Transiciones y continuidades: una interpretación socio-histórica acerca de la crisis económica de América Latina

Germán Carrillo García

Universidad de Murcia (España)

Resumen: ¿Cómo debemos interpretar las transiciones y las continuidades de la naturaleza de la crisis económica en América Latina que, a pesar de las diferencias entre los sistemas políticos, e incluso las aspiraciones de los gobiernos “progresistas”, parecen menos significativas que la situación común en la que se halla la región? En este trabajo he tratado de objetivar históricamente las perturbaciones de la crisis económica latinoamericana desde el comienzo de la era neoliberal con el fin de derribar los mitos o ambivalencias teóricas que, deliberadamente o no, se adscriben a la corriente principal del pensamiento económico.

Palabras clave: América Latina, crisis económica, neoliberalismo, “giros” a la izquierda, neoextractivismo.

Transitions and continuities: a socio-historical interpretation about the economic crisis of Latin America

Abstract: How should we understand the transitions and continuities of the nature of the economic crisis in Latin America that despite the differences between political systems, and even the aspirations of "progressive" governments, seem less significant than the common situation in the region? In this paper I have tried to objectify historically the perturbations of the latinoamerican economic crisis since the beginning of the neoliberal era in order to overthrow the  myths or theoretical ambivalences that, deliberately or not, are ascribed to the mainstream of economic thought.

Key Words: Latin America, economic crisis, neoliberalism, Left Turns, neoextractivism.

Introducción

En su audaz y heterodoxo trabajo “Globalization and the myth of free trade” el economista Anwar Shaikh proporciona sólidos argumentos que contribuyen a desmitificar la reductio ad absurdum basada en la simbiosis entre “liberalización comercial y crecimiento más rápido”. Shaikh afirma que “casi todas las experiencias exitosas de crecimiento orientado a las exportaciones han sido el resultado de un comercio selectivo y de políticas de industrialización”. Allí donde surgían países con economías florecientes, la planificación política corregía la discrecionalidad del mercado y solo se defendía el libre comercio cuando éste ofrecía “ventajas comparativas”. Argumentos que pueden ser colegidos “no solo en los últimos tiempos sino incluso en el pasado”, cuando las economías avanzadas del núcleo central del capitalismo se hallaban inmersas “escalando la escalera del éxito”[1]. En otros términos, contra la teoría económica convencional, si el proteccionismo “ha impulsado el crecimiento en algunos periodos en ciertos países”, de acuerdo con Ocampo, también ha sido un obstáculo en otros, tesis igualmente válida con respecto al libre comercio[2]. Nada más significativo en este sentido que el desarrollo y abrumador crecimiento de las economías de Japón, Corea del Sur, Taiwán, Singapur y más recientemente China, se basara en una combinación de “políticas de comercio altamente selectivas” y reformas agrarias y fiscales, entre cuyos efectos se favoreció la modernización de las bases agrícolas como prerrequisito para impulsar los sectores manufacturero y comercial. Contrariamente, la “liberalización total” de las economías chilena (que mantuvo un crecimiento menor del 1% per cápita entre 1974-1989), mejicana (después de 1985) o Argentina (1991) que Shaikh cita como ejemplos significativos en América Latina, desencadenó la aniquilación a un mismo tiempo de “sectores débiles” como potencialmente fuertes y, sin duda, conllevó un “gran costo social durante un largo periodo de tiempo”[3].

Paradójica, aunque no sorprendentemente dada la expansión ecuménica de la revolución neoliberal, una de las características más significativas del último tercio del siglo XX ha sido la progresiva liberalización de la económica global, debilitando amplia y profundamente el locus classicus del capitalismo de Estado, que en América Latina debemos situarlo en los años que siguieron a la quiebra de la economía mundial en 1929. Fue el periodo en el que la conducción económica estuvo a cargo de políticas gubernamentales que intentaron corregir racionalmente las consecuencias de la Gran Depresión que se habían transmitido, como era de prever, a través del principal motor del crecimiento económico, el sector externo. Pero la recuperación no conllevó un vínculo inevitable y dependiente del “modelo de crecimiento basado en la exportación”, ni tampoco supuso la construcción de una ineficaz “economía semicerrada”. De hecho, durante los años treinta se sentaron las bases para impulsar una transición hacia el crecimiento basado en la industrialización que tendría su formulación más acabada en la tesis Prebisch (1950), conocida como industrialización por sustitución de importaciones (ISI). En síntesis, se trataba de una acertada impugnación del modelo de desarrollo volátil y dependiente que caracteriza a las economías excesivamente especializadas en la producción de un número reducido de materias primas. Pero para conseguir reestructurar la economía y limitar la dependencia del sector externo era (como es) evidente que el mercado “autorregulado” no bastaba. Por ello, no fue fortuito que surgieran tensiones y contradicciones entre ideologías políticas irreconciliables. La defensa que hacían políticos y economistas tecnócratas de una industrialización promovida por el Estado era vista desde la perspectiva de los intereses estadounidenses y de sus homólogos conservadores en la región como un obstáculo al anhelado “retorno radical hacia las fuerzas del mercado”. Pero el advenimiento de la ortodoxia de mercado aún quedaba alejado de la historia de América Latina de mediados del siglo XX. De hecho el crecimiento industrial dirigido por la burocracia estatal de los años cuarenta y cincuenta produjo una serie de cambios tan considerables que, glosando a Bulmer-Thomas, la “industria y el PIB real en muchas repúblicas fueron capaces de orientarse en la dirección opuesta a la exportación de bienes primarios”[4]. Tendencias que se prolongarían con el apogeo del comercio internacional de los años sesenta, estimulando así la diversificación de las exportaciones de la región e incentivando el crecimiento eficiente de exportaciones manufacturadas, especialmente en países donde el modelo de industrialización se había constituido más sólidamente, como fue el caso de México, Brasil y Argentina, pero también en países más pequeños como Chile y Uruguay[5].

Considerando en su conjunto los programas ISI “con todos sus problemas”, y de acuerdo con Palma, generaron una de las mayores tasas de crecimiento económico en los países de la región, al menos durante los decenios de 1950 y 1960. Durante la siguiente década, sin embargo, el crecimiento económico se basó en una combinación de creciente “endeudamiento externo” y nuevos hallazgos de reservas petrolíferas. Pero también estuvo marcado por un nuevo entorno económico resultado de un “programa radical de liberalización comercial y financiera” que debilitó la economía política planificada por el Estado, provocando, entre otras consecuencias, una “abrupta reversión” en las estrategias de industrialización[6], así como una “regresión extrema en el equilibrio de poder de las clases sociales”[7]. Políticas neoconservadoras que, como señalaba Hirschman en 1987, eran adoptadas como una nueva “religión económica” por la mayor parte de las élites latinoamericanas con todas sus prerrogativas: “mercados libres, privatización e inversión extranjera privada”[8], eludiendo, por supuesto, cualquier indeseable e innecesaria injerencia política en los asuntos económicos, al menos según las prescriptivas ambivalencias de los teóricos neoclásicos[9]. Pero además, allí donde el doux commerce[10] no podía actuar con “libertad”, la mano visible y violenta de los regímenes militares despejaba “el camino para aplicar políticas neoliberales”. ¿Cómo, en todo caso, se pudo llevar a cabo una “venta al por mayor” de los patrimonios industriales nacionales, dilatada mucho más notablemente durante las dictaduras en Chile, Uruguay y Argentina, sin debilitar cuando no hundir “la capacidad del pueblo para defender sus intereses”? Los tres países citados habían alcanzado éxitos considerables e incluso disfrutaron, siguiendo a Sader, de amplios sistemas de protección social públicos, con una importante actividad en la expansión de los mercados domésticos, satisfaciendo así el “bienestar social de la población” a través de la prestación de servicios públicos[11].

Pero el agotamiento de las reformas monetaristas junto con la crisis de la deuda internacional se combinaron con un escenario social alentado por amplias capas sociales excluidas de la utopía neoliberal, esto es, poblaciones indígenas y marginados en general de un sistema político privatizado y frecuentemente corrupto, aunque nominalmente democrático. Como consecuencia, “los vientos cambiaron en dirección opuesta” cuando en 1998 es elegido Chávez como presidente de Venezuela, y cuatro años después llegaba al Palácio do Planalto un antiguo obrero metalúrgico y sindicalista, Luiz Inácio Lula da Silva que había fundado el Partido dos Trabalhadores (PT), “como intento de crear una nueva forma de política de la izquierda, más allá de la socialdemocracia y del comunismo soviético”[12].

En definitiva, el monetarismo escolástico pasó a la retaguardia al tiempo que parte de la nómina política en la región comenzaba a desplazarse hacia la izquierda. Entretanto, mientras el siglo de la hegemonía americana languidecía (afirmación que en ningún caso pretende “distorsionar el cuadro general de la dominación estadounidense en curso”, así como la significativa “presencia de otras potencias secundarias como Canadá”) [13], la economía del país más poblado del mundo, China, incrementaba espectacularmente las demandas de productos primarios y recursos naturales con escaso valor agregado. Esta nueva atmósfera del comercio mundial generaría una fase expansiva de crecimiento económico en América Latina a través de la vigorización del sector externo de materias primas, pero también, y precisamente por ello, agravó procesos de desindustrialización prematura[14]. Fenómenos que en absoluto pueden ser considerados como tendencias ex novo, o adscritos exclusivamente a la praxis política de la izquierda latinoamericana, tal como se ha querido ver entre ciertos sectores críticos[15]. ¿Cómo podemos, entonces, interpretar las transiciones y continuidades de la naturaleza de la crisis económica en América Latina que a pesar del escenario ampliamente “diverso” entre los sistemas políticos, e incluso los anhelos por parte de los gobiernos “progresistas” [16], parecen aspectos menos significativos que la situación común en la que se halla la región? En lo que sigue intentaré objetivar históricamente las perturbaciones de la crisis económica en la región desde el principio de la era neoliberal con el fin de derribar los mitos o ambivalencias teóricas interpretativas que, deliberadamente o no, se adscriben al mainstream del pensamiento económico.

Doux commerce  o el mito del libre mercado

Jeffrey G. Williamson en Comercio y pobreza [17] afirma que “el orden económico mundial vigente en 1960” se centraba en el hecho de que los países que formaban la heterogénea periferia pobre mantenían un común denominador económico cimentado en la exportación de mercancías básicas o materias primas, mientras que los países del centro originario del capitalismo se dedicaban a exportar productos manufacturados. Sin embargo, ¿podemos compartir las conclusiones del autor cuando declara que aquel viejo orden  ha quedado “obsoleto” gracias a concesiones políticas como la “capacidad del voto de los trabajadores” y ciertas prerrogativas a los “pequeños capitalistas urbanos”, o por el fortalecimiento de instituciones y políticas públicas que han inhibido “el poder económico de individuos” interesados exclusivamente en obtener beneficios particulares?[18] Como veremos, las consecuencias económicas, políticas y sociales de la reconfiguración del comercio mundial en América Latina nos conminan a observar la interpretación de Williamson con menos optimismo.

Al mismo tiempo que los gobiernos del llamado “giro a la izquierda”, situados en el siglo XXI, intentaban reducir la pobreza y ampliar las bases sociales de la democracia a través de políticas que tendían a reformar el capitalismo neoliberal, sus economías gravitaban peligrosamente en torno a mercados de monoexportación de bienes primarios. No solo eludían con frecuencia necesarias reformas económicas dirigidas a incentivar la diversificación de los factores productivos, sino que la explotación de recursos naturales, virtualmente ilimitados, constituía el motor del crecimiento económico. El paradigma hegemónico que había conquistado la región desde el decenio de 1980 conocido como el “Consenso de Washington”, fertilizado por el monetarismo neoliberal, fue cediendo paso al “Consenso de Beijing”[19]. Mientras el primero supuso la respuesta neoconservadora a los cauces de devolución de la deuda internacional que, en palabras de Ocampo, constituyó “el episodio económico más traumático que ha experimentado América Latina a lo largo de su historia”[20], así como el programa de ofensiva de la derecha mundial contra políticas típicamente keynesianas, el segundo vino a demostrar, contrariamente a la interpretación de Williamson[21], que la “clásica imagen” de las economías periféricas podía nuevamente ofrecer un cuadro muy realista de regiones delimitadas por un patrón intensivo de especialización combinado con altos niveles de desigualdad y abundancia de recursos naturales[22]. En este aspecto, nada más revelador que las cifras de las cinco principales exportaciones de bienes primarios y materias primas del conjunto de países de la región (exceptuando a México y Costa Rica) que en el año 2014 representaban “como mínimo el 80% del valor total de las exportaciones” dirigidas al pujante mercado chino[23]. Y es que la decuplicación del comercio internacional de productos primarios en Argentina o Brasil, por ejemplo, desde principios del siglo XXI que provocó un vigoroso crecimiento económico del 8%, no fue sino a expensas de transformar a estos países en una “vasta plantación de habas de soja”[24]. Grandes regiones fueron adaptadas a los requerimientos agrícolas para plantaciones de cultivos de uso múltiple, es decir, los denominados “flex crops” o “cultivos comodín” destinados a uso alimentario o bien como fuentes de energía, teóricamente sostenibles, basadas en los biocombustibles[25]. Un nuevo avatar del capitalismo provocó niveles de concentración de la propiedad de la tierra similares al periodo precedente a las reformas agrarias de los decenios sesenta y setenta, concentración que, según Kay, pudo observarse notoriamente en Chile, Ecuador y Perú[26]. Sin embargo, como era predecible, antes o después, la acumulación de capital basada en el boom de materias primas llegaría a su fin, y sus consecuencias en entornos económicos dependientes y escasamente diversificados serían acusadas. El optimismo sostenido por las altas tasas de crecimiento del sector externo que había caracterizado a la primera década del siglo XXI con porcentajes incluso de dos dígitos (el ritmo de crecimiento hasta 2010 fue de 16% anual) alcanzando el PIB un promedio regional del 5%, se había reducido drásticamente no rebasando el 1% en 2014[27]. Una vez más América Latina había quedado “atrapada en la era de la austeridad”[28]. La contraofensiva de los gobiernos de izquierda a la hegemonía neoliberal había quedado subordinada, inadvertidamente, a ciertas exigencias que ya fueran apuntaladas por el Consejo Nacional de Seguridad norteamericano durante la administración Eisenhower (1953-1961), a saber, la misión de la América meridional debe reducirse a “producir materias primas y a colaborar en la defensa hemisférica”, eliminando al mismo tiempo cualquier elemento subversivo[29].

Con toda certeza es imposible eludir el vínculo existente entre las crisis de la economía mundial y las transformaciones de las fases del pensamiento intelectual y político. Es, sin embargo, mucho más complejo sin la debida distancia histórica considerar cuán afortunados estuvieron los analistas con respecto a la sociedad que pretendieron interpretar. Así, mientras los cáusticos estudios “dependentistas” durante la década sesenta y principios de la siguiente cargaban los demonios del subdesarrollo de América Latina principalmente sobre la hegemonía estadounidense, cuyas razones y argumentos no eran en absoluto caprichosos, durante ese mismo periodo (para ser preciso entre 1950 y 1980) la “productividad por hora trabajada” en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela “creció a una tasa promedio anual real del 3%”; un desempeño que, visto por Palma, “no tenía precedente en la región”. Las tendencias económicas estaban mostrando que el capitalismo periférico no iba a colapsar “bajo su propio peso”, tal como predecían con frecuencia los emocionales y prescriptivos “dependentistas”[30]. Sin embargo, había sólidas razones y datos empíricos para confirmar que la prosperidad se distribuía muy restringidamente. Al mismo tiempo que el crecimiento del producto interior bruto regional durante el periodo citado mantuvo una tasa anual promedio del 5,3%, las desigualdades sociales no se quedaron rezagadas. Así lo observó Hirschman: “la información referente al crecimiento económico, el aumento de los ingresos per cápita, los avances de la industrialización y la elevación de las clases medias, se mezcla indisolublemente en la América Latina con tendencias y percepciones contradictorias”. Surgieron tensiones sociales y desequilibrios regionales, la urbanización visibilizó mucho más la inveterada y extendida pobreza y, sin duda, “la eficacia del Estado para corregir estos efectos secundarios del crecimiento económico distaba mucho de ser satisfactoria”[31].

En resumen, mientras las políticas económicas que siguieron a la Gran Depresión se cimentaron sobre ciertas tendencias de diversificación económica así como por procesos de industrialización bajo el marco del Estado, combinado con políticas selectivas con el mercado internacional (ISI), el periodo que siguió a 1980 estuvo delimitado por la decadencia de las manufacturas y el alza de productos básicos, y por supuesto por el progresivo apogeo de las finanzas[32]. El neoconservadurismo económico al considerar a la administración gubernamental como una “herramienta maligna” contra el bienhechor espíritu de la elección pública y los rendimientos de los intereses privados[33], contribuyó a exacerbar el “mito de libre mercado”, minando así cualquier expectativa que aproximase a los países del Sur global hacia el modelo de economía mixta que tanto éxito había reportado a los países del Atlántico Norte durante la fase del capitalismo reformado de posguerra. Por tanto, desde la perspectiva de la economía ortodoxa el Estado ha sido considerado como una antinomia del mercado; siendo el primero un “camino de servidumbre” hacia la inversión pública o la regulación gubernamental, proponiendo como alternativa, evocando a Hudson, al segundo: un “camino de servidumbre por deudas, deflación y austeridad”[34]. No hay mejor ejemplo en este sentido que la espiral de políticas macroeconómicas recesivas compelidas por “las intervenciones falsamente neutras”[35] de las Instituciones de Bretton Woods, adoptadas sin demasiadas impugnaciones por los gobiernos latinoamericanos durante la “década perdida” de 1980[36]. El vigoroso crecimiento económico que había caracterizado a la región durante el periodo de 1950-1981 quedó estancado entre el último año citado y 1990 no superando el 1,3%. Este desfavorable entorno económico se agravó y confluyó con la crisis de la deuda externa, la subida de los tipos de interés de Estados Unidos en 1979, así como con tasas elevadas de inflación y desempleo junto a una grave caída salarial (por no mencionar el espectacular incremento de la economía sumergida). Por su parte los índices de pobreza y de indigencia crecieron durante la década de 1980: “El número de los oficialmente clasificados como pobres alcanzó 204 millones de personas en 1990, frente a los 136 millones de diez años atrás”[37]. Como consecuencia, todas o casi todas las repúblicas latinoamericanas reorganizaron la economía política siguiendo las disposiciones neoliberales con la finalidad de responder a “las demandas a corto plazo de los sectores clave del capital y no a las necesidades del sistema en su conjunto”[38]. A la vez que los teóricos neoliberales exorcizaban al Estado considerándolo un problema y no una solución a la crisis sistémica, los sectores productivos y comerciales vigorizaron el motor económico de materias primas que favoreció un modelo cortoplacista destinado a la devolución de la deuda externa[39].

Ciertamente, si el periodo de máximo apogeo de los teóricos de la dependencia (con todas sus escisiones internas) durante las décadas de 1950 y 1960 estuvo caracterizado por la identificación de la debilidad de las políticas de industrialización y la abrogación del sistema latifundista (que llevó a converger, por cierto, a la burguesía local con los partidos comunistas ortodoxos)[40], como los obstáculos a superar con el fin de alcanzar el desarrollo del que gozaban las economías noratlánticas, tras la era neoliberal las alternativas a una economía cimentada en la mitología del libre mercado quedaron marginadas. La asombrosa demanda de recursos naturales por parte de la economía china no sólo ha alterado los “términos comerciales” favoreciendo a los “productores de materias primas (hasta 1990 esos términos eran en general negativos), sino que también ha impuesto una intensificada competencia a largo plazo entre Estados, corporaciones e individuos ricos por el control sobre la tierra, los recursos naturales y otras fuentes relevantes de ingresos rentistas”[41]. Sin duda, a generar esta situación de desequilibrio ha contribuido enormemente el debilitamiento de los acuerdos comerciales de integración económica como alternativa contrahegemónica a los frentes liderados por la Organización de Estados Americanos (OEA); organización que desde su fundación en 1948 ha sido considerada recurrentemente (y no sin sólidos argumentos) por ciertos sectores críticos como una extensión de la “maquinaria política exterior de Washington”[42].

Frente al espíritu mitológico del libre mercado, celebrado por autores como Sachs y Warner en “Natural Resource Abundance and Economic Growth”, se alzan las consecuencias experimentadas por aquellos países que lo persiguieron sin recelos. Los autores califican taxativamente de “gran error histórico” la “hipótesis de Prebisch”, ofreciendo como alternativa “políticas más simples y más básicas” con el fin de elevar las tasas de crecimiento nacional, a saber: “el comercio abierto” libre de injerencias burocráticas[43]. Sin embargo, ¿no consistía, acaso, la idea subyacente de la tesis Prebisch en una elección política cuyo objetivo era “detener el deterioro de los términos de intercambio mediante intervenciones en los mercados de commodities”? Intervenciones de las que, paradójicamente, han gozado aquellos países que más denodadamente han defendido el libre comercio, como por ejemplo, los países de la Unión Europea con la política agraria común, o Washington con los subsidios al sector agrícola [44].

A la luz de lo expuesto, es evidente que la construcción de una nueva división global del doux commerce no ha sido accidental. De hecho, cabe argumentar que ha sido la ortodoxia económica la que tanto en el campo político como, sorprendentemente, en buena parte del mundo académico, ha fosilizado las alternativas al fetichismo del libre mercado. A esclarecer dicha simbiosis dedicamos ahora nuestra atención.

Path dependency o el mito del origen y las ambivalencias partidistas

Es evidente que toda narrativa histórica es selectiva, modelada e incluso desfigurada por el historiador, pero en ocasiones los relatos se acoplan sin rigor, en palabras de Boldizzoni, a “narrativas del pasado compatibles con la ideología neoliberal” [45], o con cualquier otra que intenta proyectar la política del presente hacia atrás en la historia. Sin embargo, tal vez no sería forzoso compartir la afirmación de Clark y North acerca de que América Latina continúa “siendo la misma de siempre”: una región “atrapada en un ciclo poscolonial de jerarquía y dominación, violencia y exclusión”[46]. Un esbozo reforzado por Burchardt quien no duda en aseverar que la modalidad económica basada en la extracción y comercialización de materias primas “ha marcado el devenir de América Latina desde la conquista, con el saqueo de los metales preciosos y la represión colonial hasta la fecha”[47]. Palabras que evocan, en cierto modo, el sentimiento intelectual que surgió tras la segunda posguerra mundial compartido por estructuralistas y dependentistas (aunque sus fórmulas políticas divergían, manifestaban un consenso del subdesarrollo regional), acerca de que América Latina estaba atrapada en una “especie de callejón sin salida evolutivo”[48]. Así fue interpretado por Hobsbawm en 1967 en alusión a los movimientos revolucionarios de liberación nacional entre los cuales subrayaba a los países “nominalmente independientes pero en la práctica semicoloniales de América Latina”[49].

Sin embargo, cuando el origen de uno de los factores de la desigualdad como puede ser el muy significativo de la distribución de la renta en la América Latina contemporánea pretende ser interpretado, entre otros factores, por la “alta concentración de la tierra ya desde el mismo momento de la formación de la Colonia”[50], eludiendo cualquier alusión a las drásticas y severas crisis fiscales y económicas que siguieron a la era neoliberal en la región, “la importancia de la historia” para Milanovic y Muñoz es francamente insuficiente y, evocando a Bloch, se precipita hacia el vacío al pretender explicar lo “más próximo por lo más lejano”[51]. Naturalmente, con Milanovic y Muñoz, la apropiación por parte de una minoría social de la propiedad de la tierra o de cualquier otro recurso natural en entornos políticos que soslayan las prerrogativas democráticas como pueden ser, en expresión de Lavinas, los “servicios públicos desmercantilizados”, puede considerarse sin la menor duda una explicación plausible acerca de las desigualdades sociales en Latinoamérica. Pero, contra Milanovic y Muñoz, y como acertadamente arguye Williamson: “la idea de que la desigualdad de América Latina tiene sus raíces en su pasado colonial es un mito”[52], que se aproxima inadvertidamente al determinismo de la “brigada de la maldición de los recursos naturales” [53] (que abordaré más adelante), construyendo en cualquier caso una narrativa inmovilista y unívoca de la historia. Así, los autores, al establecer una comparación de la proporción de familias con acceso a la tierra entre el México de 1910 y los Estados Unidos de 1900 rehúyen en su análisis, deliberadamente o no, la reorientación del papel político y económico del Estado mejicano inducida por la administración cardenista (1934-1940) que desencadenó todo un intenso ciclo de reformas fiscales, reformas que en absoluto podían atribuirse exclusivamente a México. De hecho, y siguiendo a Bulmer-Thomas, durante la tumultuosa década de 1930 la transformación “más importante” en la región radicó en “sustituir las políticas económicas autorreguladas por el uso de instrumentos de política que tenían que ser activados por las autoridades”[54]. De esta manera, durante los seis años de la administración cardenista, marcados por las turbulencias de la economía mundial y los ecos de la Revolución (1910-1920), al mismo tiempo que se afectaba a la (heterogénea) hacienda tradicional (pero también a prósperas empresas mejicanas y estadounidenses) [55] se hizo entrega de algo más de 20 millones de hectáreas de tierra a campesinos ejidatarios y sindicatos agrícolas como resultado de una profunda reforma agraria. Un elenco campesino cuya constelación de intereses durante la Revolución les llevó “a aliarse con las fuerzas más diversas: la clase media revolucionaria, los hacendados revolucionarios, incluso los hacendados no revolucionarios, y los Estados Unidos”[56]; intereses tan variopintos como los de la aristocracia rural que a ojos de Milanovic y Muñoz es esbozada como un grupo monolítico modelado por el pasado Colonial.

¿Sería plausible, además, realizar una interpretación rigurosa de la desigualdad del México contemporáneo soslayando los acontecimientos que provocaron que este país, que llevó a cabo la primera revolución del siglo XX en América Latina quebrando el régimen exactor de la hacienda tradicional, se transformara durante la década de 1980 en uno de los países más grandes del déficit entre los países en desarrollo, debiendo importar hasta el 40% de sus necesidades cerealícolas? No fueron las élites coloniales, ni el presunto modelo heredado del régimen colonial, las que incrementaron las demandas de carne durante la década de 1960, sino las clases medias y alta mejicanas, que tal como argumenta Raj Patel, provocaron que el gobierno decidiera desplazar los subsidios fiscales, otorgados a la producción de cereales (trigo y maíz principalmente), hacia el cultivo de sorgo, gramínea rica en proteínas que servía de alimento a la cabaña ganadera[57]. Pero además, la drástica transformación política de la sociedad mejicana que se había iniciado “por la fuerza de la revolución” fue reestructurada por un Estado burocratizado que durante los primeros años de la década de 1990 adoptó una “revolución desde arriba” [58], fuertemente constreñida por la programática preceptiva del neoliberalismo que actuó sobre la política económica de diversas formas.

En primer lugar, desde la crisis de la deuda en 1982 quedó manifiestamente claro, y no solo en México, que “el poder estatal debía proteger las instituciones financieras a cualquier precio”, socializando debidamente las consecuencias de los riesgos que eran asumidas, por supuesto, por el pueblo mejicano (como ha señalado Harvey “el nivel de vida de la población cayó aproximadamente una cuarta parte en cuatro años tras el rescate financiero”). Esta conducción de la política explicitaba, por otro lado, las ambivalencias del proyecto neoliberal al contravenir sus propios presupuestos básicos de “no intervencionismo” en los asuntos económicos, solo en la medida en que sus beneficios no se vieran afectados[59]. En segundo lugar, dado que los teóricos neoliberales así como sus paladines políticos se oponían decididamente a cualquier planteamiento colectivo, las políticas agrarias estuvieron marcadas por un incisivo énfasis en la “privatización, descolectivización y el registro y titulación de tierras”, y para ello se debía recurrir, naturalmente, al “imperio de la Ley”. Así, en 1992 el gobierno mejicano modificó el artículo 27 de la Constitución (sancionado en 1917 por Venustiano Carranza) “permitiendo la privatización y la venta de tierras del sector reformado o ejidal”; cambio constitucional que, en expresión de Kay, constituyó “un símbolo poderoso de los vientos neoliberales” que estaban arrollando América Latina[60]. Evidentemente, contra los teóricos neoliberales, aquel artículo de 1917 legitimaba la soberanía popular fundamentada en el derecho de propiedad funcional a los bienes comunales. Como había quedado claro desde Maquiavelo y su interpretación sobre la naturaleza de la corrupción, ésta “consiste en apreciar el bien privado por encima del público y su causa está en la división en facciones, que buscan beneficiarse y por ello proponen leyes no por el bien de las liber­tades comunes, sino para aumentar su propio poder”[61].

Por otro lado, la epifanía de la liberalización del comercio que vinculó de forma asimétrica a México con respecto a los intereses de las empresas estadounidenses y canadienses a través de la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) en 1994 fue el tercer factor que alteró la economía política del país. Pero también benefició considerablemente a los intereses de un reducidísimo sector social que Krugman ha denominado, evocando el vocabulario de la demonología del partido demócrata estadounidense de las postrimerías del siglo XIX contra los especuladores de aquel periodo, como la segunda era de “robber barons” [62]. Carlos Slim, “el industrial más maligno de México”[63], valiéndose de sus amistades políticas se lucró con las privatizaciones estatales durante la década de 1990. En 2007 “el tesoro de Slim” equivalía “a algo menos del 7% de la producción total de bienes y servicios de México”[64]; un país en el que según estimaciones del Banco Mundial en 2016 algo más del 50% de los hogares vivía en el umbral de la pobreza[65]. Al tiempo que la riqueza se distribuía hacia arriba, el sector agrícola mejicano sufría los subsidios estadounidenses al maíz y otros productos; pero también un minoritario sector agroindustrial se beneficiaba del control vertical ejercido sobre los agricultores minifundistas cuyas propiedades no sobrepasan el límite de la subsistencia[66].

¿Por qué deberíamos sustraer de nuestro análisis los hechos esbozados hasta aquí con el fin de objetivar los procesos que condujeron a la concentración de la propiedad de la tierra y, en general, al incremento de la desigualdad en el México del presente y, por el contrario, aun cuando sea considerada una hipótesis, limitarnos a mirar exclusivamente al pasado Colonial a través del determinismo ahistórico y simplista de la path dependency? “En el vocabulario corriente, nos dice Bloch, los orígenes son un comienzo que explica. Peor aún: que basta para explicar. Ahí radica la ambigüedad, ahí está el peligro” [67].

Pero mientras Williamson, tal como señalamos, asevera acertadamente que indagar en el pasado Colonial buscando allí respuestas a los orígenes de la desigualdad contemporánea de la región es un “mito”, afirma, por otro lado, que la “historia de la desigualdad que convirtió a América Latina en la región más desigual hoy día” (2015) tiene su origen en la “época de la antiglobalización” que el autor fecha entre 1913 y 1970[68]. De esta manera, si el análisis de Milanovic y Muñoz queda fosilizado en los orígenes coloniales, Williamson renuncia a traspasar la década en la que comenzaba a propagarse en la región la revolución neoliberal. ¿Es posible sostener, sólidamente, que la actual desigualdad que embarga a América Latina se halla cimentada en el único periodo de la historia del siglo XX en el que se “pusieron en marcha ambiciosos programas de industrialización” combinados con políticas selectivas de libre comercio? Ciertamente la desvinculación con la economía internacional fue desmesurada e incluso, como arguyen Ffrench y colegas, el “descuido del sector exportador fue llevado a tal extremo que cuando los mercados internacionales para productos básicos aumentaron finalmente hacia finales de los años cincuenta, la oferta de América Latina tenía poca capacidad de respuesta”[69]. Sin embargo, el estancamiento económico de la década de 1980 mantuvo velado el desarrollo económico comparativamente pujante alcanzado en Latinoamérica durante las tres décadas anteriores. Aspecto que condujo a Hirschman a interrogarse si, tal vez, la región había contado con sus trente glorieuses en alusión a la prosperidad económica de la Europa de posguerra, aun a pesar de la obstinada renuencia particularmente marcada en América Latina a “reconocer el progreso mientras se está desenvolviendo”[70]. Naturalmente, este entorno de crecimiento económico en absoluto prescindió de profundas desigualdades sociales, a pesar de que el PIB promedio regional superaba por tres décimas un vigoroso 5%[71]. Pero es innegable que la categórica afirmación de Williamson que proyecta hacia atrás la política de la desigualdad del presente lo lleva a rehuir los acontecimientos posteriores a 1970, o sea, el periodo histórico en el que América Latina, comenzando por Chile, servía como laboratorio experimental que vino a corroborar, en expresión de Hobsbawm, que el “liberalismo político y la democracia no son compañeros naturales del liberalismo económico”[72].

Aquí tampoco fueron las élites coloniales chilenas las que quebraron el proyecto político de la “revolución desde abajo” del gobierno de Unidad Popular de Salvador Allende (1970-73). Y en absoluto fue una consecuencia inevitable de la “historia que importa” para Williamson. Fue la imposición de una soteriología laica basada en el ultraliberalismo de la escuela de Chicago, combinado con sectores reaccionarios chilenos, la que propagó a un mismo tiempo la privatización del Estado, la represión política y social, así como una reversión de las políticas sociales reformistas. “Este es el lado inquisitivo, citando a Hudson, de la economía de libre mercado”[73]. Pero, incluso allí donde las decisiones políticas pretendían reorientar la discrecionalidad de la “mano invisible” de los mercados “autorregulados”, las instituciones financieras supranacionales empleaban todo su arsenal ideológico para impugnarlo. Así, por ejemplo, cuando a finales de la década de 1990 el Estado chileno decidió usar los recursos económicos ahorrados en un fondo de estabilización, creado en 1985, con el fin de corregir políticas excesivamente procíclicas inducidas por la bonanza exportadora del cobre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) insistió en que no lo hiciera, basando su argumento en que se trataba de un “gasto deficitario”. En consecuencia, y de acuerdo con Stiglitz, la economía chilena sufrió un acusado descenso del crecimiento[74]. Pero también un espectacular incremento de la concentración de la riqueza que, al escribir esto, detenta un minúsculo 1% formado por élites empresariales que se apropian de un tercio del ingreso nacional.

En resumen, los teóricos neoliberales así como los políticos que abrazaron dicha ideología en la región generaron un “medioambiente” que, a diferencia de las políticas selectivas implementadas, por ejemplo, en las emergentes economías asiáticas, confería ventajas y oportunidades político económicas exclusivamente al capital “financiero-especulador”[75]. La región quedó de esta manera dominada por élites cuyo espíritu del capitalismo les llevaba a menospreciar deliberadamente toda voluntad para generar las bases sociales, políticas y económicas que caracterizan, al menos en teoría, al Estado moderno. Sin embargo, debemos interrogarnos con Gudynas si no acabó, acaso, el nuevo modelo neoextractivista reproduciendo “la estructura y las reglas de funcionamiento de los procesos productivos capitalistas” inclinados abiertamente hacia los paradigmas de la “competitividad, la eficiencia y la maximización de renta, así como la externalización de los impactos sociales y ambientales”[76]. Todavía más, ¿no terminó este entorno económico agravando procesos de desindustrialización iniciados durante las reformas económicas y de liberalización comercial y financiera durante el decenio de 1980?

Las vías abiertas hacia el neoextractivismo, el Mito de la maldición de los recursos naturales y las alternativas éticas

Efectivamente, después de la década setenta las economías latinoamericanas quedaron fuertemente vinculadas a “los mercados financieros internacionales y a las políticas monetarias y fiscales de las economías de mercado desarrolladas” [77]. La desindustrialización de los países de América Latina que también se iba extendiendo por las economías noratlánticas, modeladas ambas regiones por las políticas neoliberales, tuvo como era predecible consecuencias muy diversas, pero en conjunto se podía colegir que el hecho de que los primeros adolecieran de una renta per cápita mucho menor que los países del núcleo central del capitalismo supuso un obstáculo considerable hacia una transición “más madura de industrialización”[78]. Así, durante los años noventa para el conjunto de la región el sector manufacturero, como contribución del PIB, estaba quedando rezagado ante el crecimiento de los sectores comercial y financiero, tendencia que vista un cuarto de siglo después no ha dejado de acrecentarse. Mientras en 1990 la industria manufacturera mantenía una contribución al PIB de en torno al 19%, el comercio y las finanzas lo hacían con algo más del 35%. Si en 2015 estos últimos sectores no habían variado sustancialmente, la aportación del manufacturero, por el contrario, había descendido situándose en un 14%[79].

Sin embargo, el hecho más notable fue el papel subordinado que adquirió la región frente al desplazamiento del centro de gravedad de la economía mundial hacia China. Al mismo tiempo que el gigante asiático entre 1998 y 2008 se transformaba en el octavo país con mayor número de ventajas comparativas del mundo (pero también el primero en emisiones de dióxido de carbono)[80], América Latina, por el contrario, exacerbó una tendencia económica que dejaba las vías abiertas hacia el neoextractivismo. En 2014 tanto como el 80% del conjunto de exportaciones dirigidas al mercado chino estaba formado por combustibles fósiles (principalmente petróleo), mineral de hierro, cobre en sus distintas formas, soja, harina de pescado, madera, azúcar, e incluso residuos de metales. Pero a la vez que las exportaciones procedentes del sector primario se incrementaban, también lo hacían las importaciones del nuevo taller del mundo: los productos manufacturados chinos que apenas representaban un 2,3% en el primer año del siglo XXI, alcanzaron un 16% trece años después. Así, por ejemplo, mientras el mercado doméstico uruguayo era inundado por teléfonos móviles y computadoras made in china (en torno al 22% de las importaciones uruguayas procedentes del país asiático hacia 2014 eran productos de alta tecnología), las habas de soja (incluidas las cultivadas en la zona franca de Nueva Palmira) representaban el 52% de las exportaciones del país latinoamericano[81]. Si la familia empresarial coreana Samsung competía “mano a mano” con la empresa global Apple en el sector de tecnología punta, “algunos de sus análogos chilenos” no solo incrementaban considerablemente su riqueza personal, mucho más que sus pares coreanos, sino que sus empresas exportaban “concentrado de cobre”, barro cuyo contenido de metal apenas alcanzaba el 30%[82]. En un caso extremo, al tiempo que la economía venezolana incrementaba el PIB pasando de un tímido 0,3% en 1998 a un pujante 5,6% en 2012, redistribuyendo los beneficios de las exportaciones petrolíferas entre amplios sectores sociales excluidos secularmente de las esferas política y económica, las transformaciones estructurales de una economía que podía importar hasta el 70% de la cesta alimentaria no habían sido resueltas. “No había en esto nada del pretendido socialismo bolivariano, afirma Fontana, sino un sistema de beneficios sociales que dependía de los precios del petróleo y que no estuvo acompañado por un esfuerzo para transformar la economía venezolana”[83].

¿Cuál es la razón de esta obstinada tendencia hacia la especialización en mercados de exportación de bienes primarios? ¿Se trata de una “maldición de los recursos naturales”, es decir, de una inevitabilidad paradójica que sufren aquellos países que cuentan con abundantes dotaciones de materias primas abocados a una permanente dependencia e inestabilidad cíclicas? En absoluto. Se trata de una premeditada conducción de la política económica. Si el neoconservadurismo extendió la creencia de que no importaba tanto el cómo se distribuyera la riqueza sino que ésta se creara, o citando a Robert Lucas: “De las tendencias nocivas para una economía saneada, la más seductora, y en mi opinión la más venenosa, es la de centrarse en los aspectos de la distribución”[84], las élites políticas nominalmente a la izquierda, aunque no exclusivamente, creyeron advertir en la extracción y comercialización de bienes primarios de escaso valor agregado las supuestas “ventajas comparativas” que podían contribuir a corregir rápidamente las considerables tasas de pobreza e indigencia de sus respectivos países. Sin embargo, como acertadamente afirma Rodrik, si el “crecimiento económico es el instrumento más poderoso para reducir la pobreza”, no es menos cierto que allí donde la estabilidad del crecimiento ha perdurado ha sido porque los “gobiernos reestructuraron y diversificaron sus economías”[85]. La experiencia latinoamericana, por el contrario, ha mostrado con el avance de la globalización económica, que los “grados de libertad” y de voluntad políticas para generar alternativas a rentas no manufactureras han quedado socavados por una combinación de ideología y de orden institucional global[86].

De este modo, factores como la vulnerabilidad de la “lotería” de los precios del mercado de materias primas, de acuerdo con los términos empleados por Díaz-Alejandro[87], junto al deterioro de la voluntad política para generar una adecuada diversificación de las economías domésticas, combinado con las contradicciones sociales derivadas de las seculares batallas políticas (nacionales e internacionales) por el control de los recursos naturales, han precipitado invariablemente comportamientos económicos procíclicos (agravados por la ausencia de fondos de estabilización para periodos de recesión). Precisamente, por ello, no ha sido fortuito que el recrudecimiento de la pobreza en la región coincidiera con el debilitamiento de los precios de materias primas, la moderación del crecimiento global y un deterioro de los flujos de capital. Factores que a su vez provocaron que el vigoroso crecimiento del 5% de los años diez fuera reemplazado por tasas más austeras del 1%[88]. Cuando desde 2012 esas tendencias se acrecentaron, la favorable disminución de la pobreza que había sido reducida del 45,9% de principios de siglo a un 28,5% según estimaciones para 2014 (atenuando también la extremadamente pobre del 12,4 al 8,2%) comenzó a invertirse, haciendo que el número de personas calificadas oficialmente como pobres alcanzara al escribir esto la cifra de 187 millones, o sea, un 30,7% de la población latinoamericana[89].

Aun así, con todo, no deberíamos en nuestro análisis minimizar la reorientación política de los gobiernos progresistas que, de una u otra manera, intentaron corregir tendencias que mantenían excluidos a amplios sectores sociales de las virtudes del crecimiento económico. De hecho, no fue casual que el apogeo de los programas de asistencia social de “transferencia monetaria condicionada” coincidiera con el crepúsculo de las políticas neoliberales en Latinoamérica. Si en 1996 el número de personas pertenecientes a los colectivos más marginados de la región que recibía algún tipo de prestación a través de esta modalidad de cobertura social no alcanzaba el millón de beneficiarios, en 2015 suponía un quinto de la población regional, es decir, 132 millones de personas[90]. Sin embargo, cabe interrogarse, en qué grado estas políticas sociales “compensadoras” han contribuido a mantener congelada la opción universalista de un Estado social, limitándose a una disposición “paternalista” o “lógica bismarckiana”, al condicionar las “prestaciones educativas y sanitarias básicas” a cambio, de acuerdo con Burchardt, de una “adecuada” conducta política[91]. Es evidente que la competencia por los votos entre los electores no ha sido una práctica exclusiva de los partidos de izquierdas. Como tampoco puede colegirse que los programas de transferencia monetaria condicionada hayan sido genuinos de la política social de los gobiernos progresistas, tal como queda atestiguado por el hecho de que en 2016 veinte países de la región contaran con algún programa de asistencia social de este tipo [92]. Pero, con toda certeza, contrariamente al paradigma del Estado social encauzado a salvaguardar y equiparar “el acceso y las oportunidades, con independencia del nivel de ingresos y del estatus social”, la asistencia social del siglo XXI se levanta sobre la base inestable y abiertamente excluyente de los “mecanismos de mercado”,[93] aspecto regresivo que, como sabemos, no es excepcional de la política social latinoamericana.

Conviene recordar, a tenor de lo anterior y a través de Laclau, que cuando “el futuro de la comunidad está en juego” ningún movimiento político puede estar exento de populismo, entendiendo por tal término la interpelación política del pueblo “contra un enemigo, mediante la construcción de una frontera social”. Siendo así, el populismo no puede afirmarse más que como una “alternativa radical del espacio comunitario” ante un orden económico sistémico que asfixia y desgasta tanto a la voluntad colectiva como a la pretendida exaltación de la libertad individual. Ante esta encrucijada, el populismo es la expresión misma de la política, por ende, concluye Laclau, la política es inseparable del populismo[94]. De hecho, cuando ese orden económico que asfixia la voluntad colectiva se ha pretendido subvertir con el fin de ampliar la capacidad fiscal del Estado y con ello las concesiones de las políticas sociales, las contradicciones de los intereses de clase se han exacerbado. Así quedó demostrado cuando los incidentes racistas, incluyendo matanzas de campesinos, fueron el violento corolario de los intransigentes movimientos sociales autonomistas de las ricas regiones bolivianas dotadas de gas natural y de petróleo, reacios a ceder fácilmente ante la nacionalización decretada por el gobierno de Evo Morales[95].

Estas contradicciones sociales acontecidas en los campos de batalla nacionales forman parte inevitable del desarrollo desigual y combinado que gravita sobre el Sur global, lo que a su vez, en palabras de Davidson, ha generado espacios nacionales inestables “en sus relaciones sociales internas” y una búsqueda permanente, y frecuentemente desesperada, de mercados, materias primas y oportunidades de inversión[96]. Pero, aun considerando que estas turbulencias e inestabilidades intrínsecas de los estados nacionales puedan superarse, estimulando además un crecimiento económico keynesiano, la convergencia global de una tasa de crecimiento convencionalmente aceptada del 3% anual puede generar, y de hecho está generando, abrumadores problemas ambientales. No resulta consoladora, afirma Harvey, la forma en la que “China se está cubriendo de autopistas y automóviles y se está lanzando a una urbanización y construcción de nuevas ciudades a una velocidad vertiginosa”, al mismo tiempo que “extiende su influencia cada vez más” en la apropiación global de recursos naturales y tierras en todo el mundo, como ha sido el caso de América Latina[97]. De este modo, aquellos países de la región que han buscado desesperadamente elevar los índices de crecimiento económico, aprovechando este favorable entorno internacional inducido por los precios de las materias primas, han relegitimado la acumulación de capital cimentada sobre la base de la “apropiación intensiva de la naturaleza”[98]. Sin embargo, no sería infundado aseverar que los gobiernos progresistas han sido tan hostiles con el medioambiente como lo fueron sus homólogos conservadores. De una u otra manera, nunca quedó desterrado del pensamiento político el secular ethos del progreso capitalista definido de forma extraordinariamente precisa por el filósofo francés Cousin como “Le triomphe de lʼhomme sur la nature”[99]. Dicho de forma más prosaica: la “condescendencia irónica” del expresidente uruguayo José Mujica con los “ecologistas”[100] lo aproxima, de forma inesperada, a las vehementes palabras enunciadas por un expresidente conservador ecuatoriano durante la Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (1972) en calidad de secretario general de la OEA: “Las medidas para la protección de los ecosistemas representan un lujo que las naciones latinoamericanas no deberían permitirse”[101]. ¿Habría cambiado de opinión Galo Plaza, el citado expresidente, si hubiera podido observar adelantándose a su propio tiempo, cómo en torno al 40% de los ecosistemas naturales de Ecuador se hallaban a principios del siglo XXI “transformado”, pero también “degradado o destruido”?[102]

En nombre de la satisfacción de las exigencias del capitalismo durante la era neoliberal, siguiendo a McMurtry, se celebraron acuerdos con empresas transnacionales asiáticas que después de haber “destruido en gran medida las selvas tropicales de su región” podían continuar explotando “20 millones más de hectáreas de selva en la cuenca del Amazonas, sin límites a la destrucción de hábitats de vida permitidos”[103]. Sin embargo, si la “época posneoliberal” fue ampliando o recuperando el “protagonismo del Estado” con el fin de corregir los daños sociales de los excesos de los mercados “autorregulados”, la vulneración de los derechos humanos, la usurpación de derechos consuetudinarios de las comunidades locales indígenas y campesinas, inter alia, no desaparecieron del infame patrimonio de violencia histórica de la región[104]. Al escribir esto, es probable que más de dos centenares de conflictos sociales y ambientales estén relacionados directamente con la extracción minera [105]. Porque, contrariamente a ciertos argumentos, allí donde la tierra y los recursos naturales han sido apropiados por selectas minorías empresariales no siempre se dieron en condiciones de arreglos institucionales turbios, corrupción y falta de transparencia de gobiernos débiles al frente de estados frágiles. Como han demostrado Borras y colegas con respecto al fenómeno del acaparamiento de tierras en América Latina, éste se ha producido en “escenarios con condiciones políticas liberal democráticas relativamente estables como en Brasil, Uruguay y Argentina” [106]. Aunque, como sabemos, también se dieron bajo abyectas condiciones como en el caso colombiano “donde los proyectos mineros han avanzado bajo el escudo protector de los escuadrones de la muerte paramilitares”[107].

En cualquier caso, cuando las políticas desarrollistas industriales de las décadas intermedias del siglo XX se debilitaron durante la década de 1970, siendo sustituidas por la epifanía del libre comercio, la extracción de renta basada en la virtualmente ilimitada riqueza natural del continente regresó con más fuerza al discurso político. Un presidente peruano, pero también sociólogo y miembro del Partido Aprista (partido originariamente de vocación antiimperialista y antiyanqui con reminiscencias de la socialdemocracia europea) esgrimió una serie de argumentos por los que en su país se producía un continuo drenaje de riqueza. Argumentos en los que, por supuesto, los “derechos de propiedad privada, la mercantilización y el mercado de valores”[108], se alzan frente a los vetustos derechos tradicionales de las comunidades indígenas. Así lo manifestó: “hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán, además de cientos de depósitos minerales que no se pueden trabajar y millones de hectáreas de mar a los que no entran jamás la maricultura ni la producción”[109]. Tan solo seis años después, esto es, en 2013, las concesiones mineras ocupaban algo más del 21% de la superficie total de Perú y las petroleras el 75% del sensible subsuelo amazónico[110]. Solo en este país andino entre 2002 y 2017 perdieron la vida 154 personas que formaban parte de un intenso ciclo de protestas contra las consecuencias ambientales y sociales de las actividades derivadas de la economía extractivista [111].

En suma, y siguiendo la interpretación de Burchardt, dos factores interrelacionados han socavado las expectativas democráticas ante un capitalismo excesivamente dependiente de la extracción de recursos naturales. Primero, las tensiones “territoriales y rurales” generadas por la economía extractivista han agravado a su vez una “dicotomía entre los intereses urbanos y rurales”. Movimientos indígenas, pequeños agricultores y sindicatos agrarios dirimen permanentemente un campo de batalla con el Estado, con sus administradores o sectores sociales y empresas privadas favorecidas por este modelo de extracción de renta. Incluso, como señala Svampa, la explotación extractiva ha contado con la aquiescencia de “trabajadores de las grandes ciudades” cuyo “imaginario desarrollista” les aleja virtualmente de los problemas ambientales o sociales derivados de la “minera, de los agronegocios, represas, fracking, entre otros”. Fenómeno sociológico al que ha contribuido frecuentemente la distancia geográfica entre los “grandes nodos urbanos” y los lugares de explotación[112]. Segundo, las virtudes del crecimiento económico extractivista no siempre favorecieron a los sectores sociales más vulnerables. Como sabemos, allí donde la actividad extractiva ha sido intensa, las poblaciones han visto cómo sus derechos y sus territorios han sido vulnerados y depauperados. En otros términos, “el extractivismo, con sus economías de enclave”, no solo ha precipitado procesos de “fragmentación territorial” sino también nuevas rupturas sociales y un debilitamiento continúo de la “legitimación política”[113]. En este campo de tensiones sociales a la vez que han surgido movimientos sociales contrahegemónicos de “protesta antiextractivistas”, Veltmeyer afirma sin ambages que “los agentes y funcionarios progresistas de los estados posneoliberales simplemente los han ignorado y continúan con su proyecto geopolítico: avanzar la explotación de los recursos naturales del país por el capital global en detrimento del interés público”[114]. Dramáticamente la exclusión secular de las poblaciones situadas “en las periferias del Estado” no encierra en sí misma ninguna novedad histórica, aunque las formas en las que se ejerce la hegemonía y el control político sobre las poblaciones deban ser contextualizadas, es en la “administración de las poblaciones”, en la perseverancia de su dominación y en el esfuerzo en la “construcción de hegemonías” donde se hallan confinados los “límites de la ciudadanía y de las políticas del Estado” [115]. 

Precisamente por ello puede colegirse que la renovación del patrimonio intelectual de la izquierda latinoamericana tampoco ha contribuido a alterar el tour de force entre democracia y capitalismo. De hecho, cometiendo el mismo error que los discípulos de la path dependency, pero con una versión más ética, se intentó proyectar hacia el pasado la búsqueda de alternativas contrahegemómicas que el presente, según parece, no ofrecía. Este fue el caso de un considerable elenco de intelectuales y políticos que pretendió ver en el pasado indígena una idealización de la vida comunitaria y de las relaciones entre las comunidades y el medio natural como una antinomia a las extorsiones sociales y ecológicas provocadas por el capitalismo en su versión más corrosiva. Ideología legitimada en la Carta Magna de Ecuador en 2008 y en la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia un año después. En términos generales, se trataba de una comunidad imaginada presuntamente planteada como “cosmovisión indígena” que debía guiar “la acción de los Estados y de los poderes públicos”. Un esbozo esencialista que no ha transgredido la línea defensiva de la retórica discursiva que, evocando a Bretón, “en el mejor de los casos” ha quedado reducido a “una suerte de tradición inventada y como tal resignificada en función de las circunstancias y su instrumentalización en manos del poder o como posicionamiento crítico frente al mismo”. De esta manera, la confrontación entre la realpolitik y la ausencia de alternativas al proyecto neoextractivista –siempre de acuerdo con Bretón–, ha reducido la mitificación del pasado indígena a una de esas “imágenes esencializadas” que no difiere lo más mínimo del “desarrollo convencional”, aun cuando éste se halle velado o “revestido de tintes posmodernos y alternativos”[116]. Frente al inmovilismo que ha caracterizado a los escolásticos neoliberales contra toda expectativa capaz de “conceptualizar alternativas viables”, circundando incluso a la minoritaria “izquierda latinoamericana” resistente al “tsunami neoliberal”[117], se ha sublimado una idealización del pasado indígena como un juego delirante que “gracias a su grado cero de carga teórica se presta a un gran despliegue retórico, sin necesidad de justificar la coherencia de tales discursos”[118].

En este sentido, los gobiernos progresistas han tendido con frecuencia a reforzar tendencias ya evidentes en el multiculturalismo neoliberal, a saber: el indio forma parte de la esfera política “solo en la medida en que la cultura indígena apoya la expansión económica” [119]. Y es que la “inclusión constitucional de los derechos étnico-territoriales” no ha conllevado necesariamente un mayor grado de “autonomía o control territorial” por parte de las “poblaciones locales”. Paradójica, aunque no sorprendentemente, allí donde el Estado ha controlado directamente la actividad extractiva, la lectura constitucional (con toda su retórica sobre la inviolabilidad de los derechos de la Naturaleza) no ha dejado de ser impugnada por burócratas y administradores en nombre de las virtudes del crecimiento económico frente a las comunidades sociales afectadas[120]. Cuando campesinos e indígenas Shuar de Ecuador rehuyeron recientemente vender sus tierras a empresarios chinos con el fin de poner en marcha un megaproyecto de explotación minera de cobre, el Estado no dudó en legitimar el despojo usando la fuerza pública en colaboración con miembros de la seguridad de la empresa privada [121]. Sin embargo, no conviene imputar la responsabilidad de las consecuencias sociales y ambientales del modelo neoextractivista exclusivamente a la izquierda, tal como hemos visto. De hecho, cuando la acción política de los Estados fue ablandada o, más preciso, instrumentalizada durante la era neoliberal en nombre de la libertad de mercado, vigorizando a su vez el sector primario en nombre de la deuda externa, del crecimiento económico y del libre comercio, la violencia y la vulneración de los derechos humanos no dejaron de afectar a amplias capas sociales del fértil continente latinoamericano.

Transiciones y continuidades

En cierta ocasión Robert Solow afirmó que la “parte de la economía que es independiente de la historia y del contexto social no solo es limitada sino carente de interés”[122]. En este trabajo he intentado demostrar que esta crítica no ha perdido en lo más mínimo consistencia. En primer lugar, el mito del libre comercio defendido por los teóricos neoliberales se erige sobre la engañosa idea de evitar las injerencias políticas sobre los dominios del campo económico. Y sin embargo, tal como vimos, aquellos países que han tendido a estabilizar el crecimiento económico lo han hecho a través de una combinación de políticas selectivas con el comercio exterior y una adecuada diversificación y reestructuración de sus economías. Una tendencia drásticamente inversa fue sancionada por los gobiernos latinoamericanos que abrazaron las prescripciones de la política económica del Consenso de Washington como parte de la ofensiva de la derecha mundial. El epítome social de este giro neoconservador fue el espectacular acrecentamiento de la pobreza en la región, aunque también la acumulación de capital por parte de una selecta minoría social desinteresada por generar las bases del estado moderno cimentadas sobre amplios consensos políticos y sociales [123]. Segundo, este aspecto regresivo ha sido, sin embargo, velado por ciertas interpretaciones ahistóricas, como la path dependency, que han proyectado la política de la desigualdad del presente hacia atrás en la historia, en ocasiones muy atrás. Sus cultivadores rehuyendo el incómodo análisis de la abyecta historia de las políticas ultraliberales que siguieron al experimento chileno, se alejan al mismo tiempo de cualquier proyecto político e intelectual de transformación social. Tercero, hemos constatado que a pesar de que los vientos políticos cambiaron en América Latina con el giro a la izquierda, muchas de las tendencias económicas y políticas preexistentes siguieron actuando. Los años diez del siglo actual estuvieron marcados por un crecimiento económico vigoroso que en muchos casos corrigió los indicadores de pobreza regionales; sin embargo, se trataba de un crecimiento cimentado sobre el vulnerable y dependiente sector externo de materias primas inducido por la pujante y expansiva economía china. Cuando se debilitaron los precios de materias primas junto a una moderación del crecimiento global y un deterioro de los flujos de capital al rebasar la primera década, los indicadores de pobreza lo hicieron de forma proporcionalmente inversa. Además, hemos constatado la permanente vulneración de los derechos consuetudinarios así como el deterioro de los bienes comunales de las comunidades indígenas y en general de las poblaciones que han sufrido las consecuencias sociales y ambientales de la actividad extractivista, lo que en absoluto ha constituido un atributo normativo excepcional de la política de la izquierda latinoamericana. Por último, si bien podemos compartir con Knight, sin demasiadas objeciones, que a pesar de que los “años treinta fueron años de crisis y penurias” en la región, “las respuestas tanto de la élite como del pueblo” no dejaron de ser “creativas”[124], sin embargo, es poco plausible no impugnar tal idea en el nuevo escenario de crisis que embarga la región al escribir esto. Las alternativas políticas e intelectuales al fetichismo de mercado han sido claramente inconsistentes, como lo demuestran las incertidumbres generadas por la nueva ofensiva de la derecha en la región. Tal vez, en todo caso, no estemos únicamente ante un entreacto de las singularidades políticas latinoamericanas dada la turbulenta naturaleza de la crisis de la economía mundial y el aislamiento hegemónico de las políticas antisistémicas de izquierda.

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