuras necesarias, en relación con la mejora de la salud y la sanidad públicas.

Pero, asociaciones relacionadas con la salud, sólo se inscribirán trece entre 1967 y 1986 (Tabla 3), la mayoría para donaciones voluntarias, y sobre alimentación natural; en general, constituidas en Murcia con ámbito provincial; más otras cuatro en otros tantos municipios: Cartagena, Lorca, Totana y Yecla.

Tabla 3. Asociaciones sobre salud, denominación, municipio y año de inscripción en el Registro

            Elaboración propia a partir de la Base de Datos creada.

Sorprende encontrar que la primera asociación, que se inscribe en 1967, esté referida a la comida vegetariana, especialmente porque los fines que presenta en sus estatutos, extraordinariamente detallados, contrastan con el objetivo propio de la asociación y el lenguaje que emplean, muy acorde con el oficialista del régimen, integrando también entre sus objetivos la “Salud preventiva”. La Asociación Vegetariana de Murcia (Murcia, 1967), exponía sus finalidades de estimular a adoptar una vida natural; colaborar con campañas para librar “al hombre de lacras y vicios sociales (alcoholismo, tabaquismo, etc.); organizar excursiones y campamentos, cursillos y conferencias, sobre alimentación vegetariana y tratamientos naturistas, llevar a cabo campañas de “Salud preventiva”, y conferencias a cargo de profesionales titulados y especialistas.

El resto de asociaciones sobre alimentación natural y búsqueda del bienestar físico y mental se constituirán con posterioridad a 1975, como la Asociación Instituto de Yoga, Cosmobiología y Cultura Integral de Murcia (Murcia, 1978), cuyos fines eran:

                         “a) Emplear la ciencia, el arte, la didáctica, filosofía y cultura física, en la práctica del yoga para el perfeccionamiento intelectual, físico, moral y espiritual de los asociados, uniendo a todos ellos para la consecución de una mejor vida basada en la supremacía del espíritu.

                                     b) La enseñanza de la Síntesis y orientación hacia la Matesis.[49]     

                         c) Fundación de centros en que impartan las enseñanzas de yoga, cosmobiología, naturismo, ciencia y sabiduría universal.

                         d) Colaborar para la consecución de estos fines con otras asociaciones o sociedades similares, fomentando todo tipo de intercambio respectivo a las mismas.”

La Asociación Naturista y macrobiótica de la Región Murciana ANAMARM (Murcia, 1984) y la Asociación Naturista de Totana (Totana, 1985), tenían como objetivos el fomento, estudio y divulgación de la “vida sana y natural”, la filosofía naturista en todas sus facetas y, en particular, la “búsqueda de la salud por el naturismo- vegetariano”. Y, finalmente, la asociación Natura (Asociación acuariana para la salud integral) de El Palmar (Murcia, 1986), se constituía con la finalidad de. “Promover la salud integral del hombre, así como las formas de curación basadas en las medicinas alternativas naturales”.

Respecto a la medicina familiar se constituyeron dos asociaciones. La primera en 1979, la Asociación Murciana de Planificación Familiar de Murcia (Murcia, 1979), cuyo proyecto se inicia en octubre del año anterior, en que se fija el objetivo principal de la asociación que, según la prensa, era el de “mentalizar a la sociedad sobre el número de hijos, de acuerdo con las posibilidades económicas y afectivas, así como la creación de centros para orientar y asesorar técnica y científicamente a toda aquella persona que lo desee”,[50] y en diciembre se anunciaba la consulta pública y gratuita del Centro de orientación y planificación abierto a tal efecto. [51] Conforme a los estatutos presentados en el Registro, los fines de la asociación eran:

                         “a) Procurar la preparación interprofesional necesaria, médico-ginecológica, psiquiátrica, sexológica, tanto como la preparación sociológica, jurídica, etc., potenciando y respetando la libertad profesional de cada miembro.

                                                  b) Crear un fondo de material científico y cultural adecuado.

                         c) Coordinar las iniciativas autónomas que surjan en los distintos ámbitos territoriales por medio de una estructura federal.

                         d) Cooperar con las instituciones oficiales previstas para fines coincidentes, guardando plena independencia respecto de ellas. recabar de los poderes públicos la atención de Utilidad Pública que tiene la Asociación.

                         e) Colaborar con cuantas entidades públicas y privadas tengan fines similares, para la realización de objetivos concretos.

                         f) Participar con libertad y autonomía en las organizaciones internacionales fundadas con fines similares.”

La vinculación de la asociación con los organismos oficiales, para la apertura y mantenimiento del citado Centro, no pareció funcionar, y en octubre de 1979 se anunciaba su posible cierre ante las “más de mil consultas pendientes”,[52] y unos meses más tarde su cierre definitivo.[53]          

Unos años más tarde se constituye la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria de la Región Murciana (Murcia, 1984), cuyos fines, planteados más escuetamente, eran los de: “Promover y fomentar el progreso de la medicina familiar y comunitaria, divulgando e impulsando los principios y conocimientos de la especialidad”.

Otras asociaciones que atendían diferentes especialidades se habían constituido con anterioridad, la Asociación de Científicos y Tecnólogos de Alimentos de la Región Murciana (Murcia, 1979), cuyos fines eran: “Estimular el progreso de la ciencia de los alimentos y sus aplicaciones, y la difusión de conocimientos de la ciencia y tecnología de los alimentos a todos los sectores de la sociedad”, y muy diferente, la Asociación Española de Fonoaudiología para Rehabilitación de los Disminuidos del Habla y Audición (Cartagena, 1982), para el desarrollo de estudios científicos sobre rehabilitación fonoaudiológica.

Las asociaciones de donantes de sangre empiezan a inscribirse a partir de 1968. La primera, la Hermandad de Donantes Voluntarios de Sangre de la Seguridad Social de Murcia (Murcia, 1968), tenía la finalidad de contribuir con el gobierno a la promoción de la hemodonación, con arreglo a las pautas ideológicas del régimen, según establecía:

            “Fomentar los hábitos de solidaridad social y contribuir con el propósito del Gobierno de estimular la hemodonación altruista, por la que se propone agrupar a todas aquellas personas que, sintiendo el concepto de fraternidad cristiana, estén dispuestas a donar su sangre en beneficio de los acogidos a la Seguridad Social que puedan necesitarlo, o de cualquier otro semejante que a juicio de la Junta Directiva merezca ser atendido con este servicio.”

Otras más tardías, como la Hermandad de Donantes de Sangre de la Seguridad Social de Cartagena (Cartagena, 1973); la Hermandad de Donantes de Sangre de la Seguridad Social de Lorca (Lorca, 1974), y la Asociación Hermandad de Donantes Voluntarios de Sangre de la Seguridad Social de Yecla (Yecla, 1982), evitaban en sus fines las referencias ideológicas, aunque no la vinculación a la Seguridad Social, a la que estaban adscritas, según determinaban, sus objetivos eran: “cubrir total y plenamente con donación altruista las necesidades de sangre de las Ciudades sanitarias, residencias y clínicas de la Seguridad Social, y de los enfermos de la Seguridad Social asistidos en plazas concertadas en otros hospitales y sanatorios.”

La Hermandad Benéfica Española de Donantes de Órganos de Murcia (Murcia, 1986), tendrá por objeto la “promoción de actividades sociales encaminadas a la captación de personas, posibles donantes de órganos”, que se va a constituir más tardíamente, con arreglo al desarrollo científico y avances de la medicina en el trasplante de órganos.

Con ámbito regional se crea la Asociación para la Defensa de la Sanidad [Pública] (Murcia, 1983), que funcionará en todo el ámbito nacional. Su constitución se acordó por asamblea celebrada en el salón de actos de la Consejería de Sanidad, en la que fue elegido presidente de la junta directiva Pedro Parra Hidalgo, médico especialista en Salud Pública, y se formaron dos grupos de trabajo: uno, para trabajar en la creación de un Servicio Nacional de Salud, y otro para analizar el proyecto de la Ley General de la Sanidad. Según exponía la prensa, la asociación había tenido problemas en los comienzos de su gestación, “puesto que se produjeron enfrentamientos en una asamblea con médicos de distinta opinión”, no obstante, había acabado formándose y estaba integrada por 70 profesionales, representantes de las diferentes comarcas y sectores de la región. Las pretensiones de la asociación, conforme a las declaraciones recogidas en el periódico, eran:

                         “Impulsar la reforma sanitaria en el sentido del establecimiento en nuestro país de un modelo de Servicio Nacional de Salud que potencie la promoción y protección a la de la salud, a la vez que la asistencia sanitaria, con la participación de todos los sectores profesionales y sociales implicados en el proceso, controlado democráticamente por los representantes de estos sectores, financiado con los presupuestos generales del Estado. [El denominado Servicio de la Salud debe apoyarse] en un sector público fuerte y consolidado, único capaz de satisfacer un derecho elemental de los ciudadanos, sin criterio de lucro o establecimiento de desigualdades por cualquier motivación ideológica, política, racial, económica o de cualquier tipo.” [54]     

Un tipo de asociación que poseerá el perfil de las del Tercer Sector, que se conforman en el último cuarto de siglo. En sus estatutos, en el momento de su constitución en 1983, en Murcia, especificaba los siguientes fines:

             “- Propiciar una alternativa racional y equilibrada del actual sistema sanitario español haciendo valer la necesidad de reformar decididamente la estructura actual y el funcionamiento de nuestra Sanidad y procurando mejorar, potenciar, ampliar y mantener los recursos personales, materiales, financieros y organizativos del importante sector público de la salud.- Crear y difundir un estado de opinión en toda la sociedad, y en especial entre los profesionales de la salud más acorde con el fin propuesto anteriormente.- Defender la consecución de una correcta protección de la salud en todas las áreas y establecimientos sanitarios de forma que, velando por toda la gama de atenciones que procuran conformar el derecho básico de los enfermos, se alcance una asistencia integral y más eficiente.- Actuar como plataforma de defensa y denuncia ante la opinión pública de cuantas anomalías, irregularidades o arbitrariedades puedan cometerse por una incorrecta utilización de los recursos económicos tanto en el sector público como en las demás entidades que confluyen en el sistema sanitario.- Defender una racionalización de la política de personal que evite el desempleo, las duplicidades y superposiciones del ejercicio profesional mediante la actualización inexcusable de horarios, remuneraciones e incentivos necesarios.”

En contraste con estas asociaciones, enfocadas a la promoción, preservación y defensa de la salud y la sanidad, pero también complementarias de ellas, estarán las asociaciones creadas en torno a una determinada enfermedad, cuyo objetivo será el de agrupar a sus afectados, en general, para la defensa de sus derechos. Unas asociaciones que se desarrollan, igualmente, en el último cuarto de siglo, bajo las nuevas pautas de asociacionismo sectorial, como denuncia de las deficiencias sociopolíticas del Estado y de la sociedad, y que, en este caso, poseen un factor identitario, basado en el reconocimiento individual y colectivo de la condición de enfermo, tanto por el propio individuo afectado como por las personas que le rodean.

En Murcia, en el periodo estudiado, se constituyen un total de 11 asociaciones sobre alguna enfermedad determinada (Tabla 4); 10 en Murcia y una en Cartagena, dado que, normalmente, se trata de asociaciones de ámbito nacional, con sedes y delegaciones en cada una de las comunidades, regiones, provincias y ciudades.

Tabla 4. Asociaciones sobre enfermedad, denominación, municipio, año y especialidad.

Elaboración propia a partir de la Base de Datos creada

Las enfermedades renales, la psoriasis, la diabetes, el corazón, el asma, la acondroplasia y otros  trastornos del crecimiento,[55] así como las enfermedades reumáticas, van a ser las que darán lugar a las primeras asociaciones creadas para agrupar a sus afectados.

Sus fines serán similares para todos: asistencia médica y socioeconómica; información a los enfermos, en todos sus aspectos médicos y sociales; fomento de la investigación de los problemas de la enfermedad; defensa de los intereses; búsqueda de métodos de lucha contra la enfermedad, y la ayuda anímica y psicológica; todos ellos muy similares a los de asistencia social y beneficencia, aunque con un sentido diferente: la autonomía y participación personal como interesado, y no como tercero, objeto de la atención.

El alcoholismo, la drogodependencias y toxicomanías serán otros de los motivos para constituir asociaciones en el último cuarto de siglo. Cuya consideración, como la de otras adicciones, pasará de “lacra social” a formar parte de las patologías del consumo, de los síntomas de la sociedad del bienestar, al igual que otras enfermedades complejas (depresión, anorexia y bulimia, fibromialgia, entre otras muchas).

En Murcia se constatan los primeros intentos de constituir una asociación de Ex alcohólicos en septiembre 1977, cuando se celebra en Elche el VI Congreso Nacional de Alcohólicos Rehabilitados, por iniciativa de Pablo Crespo, un enfermo de alcoholismo que había sido rehabilitado en el Hospital psiquiátrico de Murcia, tras un internamiento de diez años, y que, según sus declaraciones, no era el lugar más idóneo para una rehabilitación de dicho tipo. Algunas de las conclusiones a las que se había llegado en el Congreso eran: la elaboración de un programa de educación sanitaria en centros escolares, para padres y alumnos; la revisión de las normas vigentes sobre ingreso obligatorio en hospitales psiquiátricos de los alcohólicos; la prohibición de venta de bebidas alcohólicas en centros educativos superiores y centros de trabajo; regulación del régimen de expedición de bebidas a menores; prohibición total de anuncios de bebidas alcohólicas en los medios de comunicación; inclusión de los alcohólicos en la Seguridad Social, etc., según subrayaba, era necesaria una concienciación social al respecto, puesto que en España, afirmaba, “hay actualmente entre dos y tres millones de alcohólicos. El efecto sociológico de los alcohólicos es tremendo, ya que toda la familia del enfermo se ve implicada en la actitud de éste. En España el problema es gigantesco; somos el cuarto país en consumo de alcohol del mundo. Normal en un país donde cuesta más una botella de leche que una de vino.”[56]

Sin embargo, la primera asociación de alcohólicos que se constituye en Murcia es de 1980, promovida por Cáritas Diocesana, por lo que sus fines tienen un carácter asistencial y de beneficencia, considerando al enfermo como un tercero incapacitado. La Asociación de Familiares y Amigos de Alcohólicos de Murcia (Murcia, 1980), tenía por objeto promover “la creación de centros e Instituciones de carácter científico y asistencial para la rehabilitación médica, familiar, social y laboral del enfermo alcohólico”.

Diferente sentido tiene la asociación Colectivo de Alcohólicos Liberados (ARMU) de Murcia (Murcia, 1984), cuyos fines serán el “auxilio, la colaboración y la solidaridad con todas aquellas personas que tengan o puedan tener problemas con el alcoholismo”, así como otras “sociopatías”, y los de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Murcia (AREM) de Murcia (Murcia, 1984), que eran “mantener el estado de abstinencia y ayudar a la definitiva recuperación”.

Sólo se constituirá una asociación en este periodo para atender la toxicomanía, la Asociación Regional de Murcia para la Prevención de las Drogodependencias (Murcia, 1983), que tiene un carácter institucional, cuyos fines serán el desarrollo de actividades de todo tipo para “promocionar la prevención de las drogodependencias”.

Muchos de los objetivos y fines de estas asociaciones han logrado incluirse en España, a lo largo del siglo XXI, a través de las directrices internacionales, como las de la OMS o la Unión Europea, entre otros, en el desarrollo y aplicación de las políticas sociales españolas, con normas que van desde la regulación de la legislación sobre los alimentos, a los programas de Salud preventiva, en todos los ámbitos, así como programas especiales y servicios sociales especializados, [57] con centros y unidades de atención, públicos y privados, a afectados por éstas y otras enfermedades.