INTRODUCCIÓN. ANTECEDENTES Y PERSPECTIVA GENERAL DEL ENTORNO EUROPEO

A la sangría que se estaba produciendo en Europa desde 1914, había que añadir las tensiones internas que, en el seno de los ejércitos y de los países beligerantes, comenzaban a aflorar. En Rusia, el ejemplo más sonoro, la popularidad del gobierno provisional descendía en picado, al tiempo que el lema bolchevique «paz, pan y tierra», comenzaba a extenderse de forma incendiaria por todo el país. Asimismo, las deserciones, los motines de soldados, las revueltas y la escasez de alimentos, así como la proliferación de la militancia obrera, se extendían por toda Europa; España no sería una excepción.

En algunos sectores políticos, durante 1917, cobraba fuerza  la convicción de que el orden constitucional establecido en España correría la misma suerte que el de otros países. Eran varios los posibles indicios que sugerían esta posibilidad. Por una parte, el desbordamiento violento por la izquierda de todo el movimiento obrero constituía, llegado el verano de 1917,  una realidad tangible; por otra parte, el hecho de que fueran diputados y parlamentarios absolutamente integrados en el sistema los que lideraran y trataran de cohesionar las protestas, presagiaba una revolución al estilo de la de Francia en 1789^[1]. Esta perspectiva permitía, al menos,  abrigar la "esperanza" de que no se reprodujera un estallido social descontrolado como el que se había producido en marzo de ese mismo año en San Petersburgo.

En otro de los frentes, en el ejército cundía el descontento por el abandono en que los gobiernos tenían al elemento militar, tanto en el aspecto personal como en el material. El exceso de presencia de militares, procedentes en su mayoría de la Guerra de Cuba, no conseguía otra cosa que generar un ambiente antimilitarista en amplios sectores de la población. En consecuencia, cundió el descontento dentro del ámbito castrense y las primeras protestas comenzaron a cristalizar en torno a la política de ascensos llevada a cabo por el Ministerio, en la que la proliferación de favoritismos enrarecía, más si cabe, el ambiente. Así, con el fin de defender el sistema de ascensos por escala cerrada, se establecieron en 1916 y 1917 las primeras «juntas de defensa», si bien este tipo de organismos tenía sus orígenes en  principios del siglo XIX ^[2].

En el plazo de pocos meses, la concurrencia de la Asamblea de Parlamentarios, de las Juntas de Defensa y de la huelga revolucionaria que se materializaría en agosto, pondría a Dato contra las cuerdas.  El día 19 de julio, en que es disuelta la Asamblea de Parlamentarios, casi a modo de presagio de lo que estaba por venir, llegaba la noticia de la declaración de una huelga de ferroviarios en Valencia. La causa era el despido, por parte de la Compañía del Norte, de diez trabajadores. Al parecer, durante altercados entre trabajadores y fuerzas del orden habrían fallecido dos huelguistas. La determinación mostrada por el Gobierno para acabar con las algaradas conllevó la declaración del estado de Guerra. Los sindicatos ferroviarios, solidarizándose con los trabajadores valencianos, habían extendido la convocatoria de una huelga general a todo el país. Esta secuencia de acontecimientos contravenía los tiempos que habían predeterminado los líderes del PSOE, que contemplaban una huelga de este tipo para el otoño siguiente. Dato, entretanto, había tenido tiempo de organizar su estrategia y de hacer acopio de fuerzas; parecía que todo el proceso vivido durante el último mes avocaba irremediablemente a un  final al que tendría que hacer frente con todos los medios disponibles; la huelga revolucionaria de agosto.

LOS PROLEGÓMENOS DE LA HUELGA

Pese a la complejidad para enmarcar los acontecimientos de una forma exacta, podríamos tomar como punto de partida de la situación el 27 de marzo de 1917. Tras numerosos desacuerdos y tensiones entre la CNT y la UGT, se producía un acuerdo entre ambas organizaciones conducente a aunar fuerzas que permitieran una convocatoria exitosa de una huelga general, superando su fracasada colaboración en ese campo, el año anterior. Dicho acuerdo se rubricaba con la publicación de un manifiesto conjunto entre las dos organizaciones. En dicho manifiesto se recogía, entre otras afirmaciones:

"Mas, a pesar de nuestras advertencias serenas, de nuestras quejas metódicas reflexivamente fundamentadas y de nuestras protestas, tal vez más prudentes y mesuradas de lo que exige la agudeza de los dolores que el país padece, es lo cierto que cada día que pasa representa para el proletariado una agravación creciente de la miseria ocasionada por la carestía de las subsistencias y por la falta de trabajo...

El proletariado organizado ha llegado así al convencimiento de la necesidad de la unificación de sus fuerzas en una lucha común contra los amparadores de la explotación erigida en sistema de gobierno. Y respondiendo a este convencimiento, los representantes de la Unión General de Trabajadores y los de la Confederación Nacional del Trabajo han acordado por unanimidad:

Primero. Que en vista del examen detenido y desapasionado que los firmantes de este documento han hecho de la situación actual y de la actuación de los gobernantes y del Parlamento; no encontrando, a pesar de sus buenos deseos, satisfechas las demandas formuladas por el último congreso de la Unión General de Trabajadores y Asamblea de Valencia, y con el fin de obligar a las clases dominantes a aquellos cambios fundamentales de sistema que garanticen al pueblo el mínimum de las condiciones decorosas de vida y de desarrollo de sus actividades emancipadoras, se impone que el proletariado español emplee la huelga general, sin plazo definido de terminación, como el arma más poderosa que posee para reivindicar sus derechos.

Segundo. Que a partir de este momento, sin interrumpir su acción constante de reivindicaciones sociales, los organismos proletarios, de acuerdo con sus elementos directivos, procederán a la adopción de todas aquellas medidas que consideren adecuadas al éxito de la huelga general, hallándose preparados para el momento en que haya de comenzar este movimiento"^[3].

Así, llegado el verano de 1917, los acuerdos entre ambas organizaciones parecían cristalizar con éxito. No era un hecho menor el que, en esta nueva fase de ofensiva general contra el orden constitucional, se produjera, al día siguiente de la celebración de la asamblea de parlamentarios en Barcelona,  la huelga ferroviaria en Valencia. El ambiente reinante de profunda Cristià favoreció la declaración del estado de excepción el día 21 por parte del capitán general de la región, el general Tovar. Este, con el fin de calmar los ánimos de los obreros, liberó a todos los detenidos por los altercados y emprendió negociaciones con los trabajadores. Sin embargo, la Compañía del Norte se negaría a readmitir en su puesto de trabajo a treinta y seis trabajadores de la sección local de la Unión de Ferrocarriles, los cuales habían sido despedidos durante las protestas. Esta actitud por parte de la compañía resultaba incomprensible en todas las instancias de gobierno. El propio rey no alcanzaba a comprender la dureza de la compañía para con los obreros, según se deduce de la correspondencia mantenida entre el marqués de Lema y Dato^[4].

El 2 de agosto, la Federación Nacional de Ferroviarios había anunciado que si los trabajadores despedidos no eran admitidos en un plazo máximo de ocho días, se convocaría a todos sus afiliados a una huelga el 10 de agosto^[5]. La negativa y la cerrazón de la compañía para readmitir a los trabajadores resulta, aún a día de hoy, más que sospechosa. ¿Podría esta negativa fortalecer la hipótesis una intervención de fondo del Gobierno de Dato? Trataremos de dar una explicación a esto; Dato albergaría el objetivo de agravar el conflicto con el fin de rentabilizar un éxito que daba por seguro; los conservadores sostenían, según este criterio que, por reflejo de clase, militares y parlamentarios díscolos rehusarían de la tentación de aproximar posturas con republicanos y con organizaciones obreras en la antípoda ideológica de lo que ellos podían representar. En este sentido, la confluencia resultaba puntual. Por otra parte,  la existencia de contactos y negociaciones a alto nivel, no hacían otra cosa que aumentar la confusión ya existente^[6].

Dato, desde la discreción, dominaba bien los tiempos y era plenamente consciente de que, tarde o temprano, la huelga general sería un hecho. Por una parte, la clave sería marcar él el ritmo de los acontecimientos, de forma que si conseguía que se precipitara, será  también un fracaso. Por otra parte, esa precipitación conseguiría que los militares y los diputados no consiguieran madurar a tiempo una posible actuación conjunta con los obreros. Vinculado a esta idea, un aceleramiento de las movilizaciones, evitaría también que la unidad de acción entre las propias organizaciones obreras no se pudiera materializar todavía, en perjuicio de la coordinación de iniciativas a pie de calle y en favor de su neutralización^[7], como así se produciría. Dato y Sánchez Guerra conseguirían desplegar en esta crisis, y con notable éxito, una auténtica estrategia de división del adversario.

En torno al desencadenante final de la huelga general existen elementos confusos. Trataremos de ahondar en ellos para, así, poder entender la política seguida por Dato y por su íntimo, Sánchez Guerra, en la crisis. Existían tentativas por parte de Cambó para liderar las movilizaciones desde la asamblea de parlamentarios. Estas  eran recibidas con cierto agrado por los líderes socialistas y republicanos, que veían en la propuesta del líder catalán una forma de revolución política relativamente pacífica, alejada de la deriva radical preconizada por los anarquistas. Esta aceptación de Cambó, provocó que todos los planes existentes se pospusieran y quedaran arrinconados en función de la nueva dirección que tomaba la movilización^[8]. Pese a la consecuente ralentización de los planes, desde el gobierno se difundiría de forma intencional el rumor de una inminente huelga ferroviaria, motivo por el cual se cursarían órdenes a las autoridades locales para extremar la vigilancia sobre los líderes sindicales. En dichas órdenes se explicitaba el control especial sobre sospechosos de portar armas^[9], lo cual generaba gran alarma. La enorme difusión de la noticia, no dejaban de generar rumores insistentes acerca de la participación del propio Ministerio de la Gobernación en la creación de los estados de alerta social.

Unilateralmente, por parte de los socialistas, se creó un comité de huelga formado por Largo Caballero, Besteiro, Daniel Anguiano, Saborit y la única mujer dirigente del movimiento socialista, Virginia González. La misión del comité se limitaría a la movilización de la clase trabajadora, pero no a la coordinación de altercados y actividades insurgentes. La noticia del comienzo de la huelga en Valencia causaría a los líderes socialistas una enorme sorpresa y no la recibirían con agrado, si bien, obligados por los acontecimientos, manifestarían adhesión a la misma. ¿Qué es lo que había sucedido realmente? ¿Cómo es posible que tras casi seis meses planificando y aunando criterios, la situación se fuera de las manos y evolucionara fuera de control? En torno a este episodio podemos avanzar hacia dos hipótesis bien distintas. Por una parte, la huelga podía haber sido provocada por agentes que seguían instrucciones del gobierno, lo cual, de demostrarse pondría en una situación muy difícil a Dato. Se había insinuado que Ramón Cordoncillo, secretario de la Federación de Ferroviarios, había provocado de forma precipitada la acción de los ferroviarios de Valencia. Cordoncillo sería expulsado posteriormente de las filas socialistas. Al tiempo, Félix Azzati, un dirigente republicano, bajo la soflama de que el régimen estaba a punto de caer, incitó a los trabajadores ferroviarios a dar el paso hacia la huelga. Cuando este llegó al Barcelona, recibiría una reprimenda por parte de Pablo Iglesias y de Melquíades Álvarez.

La segunda de las hipótesis apuntaría a que Dato tendría como objetivo inmediatoestablecer negociaciones con el fin de desactivar la huelga, la cual estaba adquiriendo en sus primeros días una actividad tensión frenética. Siguiendo esta hipótesis, al parecer, el día 15 de agosto, Dato habría ordenado entrar en negociaciones con el sindicato a través de Rafael García Ormaechea, el cual había militado años atrás en el Partido Socialista y mantenía, al tiempo, fuertes vínculos con el ahora presidente ^[10].  No obstante, la intervención de Dato se vería interrumpida por la intromisión de Cordoncillo, el cual era pariente de Julio amado, diputado conservador que, al parecer, tenía cierta proximidad a Sánchez guerra. Cordoncillo sería expulsado del partido posteriormente. Que convergieron elementos múltiples y contradictorios en la cuestión de las negociaciones, resulta innegable. El tenso debate, así como un ir y venir de cartas y telegramas entre ministro de Fomento, Vizconde de Eza, y los sindicatos ferroviarios, hacían inminente un acuerdo satisfactorio para las partes; de un día para otro, la situación se había embrollado de nuevo de forma incomprensible, propiciando una ruptura definitiva entre las partes^[11].

Sánchez Guerra se acarrearía de una forma especial los odios de los sindicalistas y su figura quedaría muy desdibujada a raíz de sus actuaciones durante la crisis^[12]. Oficialmente era el ministro de Fomento, el vizconde de Eza, el encargado de conducir las negociaciones, pero Sánchez Guerra, el todopoderoso ministro de Gobernación, era obvio que las supervisaría de una forma más que activa. En este sentido, Dato había puesto al frente del Ministerio más expuesto al único que, por sus condiciones personales y políticas, podía enfrentar tal presión y que, junto a otras consideraciones, era un auténtico amante de la ley y el orden, aunque para mantenerlas tuviera que apurar los límites por ellas fijados.

Miguel Martorell, en su biografía de Sánchez Guerra^[13], trata al cruce de acusaciones entre los bandos contendientes. Por una parte, para los sindicalistas, el gobernador civil, con el fin de precipitar de forma prematura la huelga, no quería llegar a acuerdo alguno. Por otra parte, para Sánchez Guerra, simplemente no se habían dado las condiciones adecuadas como para llegar a acuerdos firmes. El propio relato de Martorell nos sugiere algunas dudas en cuanto a la precipitación y a las acciones "discretas" que, dese el Gobierno, se pudieron haber puesto en marcha. Sánchez Guerra, defendiendo posteriormente su gestión durante la crisis, afirma:

"¿Creéis que el cargo que yo desempeñaba me obligaba a esperar pacientemente en huelga de brazos cruzados... a que vosotros creyerais llegado el momento psicológico de preparar tranquilamente vuestro triunfo?"^[14]

Fuera el que fuera el papel del gobierno en el desencadenamiento de la huelga de Valencia, esta se convertiría en la espoleta de los sucesos revolucionarios de agosto. Si Dato había precipitado, o no, la huelga, es un asunto por dilucidar, pero lo cierto es que, como ya hemos afirmado con anterioridad, le convenía que la misma se llevara a cabo en las condiciones en las que se produjo, a espaldas de las Juntas y con la asamblea de parlamentarios disuelta. Resulta comprensible, pues una represión exitosa del peligro revolucionario en esos momentos, conjuraría el peligro de cara al futuro. El Gobierno no podía dejar pasar esa oportunidad.  Por lo tanto, la  posibilidad real de una orquestación entre «bambalinas», enfocada hacia la aceleración del proceso, por parte del gobierno, resulta más que probable^[15].

LA HUELGA Y LA VIOLENCIA DESATADA. LA POLÉMICA GESTIÓN POR APRTE DEL GOBIERNO.

Entre las luces y sombras que se venían dando durante todo el proceso, el ambiente huelguístico, focalizado ya en diversos puntos de la geografía española^[16], cobraba un impulso especial tras los acontecimientos de Valencia. La huelga general quedó finalmente aprobada para el lunes 13. Una buena prueba del éxito de la estrategia  de Dato la apreciamos, precisamente, en la sucesión errores producido por los huelguistas, fundamentalmente,  en términos de coordinación y aplicación de «tácticas» revolucionarias a pie de calle. Esto evidenciaba una notoria falta de madurez en el proceso, fruto de una posible precipitación, como venimos apuntando. La armonización entre las diferentes zonas geográficas, así como entre las organizaciones sindicales, la UGT y la CNT, fue precaria. El primer día de huelga, la dirección socialista fue detenida en Madrid mientras celebraba una reunión en la calle del Desengaño. Los obreros revolucionarios madrileños padecerían de una enorme desorganización en las acciones a pequeña escala^[17], tanto en las comunicaciones con los mandos como entre ellos en las calles.

El 13 de agosto se produjeron violentos choques con la policía, la cual practicó numerosas detenciones. Los transportes, como el tranvía, quedaron muy afectados y el paro se reprodujo masivamente en todas las actividades comerciales de la ciudad. El gobierno optó por declarar la ley marcial, clausurando la Casa del Pueblo y ordenado la detención de su comité. El movimiento se extendió a todo el país. Así lo relataba Lacomba:

"La huelga fue mayoritaria en algunas poblaciones industriales y en algunas zonas agrarias. Fue tenue en Castilla la Vieja, aunque Santander tuvo un paro clamoroso; fue dura y breve en Barcelona y los núcleos industriales cercanos, y larga y grave en Asturias, León y Vizcaya. Estas zonas, junto con Madrid, Barcelona y Valencia, fueron el ápice del movimiento. Éste duró media semana en las poblaciones de menor fuerza sindical; cinco días y una semana, respectivamente, en Madrid y Barcelona; y mayor tiempo en Asturias y León; en un pueblo de esta provincia, en Cistierna, se llegó a proclamar la república; y Sabadell y Bilbao fueron, quizás, las ciudades que presenciaron los sucesos más sangrientos (...)"^[18]

Se trataba de un estado de guerra general en algunos núcleos geográficos del país. Todos los trabajadores de las compañías ferroviarias secundaron el paro, de manera que desde Galicia hasta Andalucía se consiguió paralizar el trasporte de mercancías. La mecha prendida por todo el mapa sobrepasaba a sus organizadores, los cuales perdían el control de la situación. Largo Caballero, desde el ámbito socialista, escribiría años más tarde:

"Acuerdo tan descabellado colocó a la UGT en una situación muy difícil. Si se abstenía, no podía evitar que se uniesen a la huelga ferroviaria los trabajadores de otros oficios en la creencia de que éste era el pretexto para la huelga revolucionaria, no obstante no haber una dirección, ni quien asumiera la responsabilidad, y tal abstención se podría interpretar como una deserción de la UGT y especialmente de la Ejecutiva. Si se aconsejaba no secundar a los ferroviarios, se podía suponer lógicamente que era la desautorización de éstos; debilitaría el movimiento, y, si perdían la huelga caería la responsabilidad sobre la Unión. Todo esto sin contar con la actitud que adoptaría la CNT, a la que habíamos convencido para el desistimiento de la huelga de Cataluña. Ante situación tan dificilísima, se acordó lo más grave: la huelga general revolucionaria para el lunes, cargando así con la responsabilidad de un movimiento que ninguno queríamos,…"^[19].

Dato habría cosechado un notable éxito al decidir precipitar los acontecimientos, tal y como reconoce Ángel María de Lera:

"El Gobierno que, a lo que parece, poseía información suficiente sobre el vasto y ulterior movimiento revolucionario que estaba gestando la alianza CNT-UGT, se inclinó a favor de la compañía, con el fin, sin duda, de obligar a los revolucionarios a echarse a la calle antes de que tuviesen ultimados sus preparativos, para poder así abortar la revolución y dominarla desde el primer momento. Efectivamente, ante tal emergencia el Comité de Huelga de Madrid se vio obligado a precipitar los acontecimientos cursando la orden de huelga general anticipadamente, contra su voluntad y con muy menguadas esperanzas en el éxito de la operación" ^[20].

Dato, desde la presidencia del Gobierno, como afirma Lera, gozaba de suficiente información anticipatoria sobre los movimientos planificados por los sindicatos. Era una información que le permitía, en muchos casos, adelantarse a sus acciones. No obstante, la explosión de violencia nos hace pensar que no era plenamente consciente de la magnitud que las movilizaciones podían alcanzar en términos de orden público. Manejaba información sobre los pasos a dar, pero no conocía la fuerza real a la que se enfrentaba. Esto explicaría, en cierto modo, el empleo gradual de la fuerza por su parte. Una de las evidencias más palpables con respecto a la falta de consciencia real de la situación, la aportaba el marqués de Lema, por entonces Ministro de Estado (Exteriores). Este evidenciaba, en una de sus misivas al rey, el desconocimiento por parte del Gobierno acerca del estado real de la situación:

"Señor

El presidente me ha comunicado por teléfono que cree inevitable el comienzo de la huelga mañana, aunque los muchos telegramas de ferroviarios de distintos lados que la repugnan y no se sienten representados por los de Madrid, hacen sopesar que no sea tan  general e intensa como podría pensarse…

Entre las medidas que el Gobierno concederá convenientemente adoptar el de poseer medios legales en caso necesario para aplicarles escalonadamente. A este fin, mañana someteré a la decisión de vuestra majestad tres decretos…

Estas medidas no son para aplicarlas sino en caso necesario  y escalonadamente, pero el Gobierno necesita estar habilitado para ponerlas en práctica.

No viene entre esos decretos la declaración de esto de guerra en algunas provincias por ignorar el Presidente en cual deberá en su caso implantarse, pero agradecerá mucho a su majestad que le autorice para decretar esa medida en el momento que pudiese ser necesario…

En un momento creyó el presidente que, al desear los obreros hablar en la Compañía sobre los despedidos era tan solo para tratar de probar algún error cometido en caso concreto, pero después ha visto que realmente querían disentir la facultad disciplinaria de aquella, lo que no es admisible.

El Gobierno ha quedado esta tarde una nueva hora para encauzar la opinión, hasta que quedó Dato en telegrafiarme esta noche.

Salvador Bermúdez de Castro"^[21].

En términos de alcance real de objetivos, la huelga fue un rotundo fracaso. El paro fue un éxito solamente en los centros industriales de Madrid, Barcelona, Valencia, Vizcaya, Guipúzcoa y Asturias. En las regiones del oeste, centro y sur de España apenas consiguió tener impacto, con excepción de Río Tinto, Cartagena, y algunos que otros centros industriales o mineros. La preconizada revolución se vio limitada en muchos casos a una revuelta urbana, destacando su virulencia en Madrid, Barcelona, Valencia y Asturias. Una de las claves por las que se abortarían su desarrollo, sería la dificultad de establecer vínculos efectivos entre los activistas urbanos con el campesinado. Esta falta de conexión entre los diferentes ámbitos obreros beneficiaría enormemente a las fuerzas del orden, a las que una extensión del conflicto a zonas rurales les hubiera implicado enormes dificultades. Otro factor en beneficio de la política gubernamental sería la fidelidad del Ejército al orden constitucional. Este, pese a los recientes episodios protagonizados por las Juntas de Defensa, rehuía cualquier clase de confluencia con las corrientes obreristas, alejando la sombra de cualquier clase de frente común con los huelguistas. Con el paso de los días, la política puesta en marcha por el gobierno Dato se mostraba atinada y, en cierto modo, alejaba el tan temido «fantasma» de San Petersburgo, que se iba diluyendo^[22].

Dato había dejado en manos de Sánchez Guerra las medidas de orden público para la contención de la crisis. El debate sobre el calibre y la dureza de dichas medidas estaba servido y los ataques no habían hecho más que empezar. Lo cierto es que la intervención del gobierno se puede valorar desde dos perspectivas distintas. Por una parte, desde la sindical, y en este sentido, los excesos por parte de las fuerzas del orden, se habrían reproducido de una forma incluso más intensa que con respecto a la Semana Trágica^[23]. De ahí partiría que muchos, a pesar de las bondades de la legislación laboral por él preconizada, situaran a Dato a la derecha, incluso, de Maura. Por otra parte y desde otra perspectiva, Dato obró con gran eficiencia en la neutralización de la mayor crisis que se había sufrido en España desde hacía más de un siglo. Sánchez Guerra jugaría un papel mucho más desgastante el propio Dato, políticamente hablando, exponiéndose a una inmolación pública insoportable. El desligue de los tres frentes revolucionarios existentes, constituiría todo un éxito en cuanto a la resolución momentánea del proceso insurgente, y el tándem Dato-Sánchez Guerra, se alzaría en esta ocasión como una herramienta útil, pero también prescindible, como tantas otras, para la Monarquía.

El día 16 de agosto la revuelta había prácticamente llegado a su fin. En esa fecha, el movimiento se vería privado de sus dirigentes, los cuales habían sido detenidos y encarcelados. Haciendo un balance de la violencia puesta en acción, Cataluña, con treinta y siete muertos, registraría el número más elevado de víctimas. En este sentido, también habían existido importantes diferencias de "estilo" entre la CNT y la UGT. Mientras la primera no dudaba en recibir a tiros a las fuerzas del orden y al Ejército en los barrios de Madrid, la segunda presentaba una faz mucho menos violenta en las reivindicaciones. El Ejército actuó con una enorme contundencia. Fueron necesarios varios días de tiroteos e intervenciones para tomar algunos barrios de Barcelona. En lugares como Sabadell las sedes de los trabajadores fueron bombardeadas y reducidas a escombros. El 16 de agosto fue detenido el periodista y diputado republicano Marcelino Domingo. El 18 de agosto el gobierno podía alardear de haber aplastado la revolución. Según las cifras oficiales, se habrían producido setenta y un fallecimientos, doscientos heridos y dos mil detenidos; este era el balance oficial. La realidad, probablemente, duplico o triplicó esas cifras.

Con respecto a las cifras y a las circunstancias finales de la huelga revolucionaria, existen dos documentos, entre otros, que resultan de gran interés. Uno es el informe del General Strike, en el que se pormenorizan los movimientos de tropas, así como el estado en el que se encontraban muchas áreas del país, tanto rurales como capitales de provincia^[24]. Dicho informe es extenso y abarca desde el 16 de agosto, hasta el 21 de agosto, cuando ya apenas se reproducen muy pequeños conatos violentos. Otro de los documentos de posible referencia es el informe estadístico publicado por el Instituto de Reformas Sociales en 1921. En dicha publicación se recogen copiosos datos del período huelguístico; desde víctimas de la violencia sufrida, hasta las cuantiosas pérdidas materiales sufridas ^[25]. Las cifras de muertos y heridos son muy contradictorias, según la fuente, pero el saldo oficial era de cincuenta y dos huelguistas fallecidos, muchísimos más heridos y casi dos mil encarcelados. Tuñón de Lara afirma que solamente en Sabadell se habían producido treinta y dos muertos. En medio de todo esto, y más allá de las cifras de damnificados, se habrían producido escenas esperpénticas y de gran repercusión social, como la protagonizada por el general Echagüe. Este, al parecer, se personó en Madrid, en la cárcel, y sus soldados acribillaron allí mismo a cinco presos. Julián Besteiro relataría en sus memorias un episodio de la represión de 1917 que merece que recopilemos como ejemplo de algunas actuaciones. Los hechos se centraban en la llegada a la cárcel de Madrid de una compañía militar y fueron recogidos del siguiente modo:

"—Deme la lista de los cabecillas.

El director pensó que el rigor que se dispusiera aplicar el general sería atenuable si le daba muchos nombres. Y le contestó: —Mi general, realmente son muchos. Está muy diluida la responsabilidad del plante.

¿Cuántos calcula usted?

Pues, unos cuarenta y cinco.

Bien. Que los saquen de las celdas y los bajen al patio.

El director de la cárcel, temblando, atemorizado, se dio cuenta de lo que el jefe militar se proponía, y suavizó su indicación: —Bueno, mi general, me permito advertirle… En rigor, verdaderamente dirigentes de la sublevación, no son tantos.

Yo me refería a los que se han distinguido algo más, a los que tienen antecedentes levantiscos. El capitán general, sin inmutarse: —Bien, señor director. ¿Cuántos?

 —Pues… serán, desde ese punto de vista… la mitad, aproximadamente… —Los que sean, señor director. Que los saquen y los bajen. Dese cuenta que está proclamado el estado de guerra. Y que yo no dispongo de mucho tiempo.

Por fin, el director de la prisión dio cinco nombres. Y el periodista señor Casares prosigue su relato en estos términos: Se sacaron esos cinco. El general los mandó bajar a uno de los patios largos que rodeaban el muro celular. Precisamente el que daba a la calle de Moret y donde años más tarde yo vería ejecutar a los asesinos de los oficiales de Correos ambulantes del exprés de Andalucía. Uno de los reclusos rebeldes se apodaba «El Sardina», y al bajar las escaleras que conducían a la explanada trató de huir. No parece lógico que pensara que podía llegar hasta la calle y librarse de la irreparable sanción que había sido decretada. Sería el miedo, el pánico irrefrenable lo que daba velocidad a sus piernas. Y se dio una orden. No sé quién la pronunció. No puedo concretar de qué labios salió. Lo que me consta es que «El Sardina»   no llegó al patio. Sus otros camaradas de subversión, sí. Pero con el mismo desenlace"^[26].

En la última semana de agosto la huelga estaba definitivamente vencida; no obstante, el sindicato minero de Asturias mantendría las movilizaciones y los paros durante dos meses más. El Sindicato Ferroviario del Norte lo haría durante treinta y siete días más^[27].  Pese al cese de los altercados a gran escala, la crisis continuaba latente. Tras la represión huelguista, comenzaron los juicios, consejos de guerra, etc., contra los promotores de los hechos^[28].

La política de dureza seguida por Sánchez Guerra no había beneficiado en absoluto a Dato. Ahora bien, ¿hasta qué punto este había nombrado un ministro de Gobernación como «parapeto» ante la opinión de una represión que, se preveía de antemano, sangrienta? Por lo que hasta el momento conocemos de su carácter y temperamento, esta es una pregunta de difícil de responder.  Dato, bien para ejercer de forma directa las medidas adoptadas por Sánchez Guerra, o bien para limitar a este en sus excesos, hizo gala de una enorme debilidad.  Si bien la huelga fue reprimida, no es menos cierto que la mecha del odio visceral hacia las derechas había pendido de forma inusitada.

El Ejército, precursor, por parte de las Juntas de Defensa, de algunos de los acontecimientos previos a la huelga obrera, rehusaba cargar con la responsabilidad de la represión; represión, por otra parte, que retrotraía a la ciudadanía a los dramáticos acontecimientos de 1909. El 29 de septiembre, dos días antes de que Dato dejara el gobierno, un consejo de guerra condenó al Comité de huelga a treinta años de reclusión: Largo Caballero, a Julián Besteiro, a Anguiano y a Saborit entrarían en prisión. Inmediatamente después de esto, las Juntas Militares, reactivando el conflicto anterior a la huelga revolucionaria, volvieron a la carga y, en esta ocasión, reeditaron el ultimátum que tiempo atrás habían dado al gobierno. Dato no estaba ya en posición de resistir por más tiempo. Su labor durante los meses comprendidos entre junio y noviembre se había limitado a la contención de las reivindicaciones militares. Noviembre empezará, a instancias del rey, con un gobierno de concentración encabezado por García Prieto. Había sido superado un peligroso episodio, pero el orden monárquico y constitucional seguía ahondando en una tendencia de descomposición y de permanente crisis institucional y social.

EL SINFÍN DE LA INESTABILIDAD. LA CAÍDA DEL GOBIERNO DE DATO

La resaca, una vez dejados atrás los acontecimientos más graves, no cesaba. Las algaradas callejeras se prolongaron, aunque con menor intensidad, hasta finales de agosto en algunos núcleos como Barcelona, Asturias y Río Tinto. La violencia manifestada en ambos bandos había sido realmente grave ^[29]. En los sectores de adscripción más conservadora del país se había vivido todo el proceso con auténtico pánico a un derrumbe del sistema. Recogiendo testimonios ejemplares, citamos a Miguel Maura, que le relataba por carta a su hermano Gabriel cómo había vivido los días más violentos de la huelga:

"Es asombroso cómo el carácter madrileño, tan pacífico y borreguil, es capaz de dar momentos de arranque como los que han tenido los obreros estos días atrás; a pesar de las ametralladoras y el fuego de fusilería que, sin contemplaciones ni miramientos, hacía la tropa, mujeres y niños aguantando a pie firme tirando piedras y algún que otro disparo de los privilegiados con armas. Lo milagroso es cómo no hay más muertos, aun cuando la razón la encuentran los «técnicos» en que las balas de máuser tardan mucho en producir la muerte...

En Cuatro Caminos y Guindalera, Ventas y Vallecas también hubo lo suyo, y para remate la sublevación de los presos el jueves...

...De burradas y salvajadas no hay que hablar. Desde la de poner los niños de pecho en los raíles de los tranvías para que estos parasen y poder asaltarlos al gusto, hasta apuñalar por las espalda a un cabo que estaba tranquilamente de centinela en Cuatro Caminos, todo lo que han podido hacer han hecho..."^[30].

Y continuaba diciendo:

"...Todo esto no es nada, pues que ya pasó; ahora el interés está que lo que ocurra con los detenidos cabecillas,...Hay, además, otras noticias relacionadas con las Juntas de mucho interés político, y creo firmemente que durará muy poco este Gobierno una vez restablecida la normalidad; pero, por ahora, no deja de pavonearse atribuyéndose el éxito de la represión..."^[31].

Las condenas al comité de huelga, serían duramente criticadas. No obstante, reeditándose lo acaecido en 1909, la presión llegaría del exterior, pero en esta ocasión, con mucha menos intensidad, pues los países europeos estaban inmersos todavía en la sangrienta carnicería y, todos los brotes reivindicativos de origen popular eran eclipsados por los acontecimientos bélicos. Otro conflicto, que había sido, en cierto modo, integrado, pero no extinguido, era el de las Juntas de Defensa. Una vez dejada atrás la gran crisis revolucionaria que había sufrido el país, Dato se enfrentó de nuevo al problema militar. Las Juntas de Defensa de Infantería seguían funcionando y reuniéndose, como si de un simple paréntesis se hubiera tratado. En septiembre, en una de estas reuniones, se habían adoptado algunos acuerdos. Estos serían recogidos en una polémica nota que, sin autoría declarada, circularía por los acuartelamientos de todo el país. Que las Juntas de defensa de Infantería hicieran circular un documento de este tipo evidenciaba la persistencia del problema. Dicha circular contenía incisivas críticas hacia el estamento político y, más en particular, hacia el Gobierno. Uno de los aspectos que de forma más crítica aparece en dicho documento, es el relativo a la «moralización» de la vida pública:

"...A la huelga general planteada en toda España quiso dársele orientación revolucionaria por determinados elementos en algunas poblaciones, no logrando hacerle adquirir tal carácter...Salvo en determinadas localidades, en las además no ha tenido caracteres de gravedad....

El Arma, que al sobrevenir tal estado de violencia atendió al desarrollo de los fines marcados en los documentos en que se exteriorizó su modo de sentir respecto a la marcha de la política interior y a la necesidad de moralizarla...."^[32].

El segundo de los puntos que trata el documento gira en torno al estado de excepción. Como venimos comentando, los militares rehuían de la identificación, que la mayor parte de la ciudadanía les atribuía, con las secuelas que la huelga de agosto había conllevado: represalias, estados de guerra, juicios sumarios, etc. La autoría de las medidas represivas adoptadas, se convertía en un problema del que tanto civiles (Dato), como militares (Juntas) rehusaban hacerse cargo:

"... (El Ejército) debía imponerse la misión de conservar y restablecer rápidamente el orden, según los casos, volviendo al ambiente de serenidad general, único posible para el desarrollo de nuestro planes y de los que urgentemente requiere la nación" ^[33].

Otro aspecto al que se aludía era a la inoperancia del Gobierno a la hora de desactivar la huelga, sabiendo de los detalles de la misma previamente. Esto respondería a la más que probable intencionalidad por parte del Gobierno por precipitar los acontecimientos, no poniéndoles trabas, tal y como venimos sosteniendo. La labor de deslinde, por parte de las Juntas, de la política gubernamental conllevaba una petición expresa, por parte de estas, de la retirada del estado de excepción y de otras medidas:

"Terminados estos sucesos, quedan como lamentables consecuencias de ellos, los procedimientos judiciales a que dieron origen, perdurando el estado de excepción constitucional aún, con el estado de guerra y suspensión de garantías....

...Restablecida la normalidad por el esfuerzo del Ejército más que por las previsiones de los Poderes a quienes se hizo llegar aviso de la probable alteración del orden, sin que la previnieran –como si entrara en sus fines el que se realizaran tales temores –, conveniente sería para el desarrollo de la vida nacional que las medidas de excepción desaparecieran. Aceptables eran como medidas preventivas, si con ellas habían de evitarse posibles contingencias; pero esto no ha ocurrido..."^[34].

El desmarque de las Juntas con respecto al Gobierno no solo era real, sino público. Esto dejaba a Dato y a Sánchez Guerra al borde de una crisis gubernamental. La Junta de Infantería no cesaba en la circulación diatribas y documentos críticos, los cuales hacían continuas referencias a asambleas que se seguían llevando a cabo con absoluta asiduidad. Si Dato había conseguido que, en el momento álgido de la crisis, las juntas  se pusieran del lado del Gobierno para garantizar el orden constitucional, pasado el conflicto, los militares regresaban a su política asamblearia. Esto socavaba cualquier esperanza por parte de Dato de que, a raíz del paréntesis huelguístico, se consolidara una solución del conflicto militar. El golpe, para el gobierno, era letal. Las juntas se manifestaban en los siguientes términos:

"Imprevisión del Gobierno fue el que una huelga que debió desarrollarse pacífica tomase en algunas localidades el carácter de revolucionaria; sin grandes dificultades logró dominarla  ̶ no es cuestión de discutir su triunfo ̶̵̵   pero sí conviene al Ejército evitar que habilidades política echen sobre él exclusivamente la responsabilidad de la represión y sus consecuencias: que por generalización de conceptos se pretenda colocar al Ejército contra el pueblo, que en su mayoría estuvo ausente del movimiento revolucionario, vertiendo especies, como se hace, que le induzcan a creer que el Ejército es quien sostienen el estado de guerra y quien exige escarmientos, más próximos a la cruel venganza que a la ecuánime justicia, propia del carácter generoso de los que son fuertes y lo saben...

Estas habilidades políticas, con las que se pretende aislarnos y hacernos odiosos a la opinión, y que forman serie con otras con que se busca dividirnos para podernos batir y vencer por fracciones, no podemos ni debemos consentir. Por otra parte, tal vez quien se mueve por encrucijada y la lucha en la cloaca; el Ejército, a la luz del sol y a la vista de la nación, para ella y por ella...

Para esta lucha necesitamos luz y ambiente; necesitamos sentir latir la opinión, y aún más, que no se la engañe ni desoriente; y a todas estas conveniencias se opone la suspensión de garantías y la consiguiente censura de la prensa, amordazada para una porción de asuntos, pero inspirada oficiosa y engañosamente en ciertos otros que pueden originar perjuicios. No puede esto continuar así; si existen asuntos que deban ser reservados para la libre discusión, solo pueden ser estos los de orden internacional en determinados límites y tendencias. Para todos los demás casos que puedan constituir delito o peligro, existen recursos en la ley y en el Poder ejecutivo, sin necesidad de recurrir a medidas generales ni de excepción...."^[35].

Entendiendo el documento como una provocación, el Gobierno no podía permanecer inactivo ante el mismo. Los temperamentos salen a la luz; Sánchez Guerra, como no podía ser de otra manera, hace llegar una circular a los gobernadores civiles; su contenido, incendiario:

"Las Juntas de Infantería, por lo numerosos de sus elementos, por la indiosincrasia propia de la raza, sus cualidades de soberbia, vanidad, cultura superficial y demás pasiones que se desarrollan en los espíritus ociosos, no han de prosperar, y en sí mismas y en su reglamento (que tanto defienden), está su descomposición y su muerte; por consiguiente, se les debe dejar hacer, sin darles importancia; solo se ha de procurar vigilarlas, por si hubiera tendencia por algún partido político...

...se deben averiguar los nombres y tendencias de los representantes, para tenerlos en cuenta en su día, pasado el período álgido, y proceder con energía"^[36].

Sánchez Guerra, a pesar de negar infructuosamente la autoría de dicha nota,  se situaba en el foco de las Juntas. Estas parecían regresar a la confluencia con los parlamentarios asamblearios;  unos y otros hicieron del ministro de Gobernación un objetivo a batir. Dato, antes de partir de viaje hacia San Sebastián, donde al parecer se reuniría con el marqués de Lema, reiteraba la falsedad de que su ministro de Gobernación tuviera relación alguna con la circular. Sánchez Guerra  aludía a una coordinación política con tintes conspiratorios en su contra, y acusaba a Cambó de estar detrás de todos los movimientos que iban en contra el gobierno ^[37]. El propio presidente, Dato, no mostraba excesiva esperanza de solución de la crisis, a pesar de lo cual no dejaba de manifestar que se trataba «sencillamente de una falsedad grotesca que alguien había hecho circular por molestar al ministro de la gobernación» ^[38].

El gobierno, a pesar de ser plenamente consciente de irreversibilidad de la situación, seguía presentando batalla. Sánchez Guerra, insistente con la idea de la conspiración, no iba desencaminado al tratar de involucrar a Cambó en los hechos. Este último haría una última intentona de atraer a Maura a su causa e invitarle a que liderara un movimiento que echara a Dato, con un último movimiento, del poder^[39]. Maura, sabedor de que un acuerdo fuera de todo orden monárquico podía perjudicarle, presentó una negativa rotunda a la propuesta y volvió a negarse^[40]. Detrás de todo este proceso de seducciones políticas, no dejaba de esconderse un drama; Maura, ingenuamente, mantendría la lealtad al sistema, pero el rey nunca ocultaría su preferencia en el trato personal con Dato o con Romanones, antes que con él^[41]. El político conservador hacía, con su carisma, demasiada sombra a un rey obsesionado por ser el centro de interés de la política nacional. La fuerte personalidad de Maura lo hacía menos vulnerable a las manipulaciones del Monarca y una cesión ante Cambó habría socavado su credibilidad.

A Dato, el éxito se le estaba volviendo en contra y, pese a una gestión ciertamente eficaz de la crisis, su situación no salía de la interinidad. Haber conseguido la fidelidad de los militares en contra los obreros huelguistas, coadyuvó al mantenimiento del estatus quo del país, pero firmaría su sentencia política. El Ejército, con la venia del gobierno,  había rebasado los límites en la represión de la huelga, pero el responsable político de todo ello era él, Dato. La Juntas veían como la relativa popularidad alcanzada en junio, tras unas reivindicaciones razonables, se volatilizaba rápidamente tras su actuación en los sucesos de agosto. En su desvinculación posterior de los hechos, descargarían, sobre  Dato y Sánchez Guerra, su ira^[42].  El ciclo de dimisiones, abandonos, declaraciones y polémicas parecía no tener fin. Lo último, la dimisión del general Primo de Rivera al no poder hacer frente, según la versión oficial, a la presión de las juntas por la destitución del capitán general de Valencia.

Detrás del asunto, se escondía otra realidad. En un gobierno ya desahuciado, tal vez por cobardía, tal vez por ingenuidad, Dato comenzó a tratar el asunto con cierto cinismo e hipocresía, pues era conocedor de la verdadera causa de la dimisión del general^[43]. Esta, producida el 17 de octubre, venía precedida de declaraciones del propio  Dato afirmando ante la prensa que había realizado esfuerzos denodados por que el general permaneciera en su puesto. La realidad, era que Dato necesitaba a alguien que aplacara el problema de las Juntas y apostó por el general Marina, aprovechando la reputación que ostentaba este en el seno del Ejército. No obstante, los militares ponían a Dato sobre aviso de la infructuosidad del relevo^[44]. Su gobierno estaba ya sentenciado y el rey barajaba la figura de García Prieto al frente de un gabinete de concentración, lo cual se produciría el 27 de octubre.

Dato había errado el cálculo y contaba con un apoyo social que no tendría. Prueba de ello era que, en cuanto se levantó el 7 de octubre el estado de guerra, la lluvia de críticas que cayó sobre él se hizo insoportable. No solamente eso; Cambó volvía a la carga de la mano de los parlamentarios, que se reunirían en a mediados de ese mismo mes. En esta ocasión, el Gobierno, al haberse reestablecido las garantías constitucionales, no podría hacer nada contra ellos. Dato, absolutamente bloqueado, era objetivo de furibundas críticas por su aparente inacción ante unos acontecimientos que solo parecían genera en él un enorme cinismo como respuesta. Lo cierto es que Dato, llegado a este punto, parecía vivir una parálisis, un lapsus, en el cual parecía mantenerse impasible ante las circunstancias. Su único argumento era la supuesta confianza que el Monarca seguía depositando en él.

Hasta Maura,  abandonando un largo silencio, salió a la palestra denunciando la falta de autoridad del Gobierno y acusándolo de rendir el poder civil ante las exigencias de las Juntas, de indignidad pública y de otros «elogios»:

"Me limito, por tanto, a decir que mientras las causas del mal perduren será difícil que éste no se agrave, si admite todavía agravación. Lo que acontece, es en suma, una crisis del prestigio y dignidad del Poder público; crisis que habría sido peligrosa aun dominándola rápidamente, y que se agrava perdurando meses, y meses

En las personificaciones legítimas de la autoridad no reside, en efecto imperio, ni este en aquella, sino también en el razonable obsequio de la obediencia que presten los gobernados.

 De este ascendiente moral y político carecen positivamente los que necesitarían tenerlo....La mayoría inmensa de la Nación, ausente del Gobierno y descontenta, ansiosa de conseguir remedio sin trastorno..."^[45].

La catarata de críticas no tenía precedentes y las viejas rencillas empezaban a aflorar de forma inmisericorde. En La Acción, órgano maurista, se llegaba al  extremo de publicitar una venganza en «frío» sobre las carnes de Dato; venganza por todo el proceso que llevó a Maura a alejarse del poder en favor de Dato en 1913. Afirmaba con dureza el diario: 

"Si a cualquier mortal le hubieran dicho los periódicos lo que ayer le dijeron al señor Dato, sin comentarios, limitándose a publicar documentos incontrovertibles, a estas  horas se hubiera pegado un tiro o hubiera tomado pasaje para el país más remoto" ^[46].

El 24 de octubre, en el Heraldo de Madrid, el Coronel Márquez carga contra Dato, afirmando que el Ejército sufría las carestías e injusticias de forma similar a la población en general y que ningún gobierno de izquierdas o derechas, habían aportado una mínima solución. Al discurso de tinte regeneracionista expuesto por Márquez, había que sumar la amenaza velada de que las Juntas podrían apelar al rey con el fin de obtener reparaciones. Cambó, en su línea insistente, declaraba al Monarca:

"…el mismo Sr. Cambó, expuso al rey que la crisis no era de Gobierno ni de partido, sino del sistema tradicional de los dos turnos y, por consiguiente, que debía formarse un Ministerio de amplísima y sincera concentración, poniendo al frente de Gobernación persona que no procediese de ninguna agrupación política, lo mismo que los gobernadores que fuesen nombrados, y procediendo en seguida a la constitución de unas Cortes que por la pureza de su origen tuviesen plena autoridad para afrontar los más graves protolenias, aun los de carácter constitucional, y fuesen las que señalasen la hora en que los Gobiernos deben abandonar el Poder. Expuso también al Monarca las aspiraciones autonomistas de Cataluña"^[47].

Dato no conseguía arrancar del rey el decreto de disolución de las Cortes, lo cual perpetuaba sobre sí una desgastante exposición en un gobierno que solamente podía llegar a su fin con una caída estrepitosa del mismo. La convocatoria electoral le habría permitido organizar, desde el poder, unas elecciones a todas luces favorables y, de este modo, constituir una mayoría suficiente para poder administrar la crisis sin limitaciones y cortapisas parlamentarias. Hasta el último momento, contempló Dato la posibilidad de que se produjera un movimiento del rey en este sentido; no obstante, la posibilidad que un mayor crédito alcanzaba en círculos políticos, de cara a la salida de la profunda crisis, era la formación de un gobierno con Maura a la cabeza. Esta opción era rechazada vehementemente por el rey. Dato parecía permanecer inerte en medio de la crisis: por una parte, el partido liberal estaba totalmente dividido; por otra parte, los conservadores estaban cada vez más ausentes de los cargos relevantes y, en consecuencia, su poco peso en la administración política se evidenciaba de un modo creciente. La fórmula política del «turno» mostraba, llegado este punto, un agotamiento importante e irreversible.

En España y América se recogía de forma ilustrativa la situación generada por la desquiciante situación:

"...La situación del Sr. Dato era insostenible, pese a todos los optimismos, que no debían de ser sinceros, del jefe del partido gobernante, y así, el Gobierno cayó. Pero cayó de modo poco airoso, según declaraciones del mismo Sr. Dato... fue preciso que el Monarca se diese por enterado de las diversas corrientes de opinión en las altas esferas de la política e indicase al Sr. Dato la conveniencia de celebrar consultas y, por consiguiente, de dejar expedito el ejercicio de la regia prerrogativa. Y así fue como se planteó la crisis más honda, más intrincada, más laboriosa y de mayor trascendencia que hemos visto en España, a lo menos desde la Restauración acá" ^[48].

El 1 de noviembre, el Gobierno de Dato ya era historia.

CONCLUSIONES

Eduardo Dato, pese a la "docilidad" y discreción de su personalidad política, resultó ser un estadista controvertido; amabilidad cortesana en las formas e indiscutible firmeza en la defensa del orden público. En el verano de 1917  se pusieron especialmente de manifiesto las paradojas y contradicciones con las que este político conservador convivió durante toda su trayectoria. En este sentido, resulta significativo el hecho de que, abanderando las reformas obreras desde su primer ministerio en 1899, sufriera en sus carnes como presidente la huelga general más virulenta de cuantas se habían producido. El odio que había suscitado entre los dirigentes sindicales no guardaba, aparentemente, una relación lógica con una trayectoria política ciertamente comprometida con la reforma social. Un claro ejemplo de la aversión que Dato consiguió evocar lo constituye un artículo publicado a los pocos meses de la huelga en El Socialista, en el que se afirmaba:

"Pero el resultado de su conducta cínica e insultante (refiriéndose a Sánchez Guerra), más propia de un chulo que del que tiene a su cargo la jefatura de un ministerio, puede verlo ahora.

Pocos Gobiernos habrán caído con tanto descrédito como el de Dato, y pocos, muy pocos, habrán sido tan odiados por la clase trabajadora como el de ese nefasto político"[49]

Probablemente, una de las causas del odio manifestado en particular hacia Dato, habría que buscarlas en el relativo éxito de la estrategia seguida por este para neutralizar las revueltas. En 1917, la clave de su política estribaría en desligar totalmente los tres frentes abiertos. Parcelarlos y dividirlos fue el objetivo que persiguió y que consiguió alcanzar. El daño que esta política hizo a la lucha sindical fue enorme, dejando las manos libres al Gobierno para combatir, llegado agosto, la concurrencia obrerista, con todos los medios disponibles. Dato puso de manifiesto una gran capacidad de gestión a corto plazo en situaciones complejas, como hemos podido comprobar con las Juntas de Defensa, evidenciando una gran eficiencia en un escenario harto complicado; no obstante, no demostraría destreza suficiente para recoger réditos políticos de sus actuaciones.

La lucha obrera no se limitaba a promover la caída de un gobierno, de un presidente del consejo; se orientaba a un ámbito más elevado, sistémico, estructural. No era el relevo de Dato, el cual se produciría el 1 de noviembre, el principal objetivo sindical, sino que las metas eran mucho más ambiciosas. Si como afirma Tuñón de Lara[50], en el intervalo 1917-1920 se produciría una quiebra definitiva entre la clase obrera y cualquier sector de la burguesía,  los acontecimientos del verano de 1917 señalarían, de forma especial, un hito en este proceso de fragmentación, haciendo imposible en un futuro cualquier suerte de reconciliación entre ambas.

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REVISTAS Y PUBLICACIONES

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INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES: Dirección General de Trabajo e Inspección: Estadística de las Huelgas. Memoria de 1917 y 1918. Madrid, Sobrinos de la Suc. de M. Minuesa de los Ríos.

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