Conmemoraciones que sitúan la memoria de hechos dolorosos.

Conceptos resignificados en América Latina a la luz de episodios del siglo XX. El caso uruguayo.

Ana María Sosa González.

Profesora en el Programa de Pos Graduación en Memoria Social y Bienes Culturales y en de la Licenciatura y Bachillerato en Historia del Centro Universitario UNILASALLE, Canoas (Brasil).

Resumen

El presente artículo aborda el tema de las de conmemoraciones vinculadas a episodios dolorosos de la historia del último cuarto del siglo XX en el cono sur americano. Dichas conmemoraciones refieren a una memoria en tensión, a un pasado aún no consensuado y a episodios que se resignifican fortaleciendo una memoria por la vía conmemorativa. Toma como foco la manera en que las conmemoraciones han situado dicha memoria, reconociendo como punto de partida los estudios que luego de la Segunda Guerra Mundial surgen sobre esta temática. Se trabaja sobre el caso uruguayo para ejemplificar estos procesos atendiendo a las “luchas por memoria y justicia” que las organizaciones sociales vienen impulsando. Tras la sistemática denuncia entorno a la violencia de Estado ejercida durante las últimas dictaduras, ciertas conmemoraciones adquieren un sentido pedagógico y reivindicativo dando nuevos significados a lo conmemorativo en América Latina.

Palabras claves: memorias traumáticas, conmemoraciones, violencia de Estado en el cono sur americano, dictadura en Uruguay

Abstract

Commemorations that establish the memory of painful events. Re-signified concepts in Latin America in the 20^th century. The case of Uruguay.

This article explores the theme of commemoration of painful episodes in the history of the Southern Cone in the last quarter of the 20^thcentury. These public acts arise from conflictive memories, diverging viewpoints of the past, and episodes that re-signify the act of commemoration to strengthen public memory. The article focuses on the way in which commemorations have established memory, recognizing the important studies done on this topic post- World War II. The example of Uruguay is explored to highlight the on-going processes of "struggles for memory and justice" of many social organizations in that country. In the systematic repudiation of state-sponsored violence committed in the most recent dictatorships, certain commemorations acquire an educational and assertive character, giving new meanings to the act of commemoration in Latin America.

Key-words: traumatic memories, commemorations, state violence in the Southern Cone, dictatorship in Uruguay.

Introducción

Como en tantos temas y conceptualizaciones de las ciencias sociales en la región, los procesos conmemorativos de las últimas décadas no se desarrollan de forma aislada, sino que se dan en un contexto determinado y en relación recíproca con procesos de escala mundial (Jelin 2003). En este artículo se coloca el foco en las conmemoraciones vinculadas a sucesos que rememoran episodios traumáticos y dolorosos del pasado reciente de la región, teniendo en cuenta a su vez el contexto mundial en el que surgen nuevas visiones, interpretaciones y análisis de dichas conmemoraciones.

En otras palabras, para el presente análisis interesa de qué manera las conmemoraciones han situado a la memoria de los acontecimientos dolorosos del último cuarto del siglo XX en el cono sur americano[1]. Según Jelin (2004: 141,142) [2] los países comprendidos en este concepto de región (Paraguay, Chile, Brasil, Argentina y Uruguay) si bien son cinco geografías e historias muy diferentes y específicas, comparten ciertos aspectos en sus historias y poseen varios rasgos que los vinculan como “región” política, lo que va más allá de la simple proximidad territorial. Por un lado, lo que la autora designa como “una larga historia de fronteras porosas”, con permanentes exiliados políticos (estableciendo contactos y vínculos desde comienzos del siglo XIX no solo con sus países de origen sino también con fuerzas políticas de los demás países de la región). Por otro lado, durante las últimas dictaduras, se produjo una represión coordinada en escala regional (prueba de ello han sido los documentos relacionados con el Operativo Cóndor); y en contrapunto con esto, durante ese período “se fueron desarrollando redes de solidaridad y denuncia de las violaciones a los derechos humanos fuertemente intercomunicadas e integradas, que siguieron existiendo y trabajando después de las transiciones”. Si bien la red de derechos humanos es global; según Jelin “es también activamente regional” (2004, 142).

En las décadas de 1980 y 1990, los procesos de transición de estos países también estuvieron interrelacionados, con abundantes diálogos e intercambios entre ellos. A partir de los años 2000, los países de la región vienen revisitando su pasado reciente, y estableciendo diferentes políticas de memoria vinculadas a ese “pasado que no ha pasado”, en el sentido que aún no está cerrado ya que existen numerosas reivindicaciones memoriales –de diversa índole-, muchas veces contrapuestas por lo que aún es una memoria en conflicto.

Una manera de situar la memoria de “ese” pasado –aún en disputa- donde los conflictos entre diferentes interpretaciones y sentidos dados a dicho pasado aún divide a esas sociedades, es observar el espacio de las luchas acerca del sentido de ciertas fechas y prácticas conmemorativas. Es por esta razón que el estudio de caso se centrará en los episodios conmemorativos vinculados a la última dictadura en Uruguay, en diálogo con otros procesos de la región y del mundo.

Según Jelin (2003) en la transición post-dictatorial de estos países, los movimientos y agrupaciones de derechos humanos

se orientaron a reclamar "verdad y justicia" primero, para después dar pie a una diversificación de metas y demandas: por un lado, se ocupó del seguimiento de las demandas de justicia y verdad sobre el pasado, acción que está mostrando tener una vigencia que no se apaga con el correr de los años sino que se reactiva, dinamiza y multiplica internacionalmente. Por otro lado, hay una redefinición de las demandas en función de las nuevas realidades de desigualdad, exclusión social y polarización social de los años noventa, recuperando y reintegrando los temas de los derechos económicos, sociales y culturales a la lógica de los derechos humanos y la participación ciudadana. Finalmente, y en medio de estas dos líneas de acción, se manifiesta con fuerza un movimiento hacia la incorporación de los temas del pasado en la memoria social (Jelin 2003, 13).

Es en este sentido en que la memoria colectiva (o social, o histórica) y el olvido (también colectivo), la conmemoración y el recuerdo (cuando se difunde y se hace compartido) resultan cruciales para comprender las profundas catástrofes sociales y las situaciones de sufrimiento colectivo que las sociedades del cono sur atravesaron. Reflexionar sobre los modos de reapropiación y resignificación de ese pasado doloroso a través de las conmemoraciones es el objetivo de este estudio.

Conmemoraciones y “lugares de memoria”

Un marco teórico fundamental para el tema en cuestión son los trabajos de Pierre Nora, en torno a la memoria, la historia y la conmemoración que sintetiza en su obra “Lugares de Memoria” (1984), y dentro de ella “la era de las conmemoraciones” (publicada por primera vez en 1992). Sus aportes no sólo son válidos para los acontecimientos del último cuarto del siglo XX en Francia sino también para otros países, entre ellos los que han tenido una retomada conmemorativa a inicios del siglo XXI con los bicentenarios de las independencias latinoamericanas dentro de esa “fiebre” conmemorativa de los últimos tiempos[3]. En su pretensión de ser un libro contra conmemorativo, Lieux de mémoire, termina siendo reapropiado por la/las conmemoración/es. La atención sostenida al fenómeno conmemorativo francés, puede trasladarse a otras conmemoraciones “nacionales”, aportando interesantes reflexiones para la discusión del tema como objeto de investigación histórica.

Esta reapropiación de los “lugares de memoria” que tenía la finalidad de poner en evidencia los procesos conmemorativos y establecer con ella una distancia crítica del fenómeno, se transformó en el instrumento por excelencia de la conmemoración (Nora 2008, 167). Ante esta situación solo cabe comprender cómo se produjo tal reapropiación, y cuáles fueron sus razones, en otras palabras de qué manera las conmemoraciones contemporáneas se transforman a partir de ahora en “lugares de memoria”, y a su vez, éstos se saturan de conmemoraciones, cuál es la relación entre ambos.

Los “lugares de memoria” (de acuerdo al término acuñado por Nora), refieren tanto a objetos como a espacios (sean éstos naturales o artificiales) y poseen una triple acepción: son lugares materiales (donde la memoria social se arraiga y puede ser aprehendida por los sentidos), son lugares funcionales (porque tienen o adquieren la función de dar base a las memorias colectivas) y son simbólicos (lugares donde esa memoria colectiva se expresa y se revela). Coexiste por lo tanto una dimensión tangible e intangible permitiendo una experiencia sensorial, una evocación que ayudará a conectar con el pasado (ya sea aquello vivido directamente o revivido por lo que ha aprendido del mismo a través del relato histórico y/o memorias compartidas). Lugares instituidos para evitar el olvido. “Los lugares de memoria son, en primer lugar restos. La forma extrema donde subsiste una consciencia conmemorativa en una historia que la convoca porque la ignora”[4] (Nora 2008: 24).

Ante la angustia por esa “aceleración” del tiempo, las sociedades contemporáneas han creado todo tipo de artilugios para no olvidar, para que lo “fugaz” de los acontecimientos no se diluya y pueda ser “recordado”. La conmemoración, los monumentos y todo tipo de marcas de memoria surgen para auxiliar, para motivar la recordación, instalando con ello memorias o “una memoria” en la medida que se establece como relato, como referencia del pasado al que evoca, imponiéndose una vez que se transforma en “lugar de memoria”. De ahí que Nora afirme:

Lugares de memoria nacen y viven del sentimiento de que no hay memoria espontánea, que hay que crear archivos, que hay que mantener los aniversarios, organizar celebraciones, pronunciar elogios fúnebres, levantar actas, porque estas operaciones no son naturales. […]. Sin vigilancia conmemorativa, la historia los barrería rápidamente. Son los bastiones sobre los cuales se sostienen (Nora 2008: 25).

De ahí que las conmemoraciones se tornen fundamentales para colocar esas memorias y así constituir sus lugares. Así, los marcos conmemorativos reactualizan el pasado, traen determinados acontecimientos a la esfera de lo público, puede decirse que los “colectiviza” en la medida que los hace de “todos” –o por lo menos tiene esa pretensión-  y con ello pasan a formar una memoria “colectiva”, “social”, “pública” y hasta “oficial” si se quiere. Según Barbosa (2001) la conmemoración se construye como acontecimiento, restableciendo una lógica narrativa en la cual el pasado se utiliza de manera concomitante con el presente para moldear una realidad diferente. Al hacer presente el pasado, la retórica periodística de la conmemoración consigue materializar una memoria en relación con el acontecimiento que se difunde como información y espectáculo (2001: 105). Las celebraciones condensan una memoria, y dependiendo del grupo que la impulsa, y la forma cómo será reapropiada por generaciones futuras la sitúan, ubicándola en un lugar que muchas veces las vuelve casi “incuestionables”, “inalteradas” y “únicas” u homogéneas.

Este es el caso de las memorias “nacionales”, es decir de aquella memoria conmemorada, reafirmada periódicamente, instalada a través de la narrativa histórica, memoria que se “oficializa”, junto a esa “historia oficial” de la nación.

En este sentido, infinidad de trabajos académicos abordan la manera en que las conmemoraciones y discursos homogeneizantes han servido a la construcción de la nación, a la elaboración de historias “patrias” que se imponen como de “todos” y que se valen de diferentes medios de aprendizaje y comunicación para promover la apropiación de las mismas e ir generando con ello una construcción colectiva que remita a una “identidad nacional”, que sirva de cohesión y pertenencia más allá de las diferencias internas en las sociedades contemporáneas - cada vez más complejas y diversas.

Según la Real Academia[5] conmemoración significa “memoria o recuerdo que se hace de alguien o algo, especialmente si se celebra con un acto o ceremonia”. Las conmemoraciones entonces como instancias que se repiten periódicamente para recordar un episodio fijan, cristalizan y materializan memorias –aunque no siempre lo hacen-; colocan el recuerdo de un acontecimiento concreto “en escena en la esfera pública –su ámbito natural de realización-” (Da Porta, 2006). De acuerdo a la autora las conmemoraciones –fechas, aniversarios- constituyen un espacio productivo para estudiar los conflictos de los que son objeto las memorias. De esta manera, “los medios no serían un mero registro neutral de esas memorias, sino su condición de posibilidad y existencia social”, cumpliendo un rol fundamental en la lucha por imponer y hegemonizar los sentidos en las conmemoraciones de acontecimientos conflictivos que se constituyen como un límite, un quiebre institucional y discursivo. Si bien los tres ejemplos elegidos en el presente artículo no tienen como eje los medios de comunicación en su función de atribuir sentidos a esas conmemoraciones, interesó observar la manera como éstos intervienen en cada caso reforzando determinados acontecimientos y sentidos, contribuyendo con ello a hegemonizar memorias y modos de interpretarlas.

Para este artículo se tomará dentro de la complejidad conmemorativa que envuelve los episodios de la última dictadura en Uruguay tres ejemplos que se consideran ilustrativos, que si bien son de diversa índole, sirven para analizar dichas conmemoraciones: el día en que se disuelven las cámaras y “comienza” el régimen de facto (27 de junio de 1973), sus retomadas conmemorativas resignificando y estableciendo el sentido en el que debe ser recordada dicha fecha; las “marchas del silencio” como movilización –convocada desde la sociedad civil- en reivindicación por memoria, verdad y justicia, que se realiza desde hace 21 años y parece haberse instalado como un hito conmemorativo que vincula los dolorosos episodios de la dictadura; y la instalación del Memorial de los Detenidos Desaparecidos junto al proyecto “marcas de memoria” que territorializan la memoria circunscribiendo lo conmemorativo al lugar en el que se elige para dicha instalación[6].

Conmemoraciones de episodios dolorosos.

Ante profundas catástrofes sociales y situaciones de sufrimiento colectivo, surge a partir de la segunda mitad del siglo XX la necesidad de rememorar y recordar esos hechos bajo una dimensión pedagógica, es decir, recordar determinados hechos dolorosos para que no vuelvan a repetirse, para crear consciencia. Lógicamente esta situación genera tensiones, tienen un sentido individual, en cuento al reconocimiento/reparación simbólica pero también significan en un sentido colectivo, social, político “arreglar cuentas con el pasado”, que se asuman responsabilidades, que se reconozca lo sucedido y/o cometido y que se ejerza justicia institucional. Estas iniciativas partieron de los movimientos de derechos humanos en los países afectados. Las luchas por las memorias y por el sentido del pasado se convierten entonces en un nuevo campo de la acción social en la región, pero “también en un nuevo campo de investigación social, con características propias: la complementariedad de distintos enfoques y disciplinas necesarias para un abordaje centrado en el punto de convergencia entre patrones institucionales, subjetividades y manifestaciones en el plano simbólico” (Jelin 2003, 14).

De este modo, los antecedentes para el estudio de los procesos de memorias de violencia política en las ciencias sociales, se encuentran en el ámbito internacional en la gran producción académica e intelectual vinculada a la reflexión sobre la Segunda Guerra Mundial, el holocausto y las múltiples denuncias, miradas, interpretaciones y análisis a los que dio lugar episodios tan traumáticos como los que se vinculan a esta guerra[7].

La historia y el psicoanálisis, la crítica literaria y la antropología, especialmente en Europa, habían tomado el tema, también a partir de los impulsos de los propios actores políticos y sociales: la comunidad judía en el mundo entero, la sociedad alemana y la francesa, así como otros lugares de Europa, Estados Unidos o Japón. Al igual que en América Latina, los intelectuales y cientistas sociales no han estado ajenos a estos debates. Más bien, se trata de un campo de investigación en el que el compromiso cívico y la propia subjetividad de los investigadores están permanentemente comprometidos (Jelin 2003, 17).

En la región los estudios sobre las luchas por las memorias de las dictaduras recientes recogen los aportes teóricos y empíricos desarrollados por los países del norte, pero no se limitan únicamente a ellos, incorporan otras demandas sociales y períodos históricos (memorias indígenas, de afro descendientes entre otros). Es a través de las “nuevas” reivindicaciones memoriales en las que “surgen” voces antes silenciadas, ocultas y/o negadas en el relato histórico “oficial” que los recientes estudios sobre la memoria y la manera en que estas se establecen o cristalizan, legitiman y sitúan, que las conmemoraciones sobre estos episodios son reapropiadas por los grupos en cuestión, fenómeno que es analizado cada vez más interdisciplinariamente.

Los ejemplos que aquí se toman van desde fechas que tienen un sentido muy amplio porque incluyen prácticamente a toda la población – o a un número de ciudadanos cada más significativo- o algunas que pueden tener un sentido más restringido (local, regional o para un grupo político), como es el caso de algunas de las “marcas de memoria” elegidas.

A su vez al tratarse aún de sucesos que no toda la sociedad los interpreta en clave conmemorativa muchas fechas no tienen los mismos sentidos o importancia para toda la población produciéndose con ello “conflictos en torno a la memoria”[8]. Al mismo tiempo existen diversas interpretaciones entorno a algunas fechas produciéndose disputas y conflictos en el que el peso de los grupos sociales que la reivindican se hará valer una vez que consigue establecer la fecha elegida y darle el sentido a esa elección. Tal puede ser el caso de las “marchas del silencio” en Uruguay.

Esta marcha es organizada por Familiares de Detenidos Desaparecidos durante la última dictadura militar en el país (1973-1985). Se trata de una convocatoria anual en reclamo por verdad y justicia en relación a las violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura. Se realiza todos los 20 de mayo desde el año 1996, en estricto silencio, sin portar emblemas, banderas ni mensajes político – partidarios y constituye una de las principales movilizaciones masivas del país. La fecha elegida es en recuerdo al momento en que aparecen asesinados (en 1976) los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y los militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw, quienes fueron secuestrados en Buenos Aires antes de ser ultimados a manos de un comando de uniformados uruguayos. A su vez, estas “Marchas del Silencio”, representan hoy una delicada situación entre las políticas de memoria que se vienen impulsando y las reivindicaciones de la sociedad civil organizada que siente que aún no han sido atendidos sus reclamos, entendiendo que no se han realizado las investigaciones suficientes para conocer el paradero de los casi 200 desaparecidos reclamados por familiares y amigos.

Por otra parte, una nueva instancia en las reivindicaciones memoriales comienza con la construcción de monumentos, memoriales o espacios de memoria vinculados a la última dictadura. En 2001 se inaugura oficialmente el Memorial en Recordación de los Detenidos Desaparecidos, en el Parque Vaz Ferreira, ubicado en el Cerro de Montevideo (sobre la ladera del punto natural más alto de la ciudad), un barrio obrero de larga historia y tradición militante. La fecha elegida para dicha inauguración fue el 10 de diciembre, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, por esa razón desde entonces, cada 10 de diciembre se realizan actividades conmemorativas de diversa índole: discursos, homenajes, presentaciones musicales, teatrales, artísticas, etc. Estas actividades culturales son promovidas por el Estado uruguayo (específicamente desde la Dirección de Cultura de la Intendencia de Montevideo –su capital-) pero su organización y convocatoria ha estado básicamente bajo las propuestas de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desparecidos en conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, aprovechando la instancia para “recordarse” a ellos como grupo, “recordar” a las autoridades y a la población en general la violencia de Estado de la que fueron víctima sus familiares durante la dictadura, reivindicando con ello que aún es insuficiente la investigación y ejercicio de la justicia en un Estado que ha asumido el compromiso público de averiguar y dar a conocer el paradero de esos “desaparecidos”, las condiciones de su desaparición, así como los responsables de la misma aplicando la justicia y reparaciones de distinta naturaleza.

Un dato interesante es que la creación del Memorial se produjo bajo el gobierno de los llamados partidos tradicionales o históricos, el proyecto comenzó en 1998 (durante la presidencia de Julio María Sanguinetti) y se concretó durante la presidencia de Jorge Batlle[9] (ambos del Partido Colorado), quien fue además el primer presidente que reconoció desde el Estado la comisión de delitos violatorios de los derechos humanos. El memorial construido en la pendiente del cerro con vista a la bahía del Río de la Plata es de hormigón, acero inoxidable y vidrio. En sus paredes se colocaron 174 nombres de uruguayos desaparecidos durante la dictadura[10]. La obra es un proyecto de los arquitectos Ruben Otero y Marta Kohen, disponiéndose de tal manera que es posible caminar entre los muros vidriados dejando al visitante ante el silencio y la reflexión[11].

Por otra parte, desde 2006 comenzó un proyecto llamado “Lugares de la Resistencia - Marcas de la Memoria” que tiene por finalidad “identificar lugares en todo el territorio nacional donde ocurrieron acciones y eventos importantes en relación a la resistencia a la dictadura, y diseñar y realizar placas o elementos similares para señalar esos lugares”. En dicho proyecto se sostiene que “la construcción e instalación de la memoria de la resistencia, es una tarea compleja, colectiva, y multisectorial, y que esta diversidad debe reflejarse también en su materialización”.  La propuesta busca

construir la memoria de la resistencia tomando la ciudad como soporte e insertando marcas o huellas en el territorio mediante un sistema comunicacional y de identidad que integre: marcas-lugar en los sitios elegidos, marcas-zonales de los sitios y eventos de la memoria, y una política comunicacional permanente que recoja e integren al proyecto, nuevas marcas de la memoria que vayan transformando los espacios vacíos en lugares llenos (PROYECTO “LUGARES DE LA RESISTENCIA – MARCAS DE LA MEMORIA”, 2006) [12].

Esta instancia conmemorativa en territorio, por medio de la marcación de lugares tenía inicialmente una concepción de “espacios vacíos” en los que se colocarían dichas placas para evitar el olvido y reconocer episodios, personas o instituciones cuya actuación fue relevante en la resistencia a la dictadura uruguaya. Hoy ya no se vuelve sobre esta idea pero se continúa tomando como “única” la memoria que se instala para ser recordada, visitada y reflexionada a partir de su marcación. Las diversas invitaciones que se han realizado desde entonces en su genuina pretensión por “marcar” episodios, y/o lugares de esa llamada “memoria de la resistencia” a la dictadura parece no reparar sobre las “otras” memorias que quedarían silenciadas o por lo menos no explícitas en dichos lugares a partir de esa intervención.

De todos modos el propio proyecto destaca que se trata de algunos lugares identificados como emblemáticos de esa resistencia dejando la posibilidad a “nuevos” lugares para su marcación, aclaran que no se pretende “que la identificación de los lugares (donde ocurrieron acciones y eventos importantes en relación a la resistencia a la dictadura), contenga en sí misma, la complejidad de la temática”, advirtiendo además que esta reconstrucción de la memoria “no resulta de una sola intervención, soporte o medio, sino que se deben complementar distintas acciones y actores, para difundir e instalar el tema en la sociedad en su conjunto”. Asimismo sostiene que “por su característica de construcción permanente, se debe establecer esta etapa como un mojón o punto de partida, para continuar y volver a empezar (PROYECTO “LUGARES DE LA RESISTENCIA – MARCAS DE LA MEMORIA”, 2006).

Por último, interesa trabajar sobre una fecha concreta cuyo sentido ha sido resignificado fuertemente en los distintos procesos conmemorativos desde la reapertura democrática (1985) al presente, la misma es en relación al día en que se produce el golpe de Estado en Uruguay: el 27 de junio de 1973.

Esto lleva a mencionar aspectos fundamentales de dicho proceso histórico: la República Oriental del Uruguay atravesó una serie de transformaciones a lo largo del siglo XX, pasando de ser la “Suiza de América” -bastante excepcional en el contexto latinoamericano-, a acompañar los procesos dictatoriales de los años ´70 con sus consecuentes efectos económicos, políticos, sociales y culturales. La Dictadura Cívico Militar, si bien “formalmente” comienza en 1973 es tomada aquí como un proceso más amplio que el período comprendido entre 1973 y 1985, integrando el trayecto previo (la década de 1960 y los primeros años de los ’70), en que aún estando bajo un “Estado de Derecho” se iba hacia un autoritarismo cada vez más pronunciado, con sus respectivos abusos y violaciones a los Derechos Humanos.

En ese contexto previo al golpe, el creciente protagonismo político de los militares, la precaria estabilidad parlamentaria del gobierno, la situación de “empate” de hegemonías y de vetos recíprocos al interior del sistema político, junto a la inestabilidad social que se enfrentaba cada vez más a las prácticas represivas del régimen y un trasfondo económico de crisis que se agudizaba día a día, condujo a la participación efectiva de las Fuerzas Armadas legitimada en la necesidad de garantizar la seguridad y desarrollo del país.

Con la disolución de las Cámaras (el 27 de junio de 1973) y la creación de un Consejo de Estado se instauraba la “Doctrina de Seguridad Nacional” en Uruguay, donde la represión, prohibición y censuras a la prensa, detenciones en masa, restricciones al derecho de reunión, entre otras medidas, intensifica la movilización por un lado, y el miedo e inseguridad social por otro, terminando con el exilio, la detención y desaparición –muchos de ellos se dieron antes de la fecha del golpe-, y el silenciamiento de muchos. A diferencia de otros países latinoamericanos en que las Fuerzas Armadas desplazaron a gobiernos electos constitucionalmente (como ocurrió en Brasil, 1964, en Argentina en 1966 y 1976, o en Chile en 1973), en Uruguay fue el propio presidente Bordaberry el que firmó el decreto de disolución del parlamento. El mismo presidente se convertía así en dictador (Broquetas 2006: 124). Por lo tanto no fue un golpe militar contra un gobierno constitucional sino un movimiento conducido por el propio Presidente de la República en alianza con los militares, al mismo tiempo que ya se venía dando un proceso de presencia militar cada vez mayor en el Estado, denominado por algunos autores como “dictadura constitucional” (especialmente el período del gobierno de Jorge Pacheco Areco, 1967-1972). La hegemonía del poder militar de este período mantuvo civiles en puestos claves de la administración: de junio de 1973 a agosto de 1981, todos los presidentes fueron civiles. Por esta razón hay consenso hoy en llamar a este régimen “cívico-militar”. Padrós (2005) demuestra que el régimen instaló en el país un verdadero “terrorismo de estado” que no se basó únicamente en la represión, torturas, encarcelamientos, desapariciones, etc., sino que usó además una instancia psíquica del poder como la manipulación psicosocial de la cultura con la intención de subyugar toda oposición. El propio Estado se transformaba en un agente del terror sobre su propia población. Esto se tradujo en la anulación del estado de Derecho, con la sucesiva utilización de un aparato represivo que actuó sobre los sectores opositores sin control social, político ni legal. A través de la propaganda y publicidad del régimen, la institucionalización del terror, la instauración del miedo de las maneras más sutiles, justificadas bajo un argumento nacionalista se hizo efectivo un discurso del miedo que establecía que el “buen” oriental debía cuidarse del subversivo, de ese “enemigo interno” que amenazaba a la nación. De este modo, “la militarización del aparato del estado fue acompañada por la retórica de la seguridad nacional” (Caparelli 1989: 88).

En este sentido, Broquetas caracteriza la dictadura uruguaya de la siguiente manera:

A diferencia de otras dictaduras del Cono Sur en las que se practicaron fusilamientos sistemáticos (Chile) o desapariciones forzadas masivas (Argentina), la modalidad represiva que caracterizó al régimen uruguayo fue el encarcelamiento masivo y prolongado. Así lo prueban las estadísticas que indican que en 1976 Uruguay tenía el índice más alto de prisioneros por cantidad de habitantes de toda América del Sur. Cerca de 5000 personas fueron procesadas por la Justicia Militar, debiendo sumarse a esta cifra los aproximadamente 3700 casos de detenidos que no fueron procesados, pudiendo tratarse de horas o de meses (Broquetas 2006: 130).

Además de aislar a la población en las cárceles el régimen sembró el terror a través de violentos operativos de captura (las “razias”), al mismo tiempo que se tenía noticias de torturas y castigos impartidos a los prisioneros.

En Uruguay a inicio de los ’80, con sólo 3 millones de habitantes, había 5 mil prisioneros, 2 mil en libertad vigilada y 60 mil que habían sido presos y liberados después. “Esto significa que una persona de cada 37 había sido presa” (Caparelli 1989: 16). Según datos de SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia), solo el 1% de los ex-prisioneros entrevistados declaró no haber recibido torturas durante su detención. Aproximadamente 200 uruguayos secuestrados durante la dictadura permanecen desaparecidos. La mayor parte de los secuestros fueron en Uruguay y Argentina, pero también algunos en Paraguay y Brasil.

Por la pequeñez del país, se ha señalado como particularidad del régimen uruguayo su eficacia para desarticular las instituciones de la oposición.

La retomada conmemorativa entorno al 27 de junio se inscribe en la imposibilidad de tomar otra fecha que sea consensuada por todos. Elizabeth Jelin en su estudio sobre las conmemoraciones en perspectiva comparada en la región (2004), da cuenta de varias fechas conflictivas - tanto para Uruguay como para el resto de los países- por poseer sentidos distintos para los diferentes actores sociales presentando una dificultad para imponerse de manera homogénea y apropiada por todos.

La elección de la fecha 27 de junio de 1973 evita “problemas” en relación a la narrativa del pasado reciente, ya que nadie niega que la toma del poder por los militares afectó la vida cotidiana de todos los uruguayos por medio de sus múltiples prácticas represivas. Hablar de lo ocurrido antes de esta fecha genera enormes divergencias sobre todo en relación a la condena o aceptación de la lucha armada, por lo que centrar las conmemoraciones entorno al 27 de junio parece ser lo “menos” conflictivo por contar con más consenso social. Las conmemoraciones en esa fecha fueron adquiriendo más relevancia en los últimos años haciéndose cada vez más complejas y diversas. En muchas ocasiones la central sindical que nuclea a todos los trabajadores PIT-CNT (Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores) convocó a un paro general para ese día. También año a año se realizan diversos discursos que recuerdan los sucesos de entonces, las luchas por la resistencia –que en aquellos días que siguieron al golpe fueron acompañadas por una gran huelga sindical- así como infinidad de episodios que vinculan a la dictadura. Estos discursos se realizan en forma de denuncia y reivindicación (tanto memorial como de justicia). Otra instancia dentro de esta complejidad y diversidad conmemorativa entorno a esta fecha son las diferentes propuestas culturales (teatrales, documentales, artísticas, etc.) que se realizan los 27 de junio (y días siguientes) así como las propuestas académicas y de información histórica que tienen como objetivo sensibilizar a la población en su conjunto, pero también promover el debate y nuevas miradas a partir de las crecientes investigaciones en la temática. Estos eventos se han multiplicado cada vez más teniendo un particular destaque en los últimos años coincidiendo con los 30 y 40 años del golpe de Estado (es decir 2003 y 2013 respectivamente). Por otra parte las organizaciones civiles participan activamente acudiendo a los eventos y generando propuestas y espacios de debate, o siendo ellos directamente la voz testimoniante de muchos episodios.

En definitiva el 27 de junio, que remite a un hecho doloroso, que aún hoy hace reflexionar a los uruguayos sobre ¿cómo se llegó a esa instancia?, es resignificado al conmemorar (recordar, advertir, informar y con ello no olvidar) los episodios de la dictadura en su conjunto. Se ha convertido en un día que sirve de toma de consciencia y advertencia para evitar la repetición de esos hechos, adquiriendo así una dimensión pedagógica en el sentido que desea tomar del pasado enseñanzas para evitar que vuelva a ocurrir algo semejante.

De este modo reflexionar sobre las conmemoraciones, en tanto elección de fechas y aniversarios permite observar las coyunturas en las que las memorias son producidas y activadas. Esas instancias se convierten en “ocasiones públicas, espacios abiertos, para expresar y actuar los diversos sentidos que se le otorga al pasado -reforzando algunos, ampliando y cambiando otros-” (Jelin 2004: 150).

Existen fechas que se han mantenido constantes, por responder a marcos institucionales y a las modalidades en que diversos actores sociales se apropian de ellas y las enmarcan en sus propias identidades y en sus propios proyectos, el 27 de junio para Uruguay podría decirse que es una de ellas. A su vez, las “marchas del silencio” vienen ganando espacio y consenso en la medida que avanzan las investigaciones, se denuncian cada vez más los episodios de la dictadura y se diluye el miedo que implicaba en los primeros años de la salida democrática tratar esos asuntos. Nuevos grupos y actores sociales se vienen sumando a esta movilización, en la que ya no son los familiares y amigos los que únicamente reivindican la memoria de los desaparecidos sino un número cada vez más significativo de personas y sobre todo jóvenes que no tienen un vínculo directo con esos episodios. El objetivo de conscientizar y pasar esa memoria a las generaciones futuras parece haberse cumplido.

En Montevideo (donde son evidentemente más numerosas las marchas, pero también se realizan en otras ciudades del interior del país), caminar por la principal avenida de la ciudad (Av. 18 de Julio), todos los 20 de mayo, en un número verdaderamente significativo de personas[13] portando al frente la consigna del momento y las fotografías de los desaparecidos ha llamado la atención de la prensa nacional e internacional con interesantes coberturas y notas sobre la misma. Asimismo un importante número de parlamentarios y personalidades públicas nacionales e internacionales que adhieren a la causa acompañan año a año, dando con su presencia una validez y legitimidad pública innegable, que la hace ser una de las marchas de mayor participación y respeto del país, instalándose en la sociedad, institucionalizándose y desprendiéndose de los convocantes originales para pasar a ser una demanda de la sociedad uruguaya. Se ha convertido en un ritual solemne, firme y respetuoso que ha trascendido y se ha establecido, situando con ello una memoria que no solo reivindica a las víctimas directas de la violencia de Estado, sino a los derechos humanos en su más amplia expresión, que junto a esas denuncias reclama la profundización y agilización de las investigaciones sobre el período. Verdad y Justicia se ha transformado en el símbolo principal de estas marchas que también enfrenta algunas opiniones disidentes entre quienes entienden que el silencio no sería la forma más adecuada de manifestarse.

No ha sido objeto de este análisis el sentido que los militares han dado a sus acciones políticas, a través de discursos con énfasis en su rol de “defensores” de la nación, valiéndose del espacio institucional propio para reafirmar sus identidades y su auto-justificación (discurso este que ha presentado argumentos bastante uniformes en toda la región), sino la forma en que los movimientos sociales han tomado la iniciativa conmemorativa de hechos de la dictadura. Estas conmemoraciones estuvieron en un primer momento fuera del ámbito institucional estatal pasando luego –algunas de ellas- a formar parte de las recordaciones que el Estado incorpora. Otras veces, no se produjeron acuerdos y el Estado interpretó los hechos del pasado con un sentido totalmente diferente al atribuido por las organizaciones sociales.

Jelin ha observado que además de la semejanza en los discursos militares en relación al período, otra constante en esa historia conmemorativa comparada y compartida de la región ha sido el papel secundario que han tenido los partidos políticos y el propio estado democrático en dichas conmemoraciones (Jelin 2004: 150). La autora destaca además que no ha sido el Estado un actor central en la elaboración de memorias sociales (o colectivas, o históricas). Si bien no ha sido inicialmente la intención del Estado dejar un “legado” sobre dicho pasado, en los últimos años se ha involucrado cada vez más promoviendo por medio de diferentes políticas públicas de memoria el conocimiento sobre ese pasado doloroso[14].

Las fechas elegidas para las conmemoraciones como momentos públicos significativos, no son compartidas por todos de la misma manera, ni son atribuidos los mismos sentidos a esas memorias. En los casos que se analizaron anteriormente se puede visualizar ciertos consensos, éstos se han venido ampliando en los últimos años, producto de las dinámicas sociales y de los actores políticos “que enmarcan sus luchas políticas del ahora con relación a esas fechas” (Jelin 2004: 142). Trabajar sobre estas conmemoraciones permite observar una de las tantas instancias en que las memorias sociales se construyen, establecen, difunden y apropian, es decir se sitúan formando parte de una narrativa que va implicando paulatinamente a grupos más numerosos de la sociedad.

Por medio de estas conmemoraciones que no son más que prácticas sociales ritualizadas, es instalan memorias de diferente forma y manifestación: fechas, movilizaciones, memoriales –monumentos, placas- condensan una memoria e invita a su apropiación. La repetición por la vía conmemorativa, la visualización por la vía de la marcación tienden a hacer perdurar y a veces cristalizar memorias, pero éstas seguirán siendo dinámicas, construidas socialmente en diálogo con los diferentes actores sociales y políticos del momento, según las circunstancias, los escenarios políticos e incluso –y sobre todo- los acontecimientos del momento que marcan nuevas direcciones y sentidos. De ahí que sea fundamental “’historizar la memoria’, o sea, analizar las transformaciones y cambios en los actores que intervienen, en sus sentidos y en los climas culturales y políticos en que se desenvuelven las prácticas de conmemoración” (Jelin 2004:143).

Reflexiones finales:

El acto de recordar es siempre presente, por lo que la memoria que se construye entorno a los hechos del pasado responderá siempre a dicho presente –en lo individual y en lo colectivo-. A su vez, en esa acción presente se conjugan diversos tiempos, existen “espacios de experiencias pasadas” que deben ser comprendidos o cruzarlos con los “horizontes de expectativas” futuras. Por otra parte, las luchas por el sentido atribuido al pasado, son siempre luchas que se desarrollan a posteriori, o sea en el presente, cobrando fuerza por su relación con los ideales y futuros deseados y por la capacidad que tenga el grupo social que las lidera en “hacer oír” su voz.  Pero esas experiencias pasadas están también moldeadas por el "horizonte de expectativas", estos horizontes hacen referencia a una temporalidad futura (Jelin 2003: 14-15) y representan un anhelo, una voluntad –presente- que marca lo que se “busca” e interpreta del pasado. Estas múltiples temporalidades y su complejidad implícitas en los procesos de reivindicación memorial, deben tenerse en cuenta para analizar las conmemoraciones bajo esta perspectiva de la dinámica memorial si se desea comprender las maneras en que los individuos construyen y dan sentido al pasado, cómo se relacionan con él y por lo tanto qué eligen recordar/conmemorar, cómo y quiénes.

Surge entonces tensiones entre quienes fueron testimonios directos de los eventos que se conmemoran y quienes son parte de un colectivo social “que comparte una base de saberes culturales a través de complejos procesos de identificación, pertenencia y transmisión” (Jelin 2003: 150); pero también conflictos al interior de los grupos que se movilizan por dicha reivindicación memorial.

Al mismo tiempo, al tratarse de circunstancias traumáticas que generan vacíos y quiebres, tensiones y disputas, y dificultan la posibilidad de una “justa memoria” en el decir de Ricouer (2010), las formas y posibilidades de expresar dichas memorias a través de la narrativa presenta limitaciones [15]. 

La inexistencia de palabras o formas para trasmitir el dolor pasado, dificulta la comunicación y trasmisión de lo traumático (esto explica muchas veces la repetición de síntomas y silencios). Esto entra en el campo de lo que no es posible decir, de ahí que unas de las cuestiones centrales sea cómo explicar a las nuevas generaciones lo “indecible” y cómo hacer que éstos se conecten con un pasado que no experimentaron. Esto explica también lo oscilante del fenómeno en relación a los jóvenes que no vivieron dichos acontecimientos, pasando del desinterés al compromiso, de manifestaciones con posiciones militantes en relación a esos eventos o por el contrario, silencios y desinformación.

Lo que se pretendió observar, analizar y demostrar a través de este estudio, es que para la región, y especialmente para el caso uruguayo, las memorias que se conmemoran en relación a las últimas dictaduras de América Latina, aún no siendo totalmente consensuadas han encontrado cada vez más eco social, es decir han sido reapropiadas y resignificadas, lo que lleva a afirmar que las mismas se transforman y reformulan con las reivindicaciones y sucesos presentes participando al mismo tiempo de un proceso de información y sensibilización sobre dicho pasado que viene creciendo en los últimos años.

La trasmisión de información, conocimientos, silencios, sentimientos, ideologías, etc. por parte de las generaciones contemporáneas a la dictadura son bienes simbólicos que ya forman parte de las nuevas generaciones; quedará por observarse como continúa desarrollándose este proceso, en la medida que se trata de realidades “abiertas”, casos no cerrados, “pasado que no ha pasado” y que seguramente continuarán transformándose al ser trasmitidas en los próximos años. Comprender qué tipo de transformaciones y nuevas interpretaciones surgirán en las próximas conmemoraciones sobre estos fenómenos será una interesante tarea para los futuros trabajos académicos, de ahí la importancia de “historizar la memoria”.

Por último, en la medida que estas conmemoraciones han pasado no sólo a la esfera pública y política, sino que últimamente han integrado las conmemoraciones que el Estado promueve, reconociendo, legitimando y asumiendo con ello las responsabilidades correspondientes, demuestra que la acción social (por sus diferentes vías de movilización, denuncias, etc.) ha conseguido atraer al Estado como actor importante –y central cuando de verdad y justicia se trata – “presionando” o motivando determinadas políticas públicas de memoria.

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