Crónicas del asedio a la fortaleza: la migración en la era de la globalización neoliberal. El caso de estudio de Zamora Chinchipe (Ecuador) como reflejo de un fenómeno a escala global

José María García.

Universidad de Murcia (España).

Chronicles of the siege of the fortress: migration in the neoliberal globalization era. The case study of Zamora Chinchipe (Ecuador) as a reflection of a global scale phenomenon

En memoria de Josep Fontana.

Los hombres no pueden diseminarse hasta el infinito por el globo, cuya superficie es limitada y, por tanto, deben tolerar mutuamente su presencia, ya que originariamente nadie tiene mejor derecho que otro a estar en determinado lugar del planeta. Kant, Immanuel. La paz perpetua.

Nuestra ciudad está abierta a todo el mundo, y en ningún caso recurrimos a las expulsiones de extranjeros.. Tucídides. Discurso fúnebre de Pericles. Historia de la Guerra del Peloponeso.

Resumen

El incremento de los movimientos migratorios en las últimas décadas ha ido acompañado de un control más estricto de los flujos migratorios, así como de una reconfiguración política de la economía global en su fase neoliberal. En este estudio mostramos el enfoque metodológico que hemos utilizado para analizar estas transformaciones políticas, sociales y económicas, valiéndonos de la información recogida en un caso de estudio realizado en Zamora Chinchipe (Ecuador) con el propósito de aportar una perspectiva local para comprender mejor estas transformaciones socioeconómicas globales.

Palabras clave: Ecuador, España, migración, neoliberalismo, metodología, Zamora Chinchipe

Abstract

The growth of migrant circulation in the last decades have been accompanied by a more strict control of migratory flows, as well as a political reconfiguration of the global economy in its neoliberal phase. In this study we display the methodological approach that we have used to analize these political, social and economic transformations, making use of the information collected in a case study conducted in Zamora Chinchipe (Ecuador) with the purpose of contributing with a local perspective to the understanding of these global economic transformations.

Keywords: Ecuador, Spain, migration, neoliberalism, methodology, Zamora Chinchipe

Introducción

El número de migrantes internacionales en todo el mundo se ha incrementado de 84 millones de personas en el año 1970 a 232 millones en 2012 (Veltmeyer y Delgado, 2018: 94). Los  movimientos migratorios que han tenido lugar en países como España, receptor de un importante flujo migratorio procedente de Ecuador en los primeros años del siglo XXI, es un reflejo de este fenómeno global.

¿Qué lleva a los seres humanos a abandonar sus lugares de origen? Para estudiar un proceso como las migraciones (“deslocalización que desarraiga”, en palabras de Bourdieu (2001: 257), las teorías basadas en la elección racional han representado a los agentes, en este caso los migrantes, como individuos aislados que persiguen su propio interés, considerando de forma racional los riesgos y beneficios que comporta la decisión de migrar (Hirschman, 2013: 157). Como sabemos, la migración es un proceso caracterizado por su complejidad, así como por la persistencia de “mitos que distorsionan la realidad” (Delgado-Wise, 2014: 657) y que nos impiden obtener una adecuada comprensión de las fuerzas y motivaciones que han llevado a hombres y mujeres a abandonar sus lugares de origen embarcándose en un incierto porvenir.

De acuerdo con Delgado-Wise, es preciso llevar a cabo un estudio de los movimientos migratorios a través de un “marco analítico multidimensional” (Delgado Wise, 2019b: 6), ya que los humanos, como ha sido demostrado repetidamente, no suelen actuar como sugiere la teoría del agente económico racional (Sen, 1977; Kahneman, 2012: 535).

Los estudios migratorios pueden enriquecerse con las aportaciones de las diversas disciplinas del conocimiento que la teoría económica estándar considera competencia de “psicólogos, sociólogos y antropólogos” (Hirschman, 2013: 158-159). Sin embargo, como ha afirmado Wolfgang Streeck, cualquier análisis sociológico que deje fuera el factor económico es “insostenible” (Streeck, 2017c: 281). En el análisis de los movimientos migratorios es fundamental estudiar las condiciones sociales y económicas objetivas presentes tanto en los lugares de origen como en los lugares de destino de los migrantes, lo que la teoría clásica ha considerado los factores de absorción y dispersión (Ravenstein, 1885: 184).  

Las rápidas transformaciones económicas, sociales y culturales experimentadas en las sociedades de origen y de destino de los migrantes y las implicaciones que ha tenido la migración para estas comunidades humanas no han sido abordadas en muchos estudios, predominando unas concepciones tal vez demasiado superficiales de los procesos migratorios. Como han indicado Schafran y Monkonnen en un estudio sobre la migración estadounidense en México, un enfoque renovado implica “no sólo adoptar el ojo crítico de diferentes geografías urbanas, sino hacerlo a un nivel de especificidad geográfica exigido por el rechazo del fenómeno a encajar en una caja de fácil interpretación” (Schafran y Monkonnen, 2011: 250).

En este artículo se ha abordado en primer lugar la metodología empleada para analizar las relaciones sociales surgidas en el proceso migratorio y las interacciones entre los migrantes y la estructura económica de la que forman parte, tanto en los países de origen como en los países de destino. Posteriormente se analizan brevemente los importantes cambios operados en la economía mundial desde la década de 1970. Hemos utilizado información de un caso de estudio realizado en Zamora Chinchipe (Ecuador) con el fin de enriquecer la visión que aportamos de estos fenómenos globales con una perspectiva local, recogiendo los testimonios de los hombres y mujeres que se han visto involucrados en los mismos. El cuarto apartado aborda los cambios políticos, legales y socioeconómicos que han tenido lugar en los países de destino, las llamadas economías industriales avanzadas, respecto al incremento de los flujos migratorios. Se analizan las repercusiones de estas políticas en las condiciones de vida y trabajo de las poblaciones migrantes. El quinto epígrafe comprende los efectos sociales de la crisis sistémica de 2008/09, las consecuencias que ha tenido la depresión económica en los niveles de vida de las mayorías sociales y los cambios forzados en las estrategias migratorias. El trabajo finaliza con la exposición de algunas conclusiones obtenidas de este estudio.

Método

La importancia que la migración ha cobrado en el discurso público y las implicaciones políticas que tiene para las sociedades puede conducirnos a realizar una interpretación errónea de estos acontecimientos, lo que Bourdieu ha denominado “sociología espontánea” (Bourdieu et al., 2005).

El estudio de las relaciones sociales que se han establecido durante los movimientos migratorios ha sido de una importancia primordial para el análisis de estos procesos. Los movimientos migratorios se han caracterizado por unos flujos que conducen a las poblaciones de determinadas regiones hacia lugares concretos en los países de destino, como podemos observar en la migración china que se ha dirigido a España, procedente en su mayor parte de la ciudad de Wenzhou, “una zona famosa por la habilidad negociadora de sus habitantes y la escasez de tierras cultivables” (Davis, 2014: 147). De forma similar, la gran mayoría de los trabajadores de los restaurantes indios en  el Reino Unido han emigrado desde “una provincia concreta de Bangladesh” (Hobsbawm, 2013: 41). Estos flujos de población han estado determinados tanto por las dificultades que afrontan los habitantes de estos territorios para lograr unas condiciones de vida dignas para ellos y sus familias, como por las condiciones socioeconómicas presentes en los países de destino.

Las redes migratorias suponen un elemento fundamental a la hora de explicar y analizar los diversos intercambios que se han establecido entre los primeros migrantes que han acudido al país y los familiares y amigos que han migrado con posterioridad, una vez que han contado con un sistema de apoyo que les permite un acceso más fácil a vivienda, alojamiento y ofertas de empleo en el país receptor. Estas redes también han permitido a los migrantes en los lugares de origen obtener información sobre las condiciones de trabajo y las posibilidades de lograr una mejora de las condiciones de vida en los países de destino.

Las familias e individuos han contemplado a la migración como una estrategia para solucionar los problemas de reproducción social que han afrontado en su vida cotidiana, en territorios afectados por problemas socio-económicos estructurales, azotados por catástrofes naturales o devastados por conflictos bélicos. El caso concreto de Ecuador estuvo marcado por diversos factores, entre los que destaca la depresión económica ocasionada por las políticas de ajuste recetadas por las instituciones supranacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y aplicadas por los gobiernos de la década de 1990, que conllevaron una oleada de despidos de trabajadores del sector público (Davis, 2014; Portes y Hoffman, 2003). Las políticas de ajuste estructural han consistido en modificaciones de la legislación para favorecer al sector privado, una apertura a la inversión exterior, una mayor flexibilidad en los derechos de los trabajadores y una “dolarización” por la que Ecuador perdió el control de su divisa nacional (el sucre), y en consecuencia, de su política monetaria. Estas medidas han ocasionado un empobrecimiento generalizado de las mayorías sociales, al tiempo que contribuyeron a concentrar la riqueza en las capas más elevadas de la sociedad. Grandes sectores de la población ecuatoriana cayeron en una situación de pobreza: si en 1995 afectaba a 3,9 millones de personas, cinco años más tarde esta cifra creció a 9,1 millones. De acuerdo con Acosta, un 31% de la población del país andino se encontraba en situación de pobreza extrema en el año 2000 (Acosta, 2005: 2). El 20% más rico de la población, según datos del Banco Mundial, pasó de captar un 54,4% de los ingresos en 1987 a ser dueño de un 62,5% en el año 1999. Una gran parte de los ingresos del país fue destinado al pago de los intereses de la elevada deuda externa, que llegó a suponer un 40% del PIB a finales del siglo XX (Bethell, 2002: 290).

Las redes migratorias que se han establecido entre los países de origen y destino no comprenden únicamente las relaciones familiares o de amistad de los migrantes, sino que se han extendido a diversas instituciones de la sociedad como Cruz Roja o Cáritas, en el caso de España, o las diferentes congregaciones religiosas en Estados Unidos, que han permitido a los recién llegados un acceso más fácil a un primer empleo o un alojamiento, así como tener contacto con compatriotas en muchos casos en los que llegaban al país de destino sin prácticamente ningún conocimiento del lugar al que se dirigían. Muchos ecuatorianos y ecuatorianas albergaban la esperanza de coincidir en la ciudad con algún conocido del pueblo o la aldea que habían dejado atrás, como sucedió a muchos migrantes procedentes de Zamora Chinchipe (Ecuador) que se dirigieron a la ciudad de Pamplona, en la provincia septentrional de Navarra (España). Althoff ha señalado que muchos migrantes latinoamericanos en Estados Unidos se han convertido a la fe pentecostal, lo que puede entenderse como la búsqueda de una nueva comunidad en un entorno desconocido para ellos (Althoff, 2006).

De estas observaciones se deduce que “los patrones fundamentales de la migración doméstica e internacional son mejor entendidos en términos de las dinámicas estructurales del desarrollo capitalista – la evolución del capitalismo como un sistema mundial” (Veltmeyer y Delgado, 2018: 106) en su actual fase histórica de globalización neoliberal, en la que han prosperado importantes compañías monopólicas multinacionales que operan con una división de funciones y procesos productivos que se extiende por todo el mundo.

Se ha estimado que el número de migrantes internacionales asciende a 244 millones, mientras que el número de personas que querrían emprender un proceso migratorio se sitúa en torno a 700 millones (Veltmeyer y Delgado, 2018: 115-116). Estos hombres y mujeres se han visto obligados a dirigirse junto a sus familias allá donde puedan conseguir unas mejores remuneraciones dadas las dificultades estructurales para asegurar la subsistencia en los países del sur global. Esto no implica afirmar que los países del norte presenten una situación favorable, tras décadas de bajadas salariales y un reparto desigual de los beneficios derivados del aumento de la productividad en las empresas, que han acabado principalmente en manos de los directivos y accionistas. Así lo indica un informe de 2014, precisando que en España los salarios no sólo no han crecido desde 2008, sino que han disminuido (OECD-ILO-WB, 2014: 5). Unos vecinos que aguardan tras unas puertas resguardadas con muros, cuchillas y agentes fronterizos su oportunidad para llevar a cabo las ocupaciones con salarios más bajos y menos atractivas para los ciudadanos autóctonos. La presencia de estos vecinos ha despertado la inquietud y el malestar en unas poblaciones que han debido afrontar en sus comunidades vertiginosos cambios en su vida cotidiana y sus costumbres tradicionales a causa de las fuerzas liberadas por la globalización neoliberal, gestionada por los expertos de las “agencias tecnocráticas internacionales como la UE” (Streeck, 2018b: 44).

Las relaciones sociales entre los diferentes agentes que participan en el proceso migratorio, ya sean los propios migrantes, las instituciones públicas o las poblaciones autóctonas, han reflejado en algunas ocasiones rasgos conflictivos. No obstante, estas relaciones de ningún modo son estáticas ni están condenadas a permanecer sin cambios a causa de diferencias culturales supuestamente insalvables. Por el contrario, comprender de forma más profunda las relaciones en las que nos vemos envueltos en nuestro entorno determina nuestra capacidad para transformarlas, permitiéndonos desarrollar un proceso de “resocialización adulta” (Petras, 2003: 2). Podemos de este modo entender mejor nuestra realidad y adquirir un mayor conocimiento de las condiciones objetivas en las que necesariamente hemos de llevar a cabo nuestras vidas. Superar estos prejuicios nos puede permitir centrar nuestra atención, tanto individual como colectiva, en aspectos de los recién llegados como “su talento y sus logros” (Hobsbawm, 2013: 44), por encima de otro tipo de consideraciones. Como ha mostrado la psicología, no es posible enfrentarse a unas concepciones arraigadas en determinadas experiencias personales e individuales mediante el mero recurso a la “estadística causal más persuasiva”, por la manera en que está configurado nuestro pensamiento (Kahneman, 2012: 230). De acuerdo con Harvey, lo que caracteriza a las relaciones sociales y a las pautas de la vida cotidiana es su “continua renovación y transformación” (Harvey, 2018a: 393).

Un importante número de migrantes ecuatorianos, así como de muchas otras nacionalidades, se han visto atraídos por el crecimiento económico de la economía española en los primeros años del siglo XXI. Estos trabajadores extranjeros han desempeñado su actividad principalmente en el sector de la hostelería, el servicio doméstico, el trabajo sexual, la agricultura y han jugado un importante papel en el desarrollo de la construcción, que experimentó un desproporcionado auge desde la primera década del presente siglo hasta detenerse abruptamente en la crisis sistémica de 2008/09 (López y Rodríguez, 2011). En sectores necesitados de una mano de obra flexible y poco remunerada, como el sector agropecuario y el sector servicios, los trabajadores inmigrantes han reemplazado a los trabajadores autóctonos (Petras, 2007). El servicio doméstico ha ocupado a una cuarta parte de las trabajadoras migrantes ecuatorianas en España durante los primeros años de la década de 2000 (Córdoba, 2015: 81).

La existencia de redes migratorias en España procedentes de Ecuador desde la década de 1990 (Jokisch & Priblisky, 2002) unido a una legislación favorable a la migración de mano de obra que data de la dictadura del general Franco (Gómez Ciriano, 2001) se ha traducido en un incremento de la población inmigrante, invirtiendo por un breve periodo la continuidad histórica de España como país expulsor de población (Sánchez Albornoz, 1973: 182-185). Unos flujos migratorios que han disminuido con la imposición del requisito de visado por parte de la Unión Europea a partir de 2003 (FLACSO-UNFPA, 2008: 15).

Para llevar a cabo el análisis de las relaciones de estos agentes con su entorno hemos efectuado una distinción, siguiendo a Streeck, entre aquellos que dependen de un ingreso a cambio de su actividad (todo tipo de trabajadores asalariados, así como traductores autónomos, científicos trabajando en laboratorios, etcétera) y aquellos dependientes de los beneficios, tanto por una actividad empresarial como en forma de ingresos por rentas (Streeck, 2016). Los importantes cambios experimentados en la organización de la producción social no deben llevarnos a rechazar en su totalidad la investigación realizada en el pasado. Como ha advertido Fontana, “que las clases se definan de otra forma no quiere decir que esa disparidad social no se produzca” (Elorduy, 2016).

Llegados a este punto ha de subrayarse nuestro distanciamiento de los enfoques que en los últimos años han adquirido popularidad, que no han tenido en cuenta estos factores socioeconómicos en favor de aspectos menos concretos como los “sentimientos”, así como las críticas que han recibido los “grandes relatos” desde el posmodernismo, que de acuerdo con Ziauddin Sardar, “priva a todos los acontecimientos históricos de sentido” (Fontana, 2001: 326). Si bien no negamos la posibilidad de que estas corrientes hagan aportaciones al conocimiento sociológico, nos alejan de una comprensión que abarque la totalidad de los hombres y mujeres en sociedad, escapando de divisiones artificiales producto de modas académicas.

La consideración del entorno social del que provienen los migrantes tiene una importancia determinante para conocer las razones y las causas de la migración. En unas palabras que nos recuerdan la famosa afirmación de Marx, “tenemos la capacidad de construir nuestro propio futuro, pero en circunstancias que no podemos escoger” (Rose, 1998, en Fontana, 2001: 16). Estas circunstancias en muchos casos no son abordadas en los estudios sobre migraciones. Los investigadores han denunciado que se ha “ignorado de forma rutinaria” la desposesión de medios de vida y la ausencia de una planificación enfocada al desarrollo en muchos países del sur global expulsores de población (Delgado-Wise, 2014: 652). También es necesario analizar las dificultades presentes en el viaje y las severas violaciones de los derechos humanos a las que se han visto expuestas las personas migrantes. Además, es preciso estudiar la manera en la que se lleva a cabo el reparto de los beneficios generados en el proceso de producción social, del que los migrantes son parte fundamental, en las sociedades de destino (Delgado-Wise, 2019b: 4).

El estudio de la historia de una provincia expulsora de población migrante como la provincia de Zamora Chinchipe (Ecuador) ha permitido analizar el proceso de construcción histórica de la desigualdad en el territorio, realizando una “genealogía del presente”, en expresión de Fontana (Pontón, 2016: 18). En nuestro trabajo de investigación se han empleado fuentes de datos cuantitativos, principalmente las bases de datos oficiales, así como fuentes cualitativas,  como las entrevistas semiestructuradas y el estudio bibliográfico, con el fin de tratar de evitar cualquier inhibición metodológica (Bourdieu et al., 2005: 295).

La construcción histórica del territorio en Zamora Chinchipe ha estado marcada por la colonización, cimentada en unas relaciones de “neofeudalismo” observadas también en la amazonía peruana a causa de la forma en la que se llevó a cabo el poblamiento de estos territorios selváticos (Bustamante, 1988; Rudel, 1983; Aramburú, 1981: 52; Hobsbawm, 1969). La llegada de campesinos y personal del ejército ecuatoriano procedentes de provincias limítrofes como Loja ha implicado que amplias extensiones de tierras consideradas baldías hayan sido ocupadas por estos colonos, unas tierras de las que las comunidades Shuar fueron despojadas. Como ha escrito Eguiguren, “La colonización de tierras durante la segunda mitad del siglo XX, ya sea la llamada “espontánea” o la gestionada por el Estado, favoreció más a medianos propietarios y especuladores, y en menor medida, a campesinos sin acceso a tierra” (Eguiguren, 2015: 35). La necesidad que han tenido los colonos de talar árboles para lograr espacio para sus familias y los pastos que necesita su ganado, así como el desarrollo de la industria maderera, han ocasionado una rápida deforestación, que ha alcanzado en el periodo 2008-2014 las 1.277 hectáreas por año (Maldonado et al., 2018).

Este domino económico por parte de los más privilegiados en el territorio se ha reproducido en unas instituciones formalmente democráticas, sostenidas mediante una compleja e intrincada red de relaciones de compadrazgo (Mintz y Wolf, 1950), que ha favorecido a aquellos políticos que tradicionalmente han contado con el poder y los recursos económicos en la provincia, logrando así la tolerancia o el apoyo de quienes se han beneficiado de estas prácticas paternalistas y clientelares. En Zamora Chinchipe, la familia Delgado Tello ha ejercido la hegemonía política en la provincia, logrando así mantenerse en el poder durante dos décadas (El Universo, 2006). Como ha señalado Martínez Valle en su estudio del clientelismo en la sierra ecuatoriana, “la presencia de viejas y nuevas formas clientelares en las relaciones capital-trabajo constituyen un serio obstáculo para la organización de los trabajadores” (Martínez Valle, 2019: 89). Todo esto nos lleva a cuestionar las generalizaciones sobre la conducta política de estas poblaciones, así como a reflexionar acerca de la “necesidad de entender la lógica de la actuación campesina” (Fontana, 2013: 168).

Transición al mundo neoliberal

Desde la década de 1970 ha tenido lugar un proceso de cambios políticos en la economía mundial, lo que ha dado lugar a la emergencia de importantes corporaciones trasnacionales que se han extendido por toda la geografía global. Este proceso político ha comenzado con una ofensiva a las clases trabajadoras por parte de las administraciones encabezadas por Jimmy Carter (1977-1981) y Ronald Reagan (1981-1989) en Estados Unidos, o Margaret Thatcher (1979-1990) en el Reino Unido, quienes con sus políticas a favor del sector empresarial y contra las clases trabajadoras organizadas han dado comienzo a una “contrarrevolución conservadora” (Fontana, 2011: 605-608) que continúa hasta el momento de escribir estas líneas. Esta contrarrevolución ha tenido como una de sus principales consecuencias la pérdida de la soberanía económica de los estados en favor de las instituciones supranacionales y las fuerzas de la economía global. El proceso de globalización económica ha buscado, entre otros aspectos, afrontar el problema de la reducción de los beneficios empresariales y contrarrestar el poder del movimiento obrero, así como las conquistas sociales logradas durante los treinta años transcurridos desde la Segunda Guerra Mundial, que conllevaron la creación en Europa de amplios sistemas de seguridad social públicos y universales (pensiones, sanidad, educación pública). Esto ha permitido a los grandes empresarios e inversores escapar de las limitaciones impuestas por la política de los estados y las instituciones nacionales convirtiéndose en una “clase capitalista transnacional” (Robinson, 2016; Davidson, 2008).

El traslado de plantas industriales y sectores del proceso productivo a países de bajos salarios ha formado parte de una carrera en busca de una mano de obra más barata por parte de los inversores y las grandes empresas. Podemos observar un ejemplo de esta dinámica en las plantas de fabricación de componentes electrónicos o las factorías textiles ubicadas en los países de Asia. Este proceso permite una mayor obtención de beneficios empresariales para las grandes multinacionales (Wallerstein, 2015a). Un 71,3% de la “fuerza de trabajo global de reserva” se encuentra en países del sur global (Delgado-Wise, 2019a). Muchos campesinos tradicionales, sin abandonar completamente sus comunidades, se han reconvertido en trabajadores asalariados para estas compañías. Gran parte de la mano de obra que se ha visto atraída por la posibilidad de trabajar en estas industrias ha migrado desde entornos rurales, donde afronta considerables problemas para asegurar su subsistencia. De acuerdo con las cifras, “El 75% de los pobres del mundo hoy aún viven en zonas rurales” (Veltmeyer y Delgado, 2018: 80).

Estos campesinos han buscado fuentes de ingreso alternativas en los centros urbanos, viéndose arrastrados a los suburbios que han emergido en torno a las grandes urbes. En estas ciudades miseria, en expresión de Mike Davis, han sido arrojados a situaciones de pobreza y exclusión social. Estos trabajadores han debido desempeñar empleos inseguros e inestables a cambio de unos pocos dólares (o pesos) en las calles de las grandes metrópolis, residiendo en barriadas, favelas o villas miseria, muchas veces en condiciones de hacinamiento, expuestos a ser víctimas de la delincuencia o empujados a la misma por sus exiguas condiciones de vida (Davis, 2014).

Las grandes multinacionales se han beneficiado de la disminución del precio de los transportes, las nuevas tecnologías que permiten modelos más flexibles de negocio y la capacidad de trasladar procesos productivos a través de mecanismos como la subcontratación. Un informe de Oxfam de 2017 ha señalado que: “las grandes empresas, implacables, están reduciendo al mínimo los costes de la mano de obra en todo el mundo, impidiendo que los trabajadores y productores de sus cadenas de suministro se beneficien del crecimiento económico, lo cual incrementa la desigualdad y ahoga la demanda”. Los trabajadores chinos empleados en las fábricas de la provincia de Shenzhen, propiedad de la compañía taiwanesa Foxconn, han recibido en 2009 un salario menor a un dólar por hora de trabajo “forzados a hacer rápidos movimientos con sus manos durante largas horas y meses sin parar, encontrándose con tics nerviosos continuos por la noche” (Foster et al., 2011). Este sistema contribuye a asegurar unos suculentos beneficios en manos de los directivos y accionistas de las compañías multinacionales como Apple que se benefician de este trabajo. Si bien estos empleos suponen una  pequeña fuente de ingresos para los trabajadores vietnamitas o bangladesíes, las empresas que llevan a cabo la producción textil para las grandes cadenas multinacionales que operan en todo el sur global se han beneficiado de importantes rebajas de impuestos concedidas por los gobiernos para conseguir atraer inversiones.

La amplia movilidad del dinero permite un vertiginoso flujo de inversiones y la rápida instalación de sectores productivos en países extranjeros. Un ejemplo son las maquiladoras instaladas en las provincias mexicanas que hacen frontera con Estados Unidos o los departamentos de atención al cliente ubicados en la India, Latinoamérica, o Polonia. Esta mayor libertad para los capitales extranjeros contrasta de forma llamativa con las amplias restricciones que enfrentan los trabajadores de los países del sur para migrar a los centros económicos situados en los países del norte, lo que ha sido calificado como un proceso de “arbitraje laboral global” (Foster et al., 2011).

El incremento de la desigualdad y la pobreza que ha afectado a los trabajadores de los países del norte a causa de las políticas de austeridad ha profundizado las divisiones en las sociedades. La pobreza se ha extendido en amplios sectores de la población reduciendo la capacidad de consumo en los negocios locales, lo que ha llevado a la ruina a muchos pequeños empresarios. Este proceso, conocido como “devaluación interna”, implica una reducción de los salarios, con el fin de que se traduzca en menores costes de producción para las empresas y una disminución del precio de los bienes y servicios producidos en el país. Con estas medidas, tal y como afirman incansablemente muchos economistas neoclásicos, se conseguirá incrementar la inversión extranjera y lograr el ansiado crecimiento económico, sin especificar quiénes se beneficiarán de él. Como advierte Michael Hudson, “lo que se le escapa a la política económica neoliberal es que su demanda de recortes en los salarios pasa por alto el hecho de que el coste del trabajo puede ser reducido más eficientemente cambiando el modo de recaudación de impuestos centrándose en recaudar renta económica y reduciendo la sobrecarga de la deuda” (Hudson, 2011: 14). Este empeoramiento de las condiciones de vida de las mayorías sociales ha profundizado las desigualdades que pueden percibirse en el día a día de muchos pueblos y ciudades.

La alienación y una profunda sensación de desarraigo han afectado a muchos residentes en los grandes centros urbanos, donde los ciudadanos desconocen “su lugar en el tejido socioeconómico y geográfico” de las sociedades a las que pertenecen (Delgado-Wise, 2019a: 9). A diferencia de lo que ha sido habitual en las fábricas tradicionales, donde existía una presencia visible del patrón y un reconocimiento mutuo entre éste y los trabajadores, así como la conciencia de las responsabilidades compartidas de cada actor, en la actualidad los trabajadores de las grandes compañías multinacionales tienen sobre ellos una jerarquía de superiores insertos en una “entidad corporativa sin rostro, móvil y desterritorializada” (Delgado-Wise, 2019a). De acuerdo con Davidson, “el ethos de McDonalds o Wal-Mart” tal vez pueda cautivar a los puestos intermedios de las empresas, pero no ocurre lo mismo con los trabajadores: “la realidad del conflicto diario entre ellos y el empleador es demasiado cruda para ser superada” (Davidson, 2008).

El contraataque indio

Las movilizaciones indígenas que han cobrado fuerza desde la década de 1990 en Ecuador han sido determinantes en la caída de los gobernantes neoliberales de finales de siglo y un apoyo esencial para la llegada al poder del partido Alianza País en 2006. La entrada en el Palacio de Carondelet de Rafael Correa (2007-2017) ha tenido como consecuencia que las tradicionales élites económicas del país andino, instaladas en los prósperos negocios bancarios de la costa ecuatoriana y las vastas propiedades latifundistas serranas, hayan visto disminuir su hegemonía política en el panorama de partidos políticos en favor de opciones orientadas a las mayorías sociales (Schützhofer, 2016: 48). En Zamora Chinchipe, esta energía social (Carrillo, 2019) se transmitiría con la llegada al poder de un indígena saraguro, Salvador Quishpe, lo que significaba romper con la tradición de dominación oligárquica familiar en la provincia amazónica. La Revolución Ciudadana ha supuesto una “forma post-neoliberal de desarrollo inclusivo” (Veltmeyer y Delgado Wise, 2018: 144) en la que se han llevado a cabo importantes mejoras en los servicios públicos, especialmente en territorios rurales como Zamora Chinchipe (Diario el Telégrafo, 2013) y una reducción de las cifras de pobreza, así como una estabilidad política poco común en la historia reciente de Ecuador. Es preciso recordar que en la década de 1990 se sucedieron numerosos presidentes en el poder, o fueron apartados del mismo por la acción del pueblo, en medio de una “crisis de la institucionalidad estatal” (Endara, 2011: 166). No obstante, la época de la Revolución Ciudadana ha estado marcada por el desarrollo del extractivismo minero, ampliamente fomentado por el partido gobernante. Un problema que ha perjudicado especialmente a los residentes en los territorios locales donde se encuentran el petróleo y los minerales cuya extracción ha proporcionado los ingresos que han permitido financiar políticas sociales (Lavinas, 2014). La situación para la economía ecuatoriana se ha agravado por la caída de los precios del petróleo en 2014, la principal materia prima de exportación de Ecuador, así como por los efectos que ha tenido la crisis sistémica de 2008 en una economía donde las remesas enviadas por los migrantes desde países como España, Estados Unidos, Italia u Holanda han sido la segunda fuente de ingresos del país andino. ¿Significa esto que el destino de Ecuador está marcado por una supuesta “maldición de los recursos naturales”, que experimentan todos los países con importantes reservas de materias primas como el petróleo y otros bienes primarios? Lejos de tratarse de una maldición a la que no habría forma de oponerse, la causa de las dificultades económicas de estos países, así como su solución, se encuentra en la política. Más concretamente, como ha señalado Carrillo, la excesiva dependencia de las materias primas y la ausencia de transformaciones estructurales en las economías latinoamericanas es consecuencia de una “premeditada conducción de la política económica” (Carrillo, 2018b: 184).

Las comunidades indígenas han afrontado en sus territorios la represión de sus protestas por parte de las fuerzas armadas, al tiempo que se ha reforzado el autoritarismo concentrado en la figura del presidente (De la Torre y Ortiz, 2016). Los movimientos sociales que crearon las condiciones para la victoria de Alianza País han sido “ignorados o marginados” en favor de desarrollar una política extractivista (Veltmeyer & Delgado Wise, 2018: 145; Veltmeyer, 2016).

Tras la bajada de los precios del petróleo en 2014 ha tenido lugar una  apertura al capital financiero en el sector sanitario y el acercamiento al Fondo Monetario Internacional (Carrillo, 2019). La provincia de Zamora Chinchipe se ha visto especialmente castigada por esta política de fomento a la minería a gran escala. Dos proyectos estratégicos mineros del gobierno se encuentran en esta provincia, el proyecto Mirador y el proyecto Fruta del Norte (Ministerio de Minería, 2016). Cifras de Sacher y Acosta para el año 2012 han estimado que las concesiones a las empresas mineras han superado las 280.000 hectáreas en Zamora Chinchipe (Sacher y Acosta, 2012: 43). Las actividades de las empresas estatales chinas y las trasnacionales como Ecuacorriente, CRCC-Tongguan y Lundin Gold, junto con el escaso apoyo recibido en la práctica por parte de los funcionarios gubernamentales, o su connivencia en algunos casos, han tenido como consecuencia la desaparición de los modos de vida tradicionales de muchos pequeños campesinos y mineros, así como la desarticulación de sus comunidades tradicionales. Los trabajadores de las compañías mineras han enfrentado duras condiciones de explotación y maltrato por parte de los jefes de estas empresas extractivas (Diario La Hora, 2015a). Los habitantes que no han abandonado sus hogares ante las insistentes demandas de las empresas mineras han sido hostigados, o han recibido injustas compensaciones por la venta de sus parcelas. En algunos casos se han destruido edificios construidos con el trabajo de las mingas comunitarias[1] a causa de las necesidades de las empresas extractivas, como ha ocurrido en el poblado San Marcos de Tundayme. Los caminos públicos han sido restringidos al paso de los pobladores y la vida diaria de las comunidades se ha visto afectada por la vigilancia que ejercen estas compañías, unido a la contaminación de los ríos de los que dependen estas poblaciones para alimentarse. Estos procesos de “acumulación por desposesión” (Harvey, 2005) han afectado gravemente a las comunidades campesinas y líderes shuar como José Tendentza han encontrado la muerte a causa de su oposición directa a estos proyectos extractivos (Sacher et al, 2016; Vivas, 2011). Lenín Moreno ha dado un giro más radical a esta política de acercamiento a los sectores empresariales en detrimento de las mayorías sociales al realizar mayores concesiones a la oligarquía compuesta por los sectores financieros, empresariales y los grandes medios de comunicación de Ecuador. La consulta realizada en 2018 ha derogado una ley encaminada a lograr una mayor justicia social como la Ley de Plusvalía, lo que ha beneficiado a las élites económicas del país andino (Boron, 2018).

Muchos trabajadores en Zamora Chinchipe no han contado con un salario adecuado pese a desempeñar empleos cualificados, una situación que puede observarse en muchas regiones en todo el sur global. De acuerdo con Hirschman “el trabajo calificado o de mejor calidad que la media se pagará mal, ya sea porque no se le tiene en cuenta, porque no se le atribuye gran valor o porque tiene una remuneración que no se puede medir en pesos y centavos” (Hirschman, 1961: 189). En Zamora Chinchipe, el trabajo agropecuario, la minería artesanal y el sector maderero han permitido obtener mayores ingresos en comparación con el trabajo de profesor. Difícilmente podía expresarse mejor esta contradicción como lo hace un entrevistado en Zamora:

Trabajaba, era profesor, dejé porque nos pagaban cada cuatro (meses) (…) traía huevos de Guayaquil y ganaba un poco más que el magisterio. Ganaba más vendiendo huevos que de profesor. En ese tiempo yo ganaba 1.200 sucres (entre 40-45 dólares) (Entrevista 10).

El caso particular de este entrevistado arroja luz sobre un problema generalizado, que ha llevado a importantes sectores de la población cualificada de los países del sur a emprender procesos migratorios hacia los países del norte (Veltmeyer y Delgado, 2018: 105-106). Hirschman concluye que “es casi seguro que el Sur cederá al norte su gente más altamente capacitada. Y, junto con la destreza y el espíritu de empresa, el poco capital que genera el Sur migrará probablemente hacia el Norte” (Hirschman, 1961: 189). Es difícil objetar la importancia de estos factores económicos para el estudio de las migraciones.

Los procesos de expulsión desencadenados por estas políticas han ocasionado una pérdida de la cohesión tradicional presente en las comunidades locales. La migración masiva ocurrida en Ecuador ha “dejado atrás” a muchos parientes y convecinos (Delgado y Veltmeyer, 2016: 110). En torno a 150.000 niños han quedado en Ecuador al migrar sus padres al extranjero (FLACSO-UNFPA, 2008: 38). Los abuelos y otros familiares han sido los responsables del cuidado de estos pequeños.  El testimonio de una madre ha arrojado luz sobre una de las formas que se han empleado para llevar a los hijos a España, recurriendo a las azafatas de avión:

Ellos vinieron igual que nosotros, de ilegales (…) Con la azafata del avión. Se paga un dinero, entonces la azafata se hace cargo, los coge en Quito, para que nos los entregara en Madrid (Entrevista 20).

Este testimonio nos permite observar la diversidad de agentes involucrados en el proceso migratorio, que no se reduce únicamente a los coyoteros, chulqueros[2] y a las agencias de viajes, siendo éste un aspecto que requiere una mayor investigación.

La ausencia prolongada de los progenitores ha tenido importantes consecuencias para el crecimiento y el desarrollo personal de los niños (Schramm, 2011; Delgado y Veltmeyer, 2016: 113). Una investigación ha señalado que los principales problemas observados han sido un menor rendimiento en los estudios, mayor incidencia de consumo de drogas, y tentativas de suicidio (Pribilsky, 2001: 265). James Petras ha observado en las “relaciones sociales contemporáneas de poder” una causa de estos problemas psicológicos, por encima del énfasis otorgado de forma habitual a las experiencias de la infancia o a los factores hereditarios (Petras, 2003: 2).

El norte en el espejo: la migración desde los países de destino

La situación existente en los países tradicionalmente industrializados desde las últimas décadas del siglo XX contrasta de forma llamativa con lo ocurrido a finales del siglo XIX, cuando tuvo lugar una importante migración de campesinos y agricultores europeos ante la incapacidad de asegurar su subsistencia en el viejo continente. Murcianos y vascos acudieron a América Latina, en especial a los países del cono sur, al tiempo que un número considerable de europeos procedente del norte y este del continente se dirigieron a Estados Unidos (Sánchez Albornoz, 1973: 174; Thomas y Znaniecki, 2006). Una época en la que “los pasaportes eran la excepción antes que la regla” (Bulmer-Thomas, 2002: 244). En nuestro estudio sobre los movimientos migratorios hemos analizado los diferentes mecanismos legales que han determinado los  flujos de población.

Las restricciones al libre movimiento de los trabajadores en Estados Unidos se han intensificado desde la promulgación de la ley IRCA en 1986 (Immigration Reform and Control Act) por la administración de Ronald Reagan (1981-1989). Durante la presidencia de Barack Obama (2009-2017) las expulsiones de migrantes indocumentados han aumentado con respecto a las administraciones precedentes. Como sostiene un artículo publicado en el Migration Policy Institute, “el razonamiento subyacente fue impedir que se cruce la frontera de forma ilegal y expulsar a los migrantes sin autorización antes de que se integren en las comunidades estadounidenses” (Chishti et al., 2017). La situación ha persistido con el “neoliberalismo hiperreaccionario” de Donald Trump (Fraser, 2017).

Esta situación ha conducido a una mayor peligrosidad en la travesía hacia Estados Unidos, donde los migrantes procedentes de México y Centroamérica han quedado expuestos a mayores riesgos. Un informe de la OIM ha destacado que “a lo largo de la frontera entre los Estados Unidos de América y México, las redes de tráfico de migrantes constituyen una lucrativa industria controlada por grupos de delincuencia internacional” (OIM, 2018: 90). Un artículo en The New York Times ha denunciado que las migrantes centroamericanas que cruzan la frontera hacia Estados Unidos han sufrido abusos por parte de agentes de la guardia fronteriza estadounidense “durante su horario laboral” (Fernández, 2019).

Esta migración forzada (Veltmeyer & Delgado Wise, 2018: 96) procedente de los países del sur global ha enfrentado unas mayores restricciones, complementadas con “programas de trabajadores circulares migrantes” como las conocidas como Working Holiday Visa. Estos programas de visados han buscado conciliar las demandas de mano de obra de los empresarios para ocupaciones de baja cualificación en empresas del sector agropecuario con el llamado de las mayorías sociales por un aumento de las restricciones a los flujos migratorios. Estos cambios han implicado que sean los principales países receptores de inmigración, como el espacio Schengen europeo, Australia y Japón, los que hayan determinado qué migrantes pueden acceder y cuáles han de esperar para conseguir la documentación de residencia (Schierup et al., 2018; Petras, 2007).

Fraser ha observado una división, originada por estas acciones estatales, entre una población con derechos de ciudadanía, sujeta únicamente a explotación y una población sin documentación de residencia y en condiciones más vulnerables, sujeta a formas más intensas de expropiación, siendo la posesión de nacionalidad el criterio que ha efectuado estas divisiones (Fraser, 2016b). En el discurso público ha prevalecido una retórica política excesivamente centrada en la ilegalidad que considera a los extranjeros sin documentación como “sujetos pasivos de los que se puede prescindir en caso de crisis” (Manzanera-Román et al, 2018: 480). Hobsbawm había advertido a finales del siglo pasado sobre esta tendencia a la creación de “sociedades esencialmente desiguales” (Hobsbawm, [1995]2012: 561).

En el año 2000 un 77% de los migrantes recién llegados desde Ecuador no tenía documentación de residencia (Córdoba, 2015: 76). La promulgación del Real Decreto 2393/2004 permitió a unos 200.000 migrantes ecuatorianos acceder a la documentación de residencia legal (Jokisch, 2014). Sin embargo, muchos de los trabajadores que realizan su actividad bajo el sol de la huerta en el levante español, o trabajan en las campañas de recogida de uva de mesa en Totana (Murcia), se han visto afectados por la temporalidad del trabajo agrícola, marcado por la estacionalidad de las cosechas. Los ecuatorianos, al igual que los trabajadores de África o Rumanía llegados a España han trabajado en los duros y pobremente pagados empleos en la agricultura con el fin de comenzar a devolver los cuantiosos intereses del préstamo con el que han financiado el viaje a España.

En el próspero sector agrícola murciano, totalmente internacionalizado y abierto a los mercados extranjeros, los salarios de los trabajadores agrícolas migrantes han oscilado entre las 5.000 pesetas al día (30 euros) o 2,41 euros/hora, según diversas fuentes (Pedone, 2007: 264; Martínez Valle, 2004: 39). Los diferentes grupos étnicos, como los magrebíes y los ecuatorianos en Murcia, se han visto obligados a competir con el resto de los extranjeros por estos empleos mal pagados (Pedreño, 2001). Cualquier intento de organización de estos trabajadores será más difícil por factores como las “lealtades parroquiales y las obligaciones de generar ingresos extras para prioridades comunales” (Davis, 2000: 102).

La falta de documentación de residencia ha obligado a los trabajadores migrantes a “medir más por lo bajo sus propias necesidades” (Weber, 1991). Proletarios perfectos, de acuerdo con Davis, “que viven sólo para trabajar y enviar dinero a casa” (Davis, 2000: 111). Desde que los migrantes llegan a territorio español hasta que consiguen la documentación de residencia dependen de sus vínculos y relaciones con conocidos, familiares que les ayudaron a llegar al país o a encontrar alojamiento y empleadores que les otorgan acceso a un primer trabajo, así como otros agentes involucrados en el proceso migratorio, como los sindicatos, que han defendido los derechos de muchos ecuatorianos frente a impagos de los empresarios. Los migrantes en muchos casos no han podido ejercer sus derechos con la misma libertad que los ciudadanos o los extranjeros con documentación. Esto les ha dejado en la práctica indefensos frente a las injusticias cometidas en “el ámbito de las negociaciones de poder con los ciudadanos y otros extranjeros legales, ambos en su calidad de personas particulares” (Guerrero, 2007: 103).

Esta difícil situación que afrontan los recién llegados, intranquilos por carecer de permiso de residencia, los obliga a tomar precauciones en su trato diario con los empresarios, autoridades e instituciones. Una situación que cambia en el momento en que se satisfacen las deudas del viaje y se consigue la tarjeta de residencia, logrando una mayor estabilidad, lo que evidentemente lleva a que estos migrantes pierdan la disposición por realizar los empleos más duros y en condiciones más precarias (Theunissen et al, 2018: 22).

Diferentes investigaciones realizadas a principios de siglo en Estados Unidos reflejaron que los inmigrantes latinos se han visto “ampliamente excluidos de los sectores punta” (Davis, 2000: 119). Datos oficiales para septiembre de 2018 en Estados Unidos han mostrado que un 45,5% de los visados temporales se han otorgado para tareas de jardinería. Muchos de los visados se han concedido para trabajar en puestos que requieren poca cualificación como el mantenimiento de jardines y bosques, industrias conserveras de pescado o ferias (U.S. Department of Labor, 2018). En contra de extendidas creencias, la investigación empírica ha demostrado que los trabajadores extranjeros procedentes del sur global han trabajado en empleos surgidos a consecuencia de estos flujos migratorios, como los restaurantes chinos, o han reemplazado a una fuerza de trabajo con mayores derechos y mejor remunerada, como ha sucedido en la construcción (Davis, 2000: 113; Petras, 2007). Teniendo en cuenta la dificultad de llevar a cabo un cálculo exacto, de acuerdo con las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística en el primer trimestre del año 2011 residían en España 1.070.200 ocupados procedentes de América Latina, de los cuales un 79% han trabajado en ocupaciones elementales, Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores y Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción. Poco más de 60.000 latinoamericanos aparecen registrados como técnicos y profesionales científicos e intelectuales.

La llegada de extranjeros en momentos de crisis, con unos servicios públicos saturados y pobremente financiados ha incrementado las tendencias xenófobas. En palabras de Fontana, “basta ver lo que ha ocurrido con la fracasada operación humanitaria para acoger a los fugitivos de la guerra de Siria. La alarma despertada entre los ciudadanos europeos por los costes de la acogida ha favorecido el resurgir de fuerzas de derecha dura que quieren preservar el bienestar propio con el rechazo de los extranjeros” (Fontana, 2017: 630-631; Streeck, 2018a). Gobiernos antiinmigración han defendido un populismo nativista con carácter reaccionario, donde “manda la mayoría y no hay derechos para las minorías” como ha señalado Madeleine Albright (Mars, 2018). Esta corriente autoritaria se ha materializado en el gobierno de Viktor Orbán en Hungría, la llegada al Palácio do Planalto en Brasil de un nostálgico de la dictadura militar como Jair Bolsonaro, el partido polaco Ley y Justicia o la formación política Vox en España, asesorados por intelectuales orgánicos como Steve Bannon, quien organizó la campaña política del presidente estadounidense Donald Trump. Delgado-Wise ha advertido que “el propósito subyacente de esta estigmatización es garantizar el suministro de fuerza de trabajo barata y desechable” (Delgado Wise, 2019b: 5).

Ante la confusión que produce el término populismo, conviene recordar la definición de Touraine, “un intento de control antielitista del cambio social” (Touraine, 1988, en Dabène, 2010: 82), que puede darse tanto por fuerzas que persigan una transformación de la estructura productiva y una extensión de los derechos democráticos a toda la ciudadanía como por formaciones que busquen apuntalar la estructuras que facilitan la acumulación de beneficios y la persistencia de la desigualdad en la sociedad. Décadas de correctivos neoliberales han dado lugar a un profundo rechazo hacia los partidos y élites políticas tradicionales por parte de unas mayorías que no se han beneficiado de una globalización hegemónica, en muchos aspectos cosmopolita y excluyente. Estas condiciones han dado lugar al surgimiento de un “retorno de lo reprimido” en amplios sectores de la población trabajadora (Streeck, 2017b). Como ha señalado Carrillo,

“este esencialismo económico que subestima o rehúye los factores sociales, políticos, culturales y ambientales o de cualquier otra índole, provoca inevitablemente la erupción de los particularismos culturales, precipita estallidos nacionalistas, acrecienta la estratificación cultural, la desigualdad en sus múltiples campos y provoca migraciones forzadas” (Carrillo, 2018a: 16)

El incremento del control en los flujos migratorios ha sido posible por el considerable desarrollo tecnológico que puede observarse en las infraestructuras aduaneras y las nuevas tecnologías empleadas en la seguridad. Esta gestión de la migración se ha extendido a los países situados en el sur global, como reflejan los acuerdos establecidos con México o Libia (Agustín y Jørgensen, 2019: 11). No es preciso insistir en las graves violaciones de derechos humanos que han comportado estas políticas, marcadas en el recuerdo de catástrofes humanitarias como las que han tenido lugar en la isla de Lampedusa o en Calais (The New York Times, 2016). En España, el Real Decreto Ley promulgado por la administración de Mariano Rajoy (2011-2018) ha reducido los derechos a la asistencia sanitaria para los extranjeros desde el momento en que “suprimió la universalidad de la asistencia sanitaria establecida en la Constitución Española” (Manzanera-Román et al, 2018: 481), con las graves consecuencias que ha tenido para la salud pública en el caso de la llegada de personas afectadas por patologías infecciosas. Las políticas neoliberales, tras décadas de severos recortes presupuestarios, han socavado la capacidad de atender a los refugiados a través de las instituciones públicas, dejando estas complejas tareas, que requieren de una administración coordinada a nivel estatal, a la denominada sociedad civil formada por jóvenes voluntarios en proyectos financiados por entidades representantes del sector bancario y financiero (Fundación Botín, 2017).

Panitch y Konings han señalado que estos programas de ajuste estructural, recetados por las instituciones como el Fondo Monetario Internacional y aplicados con entusiasmo por gobiernos de todo signo político no han supuesto el fin de las rigideces atribuidas a cualquier tipo de regulación y política estatal que, como opinaba Hayek, podían conducir a un camino de servidumbre. Por el contrario, estas políticas de modernización y liberalización “arraigaron más profundamente las formas y principios financieros en el tejido de la sociedad” (Panitch y Konings, 2009: 64). De acuerdo con Carrillo, esta agenda política ha conducido a “instrumentalizar la política estatal en favor de una minoritaria clase social” (Carrillo, 2019). Un trabajo de investigación ha señalado que las trabajadoras migrantes de República Dominicana han reemplazado a las empleadas domésticas españolas durante la década de 1980 en municipios madrileños como Pozuelo de Alarcón (Martinez Veiga, 2004: 141-145). Estas trabajadoras procedentes de países pobres “asumen el trabajo reproductivo y de cuidados antes desempeñado por mujeres más privilegiadas” (Fraser, 2016: 128).

De acuerdo con un informe de la Organización Internacional del Trabajo, en el año 2005 una de cada tres empleadas domésticas extranjeras en España era ecuatoriana (ILO, 2013: 36). La reducida inversión por parte del gobierno español en protección social ha implicado una escasez de recursos para atender a las necesidades de las familias con ancianos que cuidar. Muchas parejas profesionales de clase media han recurrido al trabajo asalariado de niñeras o empleadas domésticas, gran parte de ellas latinoamericanas (Herrera, 2007). De acuerdo con Eurostat, el gasto en protección social en España ha supuesto un 20,1% del PIB en 2005, frente a una media europea de un 26%. Las tareas del hogar, que han sido cruciales para asegurar la reproducción social de las familias, en el pasado se llevaron adelante gracias al duro trabajo de las mujeres, especialmente nuestras madres y abuelas. En la actualidad las empleadas asalariadas han sustituido al trabajo familiar, “mercantilizando cada vez más tareas domésticas” (Harvey, 2014: 121). Muchas de estas trabajadoras han contado con titulación universitaria en Ecuador, pero a su llegada a España se han visto obligadas a “empezar desde abajo en su nuevo país de residencia para poder sobrevivir, realizando jornadas laborales de diez y doce horas recibiendo a cambio sueldos inferiores al que tienen la mayoría de los españoles en aquellos años” (Córdoba, 2015: 82).

De acuerdo con Harvey, “Lo que es aún más odioso es que el nivel de remuneración también varía según el género, la raza y la etnia entre trabajadores con la misma ocupación y tareas idénticas” (Harvey, 2014: 122). Las estadísticas han revelado que los trabajadores procedentes del extranjero, incluyendo a aquellos hijos e hijas de migrantes en España con doble nacionalidad, han recibido unos salarios menores de los que han recibido los trabajadores autóctonos (Unión General de Trabajadores, 2015).

Las redes migratorias han dependido de los diversos tipos de capitales con los que cuentan cada uno de los migrantes. Estos recursos han adoptado diversas formas, desde capital cultural (un mayor nivel de estudios o una mejor educación que facilite las tareas de adaptación al nuevo entorno), capital social (disponer de contactos y conocidos en el lugar de destino) y capital simbólico (contar con la confianza de los vecinos o un cierto renombre en la comunidad de origen), lo que ha permitido que se establezcan entre estas poblaciones migrantes “redes de confianza” (Tilly, 2007). Estas redes han funcionado como cadenas de transmisión de las perspectivas y oportunidades que ofrece el país de destino, permitiendo a los migrantes organizar sus viajes gracias a estos flujos de información (Chomsky, 2018). Un trabajo clásico ha señalado la existencia de estos vínculos entre migrantes, tanto vínculos fuertes con paisanos procedentes de Ecuador, en el caso de estudio que nos ocupa, como vínculos débiles con españoles autóctonos o migrantes procedentes de otros países (Granovetter, 1973). Los migrantes han establecido estos contactos en lugares de esparcimiento como las canchas donde habitualmente se reúnen los ecuatorianos que viven en España para jugar ecuavóley.

Amigos tal vez de Cuenca, que yo recuerde en Pamplona había un amigo nuestro, con unos curas fue para allá a Pamplona. Ese era el único contacto que teníamos para esas fechas, después ya, empezamos a llegar y todos ahí (Entrevista 1).

Puede observarse que la llegada de los migrantes pioneros explica los mayores flujos de migración hacia un destino concreto. En el campo social de los migrantes, agentes que han contado con posiciones más elevadas de capital social y cultural, como los profesores y profesoras emigrados a España, han sido los principales contactos para los recién llegados desde la provincia amazónica:

Yo cuando lo cogí era un piso muy bonito en el centro de Pamplona, en la zona vieja, costaba su dinero pero mucha gente, amigos míos, como la migración era diaria, mucha gente llegaba a Madrid (…) me pedían posada, en cuestión de mes y medio, ese piso lo tenía con cerca de treinta personas viviendo allí. Amigos, familia que venía, yo nunca hice eso de cobrarles el arriendo como hicieron esos pisos patera (Entrevista 1).

Este testimonio nos señala una de las primeras formas de expropiación que han sufrido muchos migrantes a manos de arrendadores sin escrúpulos, debiendo abonar importantes cantidades por una habitación en condiciones de hacinamiento, con las deudas de la migración aún a sus espaldas. De acuerdo con Martínez Carrión, el entorno al que han llegado los migrantes se ha caracterizado por la insalubridad y la precariedad de muchas viviendas en las que se han alojado estas personas, tanto en las ciudades como en los pueblos (Martínez Carrión, 2005: 56). Unas realidades expresadas por una de las entrevistadas en España:

Esa casa no tenía ni luz, ni agua para ducharse. Nosotros cogíamos (...) los tanques de gasoil, le habían hecho cortar por la mitad y teníamos una chimenea grande. Calentábamos el agua y ahí nos duchábamos. Ocho meses estuve, mi marido (estuvo) más tiempo. De ahí ya venimos aquí al pueblo (Entrevista 20).

En los primeros momentos de la migración los recién llegados a España han debido afrontar condiciones como éstas. En muchas ocasiones estos pioneros han debido aventurarse solos hacia un país desconocido sin ningún contacto en el lugar de destino, hasta que se establecen nuevas redes sociales que permiten un acceso más favorable a empleos y alojamientos. Como ha señalado una entrevistada:

(Encontré el primer trabajo en España) por ayuda de otros familiares. Como vine embarazada, tuve (a) mi hijo, no tenía papeles para trabajar. Tengo una hermana aquí, ella dejó un trabajo y me lo dejó a mí, cuidando unas crías en una casa a la mañana (Entrevista 16).

Las entrevistas nos muestran cómo en muchas ocasiones las migrantes se han ayudado entre sí. Las mujeres ecuatorianas entrevistadas han trabajado en las fábricas de calzado de Elche, o en el servicio doméstico y la limpieza de hogares, oficinas y emplazamientos industriales como fábricas y laboratorios. De acuerdo con Davis, este tipo de sectores “ofrecen las mínimas oportunidades para movilidad vertical o incluso horizontal” (Davis, 2000: 106). Una joven migrante ha relatado su experiencia particular:

Unos días estuve en Valencia, sería una semana o así, luego ya me fui a Elche. Vivía con mi pareja de entonces, y más gente que eran ecuatorianos de aquí de Zamora. (…) Trabajé en una fábrica de zapatos, me adapté bastante rápido. Una amiga de ahí del piso, que era de Zamora me avisó, me fui a la entrevista y enseguida empecé a trabajar.

(Trabajaba) desde la mañana hasta la noche, a las 9. (Descansábamos) al mediodía. A la una salíamos y entrabamos a las dos y media. El sueldo me parecía muy bueno porque aquí (en Zamora) se gana bastante poco (Entrevista 5).

De estas entrevistas podemos deducir las limitaciones que las redes imponen a las oportunidades de empleo disponibles para hombres y mujeres, lo que ha contribuido a que persistan con pocas alteraciones las divisiones tradicionales por género (Davis, 1999: 51; Hagan, 1998: 60). Los migrantes han podido ofrecer ayuda en la medida en que se lo ha permitido su propia situación, ya que los conocidos y familiares que reciben a los recién llegados también afrontan difíciles situaciones de precariedad e inestabilidad económica (Davis, 2000: 104).

Las tareas que han desempeñado las mujeres migrantes ecuatorianas (y un número nada despreciable de hombres) en domicilios particulares como empleadas domésticas internas, ha implicado dificultades adicionales. Herrera ha mostrado el caso de una empleada doméstica sin contrato de trabajo ni documentación de residencia pese a contar con dos años de experiencia trabajando para los mismos empleadores (Herrera, 2007: 291). De acuerdo con Córdoba, las empleadas domésticas que han trabajado en más de un domicilio no han sido dadas de alta en la Seguridad Social (Córdoba, 2015: 81). Los migrantes han tenido dificultades para obtener un registro de su experiencia laboral a causa del carácter informal de sus trabajos, como ha analizado Hagan en su estudio realizado en Estados Unidos (Hagan, 1998: 65). Esta situación ha colocado a los migrantes en una situación difícil ya que muchas instituciones y servicios del estado requieren pruebas documentales oficiales como el informe de vida laboral, uno de los más solicitados por las personas migrantes. Muchas trabajadoras han debido afrontar, además de reducciones en el salario y jornadas de trabajo más exigentes, una presión adicional de sus empleadores en su vida cotidiana, que en muchos casos conlleva unas rígidas relaciones verticales y cuestionamientos sobre su “decencia y honestidad” (Pedone, 2007: 272). Una entrevistada experimentó en primera persona esta situación:

El hijo de ella (de la dueña de la casa) (...) cuando empecé a trabajar me miraba mucho el bolso, me miraba… y por dejarlo tranquilo, cada vez que me abría la puerta yo abría mi bolso, para sacar algo (le decía) “no llevo nada”, pero bueno, como a una le conocen hasta me dejaban las llaves y todo. Tenía cinco o seis juegos de llaves de las casas que iba. (Los empleadores) se iban de vacaciones y me dejaban sola (Entrevista 11).

No puede dejar de señalarse en este tipo de casos la normalización con la que las trabajadoras perciben estas situaciones. Muchas de las trabajadoras domésticas ecuatorianas cuentan con educación secundaria y superior, y han trabajado como maestras, enfermeras o administrativas en Ecuador. Esta experiencia supone un beneficio añadido para las familias que les encargan el cuidado de los más ancianos y la educación de sus hijos (Pedone, 2007: 257). Los migrantes ecuatorianos en muchas ocasiones han desempeñado tareas por encima de su categoría profesional, recibiendo remuneraciones mínimas por un trabajo que requiere conocimientos y cualificación especializada (Pedone, 2007: 264). La falta de cumplimiento de los derechos laborales ha implicado que muchos de los trabajadores ecuatorianos hayan quedado desprotegidos ante prácticas de los empresarios agrícolas que recuerdan a las prestaciones gratuitas de trabajo propias de los huasipungueros en las haciendas de la sierra ecuatoriana (Martínez Valle, 2014: 67). En palabras de un ciudadano ecuatoriano residente en España:

Trabajaba de corrido, todo el día. Antes había un español que los domingos se hacía (una jornada de trabajo) para él. El sábado en la empresa y el domingo para él. Yo trabajaba pero no cobraba, eso ya me lleva el encargo que le ayude, (me) dice vente conmigo el domingo (…) Cortar ramas, o coger olivas, o echar herbicida a la hierba. (Trabajábamos) en su campo. A nosotros no (nos pagaba), me llevaba a la casa, nos daba de comer, dinero no (nos pagaba) pero sí nos daba de comer. Eso era cada domingo (Entrevista 19).

Este tipo de abusos, bastante generalizados como se puede deducir de este testimonio, son un reflejo de la situación de falta de derechos laborales que constantemente han dejado a los migrantes indocumentados indefensos frente a estas prácticas de explotación. Por otra parte, en contra de la opinión de la economía neoclásica, la realidad del trabajo informal dista mucho de estar formada por potenciales emprendedores en búsqueda de una maximización de sus ganancias. Como advierte Davis, “nunca se puede disponer libremente del espacio” (Davis, 2014: 237). La investigación de Hagan, realizada en Estados Unidos, ha señalado la existencia de situaciones de explotación entre los recién llegados y los migrantes más veteranos (Hagan, 1998: 56). En el mercado informal de trabajo español han proliferado los intermediarios, como los furgoneteros o los jefes de la cuadrilla, que han ejercido tareas de control de los trabajadores migrantes que esperaban en los puntos donde acudían cada mañana a buscar su jornal, en lugares como la plaza del Óvalo de Lorca (Pedreño, 2005: 89). Los intermediarios recogen en estos emplazamientos a los migrantes para trasladarlos a las agroindustrias donde realizan su actividad. De acuerdo con el testimonio de una entrevistada:

El trabajo era bastante duro (…) en cuclillas o arrodillado, cuando se (recoge la) lechuga, es muy cansado, se termina tarde, reventado con los riñones. Pero bueno muy bien, con mi cuadrilla, con los que conocía yo, hacíamos comida, si tocaba a fiesta nos íbamos... (Entrevista 12)

Al igual que esta chica, muchos migrantes se han montado cada mañana en anticuados autobuses que los han transportado a las factorías agrícolas, donde han permanecido todo el día hasta que regresaban a sus hogares al ocaso. El trabajo que han desempeñado, y las aportaciones de los migrantes al crecimiento económico de las regiones donde se han instalado, en muchas ocasiones ha pasado desapercibido para la mayoría de los ciudadanos, debido a la segregación en la que han vivido estas familias. Jokisch ha analizado el proceso extraordinario de regularización de migrantes que ha tenido lugar en España en el año 2001, tras un trágico accidente en el que fallecieron 12 ecuatorianos indocumentados y que carecían de contrato laboral, cuando el vehículo que los conducía al trabajo fue arrollado por un tren en un paso a nivel mal señalizado en Lorca (Murcia). El accidente impulsó a muchos de ellos a unirse en un importante movimiento de protesta, una “marcha por la vida” en la que los ecuatorianos se manifestaron por la legalización de los migrantes indocumentados (Jokisch, 2014; Diario El Mundo, 2001).

Las trabajadoras domésticas, para lograr empleo, en muchos casos dependen de las referencias proporcionadas por sus mismas empleadoras o las recomendaciones de otras compañeras. Muchos otros migrantes han debido trabajar en los escalones más precarios del empleo informal, como los vigilantes de aparcamientos o los chatarreros y cartoneros. Estas personas, montadas en oxidadas bicicletas con cajas de plástico a modo de improvisados remolques, en muchas ocasiones trabajan para intermediarios que se benefician del trabajo de recolección que realizan a lo largo de todo el día, con el fin de obtener al final de la jornada unas monedas para subsistir. De acuerdo con datos de la prensa murciana, un cartonero recibe una ganancia de 15 céntimos el kilo por el trabajo de recolección (López, 2012). Estos vínculos han conformado “una multitud de redes de explotación” (Davis, 2014: 231), que contra lo que podría sugerir la aparente desorganización del mercado de trabajo informal urbano, no están a disposición de cualquier desempleado. Como ha señalado Amis, los sectores monopolizados más lucrativos del mercado de trabajo informal cuentan con importantes restricciones para los recién llegados (Amis, 1995: 151). En ocasiones pueden advertirse conflictos entre los vigilantes de aparcamiento informales (conocidos como gorrillas) por las calles más céntricas y codiciadas por los conductores.

Este mercado de trabajo informal no se limita a los extranjeros, ya que muchos jóvenes españoles se han empleado como profesores particulares de inglés. A causa de los reducidos ingresos que permite esta actividad se han visto obligados a trabajar más horas autoexplotándose o a reducir las tarifas que solicitan a sus alumnos ante la competencia cada vez mayor de titulados desempleados que ofrecen clases particulares. Este proceso de precarización ha sido definido como involución urbana (Davis, 2014: 234).

La crisis económica de 2008 y sus efectos en la migración

La crisis sistémica ocurrida en 2008/2009 ha tenido drásticas consecuencias para los migrantes  y los ingresos por remesas del país andino. Estas remesas, gracias al esfuerzo de los ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior, han supuesto un importante beneficio para Ecuador, superando a los ingresos obtenidos por la exportación de banano. Un porcentaje de estas remesas ha quedado en manos de las empresas encargadas de realizar los envíos de dinero, que han cobrado importantes comisiones por esta actividad (Acosta, 2005: 6).

Una de las medidas que se han tomado para abordar esta crisis ha sido el rescate del sector bancario con recursos públicos, lo que ha incrementado vertiginosamente la deuda pública de los gobiernos, como ha sucedido en España. Este endeudamiento se ha convertido en una importante carga para los estados, que han de abonar en pago de intereses a los acreedores extranjeros gran parte de sus ingresos fiscales, por lo que han reducido el gasto en sanidad, educación y prestaciones sociales públicas, llegando en algunos casos a vender patrimonio público para satisfacer las deudas adquiridas con el sector financiero (Hudson, 2018).

Estas reglas políticas favorables al pueblo de mercado (Streeck, 2016) han sido sancionadas por “una camarilla de administradores financieros que actúan en nombre de  los acreedores, en su mayoría sacados de las filas de banqueros de inversión” (Hudson, 2016: 349). Muchos de los tecnócratas presentes en las instituciones del estado y de la Unión Europea han ocupado importantes posiciones en las instituciones financieras internacionales, como Luis de Guindos, que trabajó en Lehman Brothers, o Rodrigo Rato, en el Fondo Monetario Internacional.

España se ha visto particularmente afectada por la crisis sistémica del año 2008, debido al desplome ocurrido en el sector inmobiliario y de la construcción, donde han trabajado muchos migrantes en tareas como la albañilería. Los ocupados procedentes de América Latina en el sector de la construcción ascendían a 293.400 personas en el primer trimestre de 2008, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística. Para el primer trimestre del año 2018 los ocupados procedentes de Latinoamérica en este sector habían descendido a 50.000 personas, unas cifras que han de tomarse con las precauciones habituales dada la irregularidad que afecta en ocasiones a los procesos de contratación. La estrategia liberalizadora seguida desde los años de gobierno de Felipe González (1982-1996), así como las políticas neoliberales aplicadas tanto por el Partido Socialista Obrero Español como por el Partido Popular, han implicado una profundización de la desindustrialización a cambio de una considerable entrada de fondos europeos, la inserción en la división internacional del trabajo a través de los sectores turístico e inmobiliario, y la apertura a las inversiones y al capital extranjero (López y Rodríguez, 2011; Petras, 2018).

El sector público español ha asumido las pérdidas de las entidades bancarias, como ha ocurrido en el caso de Bankia, ocasionadas por la concesión de préstamos para proyectos insensatos de construcción y para la concesión de hipotecas, sin atender a la capacidad de devolverlas de unos trabajadores empleados en un mercado de trabajo afectado por una elevada temporalidad (López y Rodríguez, 2011). Los diversos gobiernos de PP y PSOE han llevado a cabo de forma entusiasta modificaciones constitucionales que garantizan el equilibrio presupuestario y drásticos y dolorosos ajustes de gasto público en servicios sociales impuestos por los tecnócratas de Bruselas. También han tenido lugar diversas medidas que han privado a los trabajadores de importantes derechos, como la reforma laboral del año 2012 y limitaciones a la protesta pública tras las manifestaciones del movimiento 15M (Govan, 2012). Todo ello en un contexto de corrupción y prácticas clientelistas estructurales, que han socavado la confianza de las grandes mayorías sociales en las instituciones democráticas. Los servicios públicos, como escuelas y hospitales de los que dependen la mayoría de familias para su supervivencia, se han visto golpeados por estas políticas antisociales. Los recortes también han afectado al importante papel que juega la escuela pública en proporcionar una mejor capacidad de adaptación y un sólido aprendizaje a los niños, no importa cual sea su lugar de origen (Harvey, 2013; Streeck, 2016; Fontana, 2016: 441). Como ha señalado Michael Hudson, “el efecto de los programas de austeridad neoliberal es el de contraer los mercados e inducir la emigración de los trabajadores, empeorando los déficits internacionales antes que resolverlos” (Hudson, 2011: 15)

La crisis y la reducción de los salarios de la población ha afectado a la demanda interna, reduciendo el consumo, que ha pasado cada vez más a estar sostenido por el crédito (Carrillo, 2018a: 18). Los más perjudicados por el colapso del sector inmobiliario se han visto privados de medios de vida al perder sus empleos en la construcción e industrias afines. De acuerdo con las cifras, la población en riesgo de pobreza en España ha aumentado de un 22,7% en 2008 a un 27,2% en 2016. En el caso de los extranjeros, un 52,9% se han encontrado en riesgo de pobreza en 2008, incrementándose a un 60,1% en 2016[3]. Muchas personas sin trabajo en España se han visto obligadas a recurrir a los bancos de alimentos y comedores sociales a causa de estas políticas de “austeridad” aplicadas por los gobernantes del periodo, sancionadas en los tratados de la Unión y observadas por las instituciones de la Troika (The New York Times, 2012).

A causa de la depresión económica, muchos migrantes latinoamericanos no han podido llevar a cabo sus estrategias migratorias consistentes en reunir a sus familiares en España, lo que ha conducido a mayores “fuerzas de fisión” dentro de la familia (Bourdieu, 2011: 49; Herrera, 2016). Los problemas se han profundizado con la pérdida de las viviendas de muchos ecuatorianos y españoles que no han podido pagar sus hipotecas, una “economía de la desposesión de poblaciones vulnerables” (Harvey, 2013: 93). Las familias han sufrido de forma más pronunciada la profunda recesión económica en su vida cotidiana. El incremento de los desahucios ha sido una de las consecuencias más visibles de estos procesos de acumulación por desposesión, lo que ha llevado a movimientos colectivos de organización y protesta como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Cifras del Instituto Nacional de Estadística han reflejado que el porcentaje de familias extranjeras que poseen una vivienda en propiedad ha disminuido de un 31,1% en 2007 a un 18,1% en 2016. Como nos ha recordado Harvey, la posesión de una vivienda familiar ha supuesto “un medio de ahorro y que el valor de los activos pueda ser dejado en herencia entre generaciones” (Harvey, 2018b: 449), un activo del que se han visto despojadas las familias más vulnerables. Las mujeres, debido a que el sector del servicio doméstico no se ha visto afectado de forma tan drástica por la crisis de 2008 como el sector de la construcción, han permanecido en España. Muchos migrantes, en cambio, han optado por retornar a Ecuador, o se han visto obligados a emprender un nuevo proceso migratorio a países como Reino Unido o Estados Unidos (Herrera, 2016). Un 67% de la población española residente en el extranjero en 2019 no ha nacido en España, lo que podría indicar que muchos migrantes nacionalizados han continuado sus estrategias migratorias en otros países. Hemos de tener en cuenta que a estas cifras habría que añadir la no desdeñable cifra de población migrante que no haya podido o no haya querido registrarse en las instituciones públicas, o que no cuente con la nacionalidad española.

Muchas familias migrantes han debido afrontar las inciertas perspectivas de un nuevo proceso migratorio, con lo que supone para la pérdida de lazos sociales y de amistad construidos en España. Esta problemática ha afectado especialmente a los hijos e hijas de los migrantes, que en muchos casos han debido dejar atrás su colegio y sus amigos para acompañar a sus padres en una nueva trayectoria emigratoria (Córdoba, 2015: 82). Los jóvenes han sido otro sector de la población particularmente afectado por las consecuencias de la crisis sistémica de 2008. Como ha señalado Petras, la emigración masiva ha sido una respuesta de la población de países como España o Irlanda, quienes se han visto forzados a abandonar sus lugares de origen al igual que hicieron los ecuatorianos dos décadas atrás, “huyendo masivamente de la perpetua inseguridad en el trabajo impuesta por su élite” (Petras, 2013). Un economista como Michael Hudson ha señalado que “lo que ahora está llevando a la mano de obra europea a la emigración es la severa política de deuda” (Hudson, 2018: 437). De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, la población española residente en el extranjero en el año 2019 asciende a 2.545.729 personas, lo que supone un incremento de más de un millón de personas con respecto al año 2009. La despoblación se ha convertido en un problema para una gran parte de la población española residente en territorios rurales, como han reflejado las manifestaciones que denunciaban la escasa atención que han recibido del gobierno (Vasco, 2019). Harvey ha señalado que:

“la política urbana neoliberal (…) concluyó que la redistribución de la riqueza a las barriadas, ciudades y regiones menos aventajadas era inútil, y que los recursos debían canalizarse, por el contrario, hacia los polos de crecimiento empresariales más dinámicos” (Harvey, 2018a: 343).

Muchos de estos migrantes cuentan con elevadas cualificaciones, sufragadas por el estado español a través de las universidades públicas, así como por el trabajo de sus familias y de los propios estudiantes en muchos casos. Este valioso recurso, que en terminología empresarial se conoce como capital humano, ha impulsado el crecimiento económico de otros países, como refleja la importante migración de ingenieros españoles atraídos por las mejores condiciones laborales que ofrece la gran industria alemana. Con respecto a esta migración de trabajadores cualificados procedentes de los países del sur global, un estudio ha señalado que el número de migrantes con titulaciones superiores ha crecido a una tasa de un 2,7% anual entre 1990-2010, frente a una tasa de crecimiento de un 1,8% anual para el conjunto de la población migrante. Una migración “que se nutre principalmente por científicos y tecnólogos” procedentes de países como China e India (Pinazo-Dallenbach y Delgado Wise, 2019: 20-25). Por su parte, las grandes empresas en Europa han trasladado parte de sus procesos de producción a los países que se han mantenido fuera de la moneda única como Polonia, donde pueden acceder a una mano de obra ampliamente cualificada procedente de los países del sur de Europa con menores costes laborales.

Streeck ha arrojado luz sobre la contribución que realizan muchos familiares a solventar los problemas de reproducción social de las familias trabajadoras (Streeck, 2017c: 58). La escasez de ayudas públicas y servicios como guarderías asequibles ha sido abordada mediante el trabajo de los abuelos, que cuidan a los nietos durante el tiempo en que los padres desempeñan sus jornadas laborales. Los jóvenes desempleados en los países del sur de Europa, ante los problemas de vivienda originados por la gentrificación, el desarrollo turístico neoliberal y el incremento del precio de los bienes inmuebles en las grandes ciudades, han de vivir con sus padres en su etapa adulta. Schaffran y Monkkonen han advertido sobre:

“el papel crítico del Estado tanto en producir directamente la gentrificación a través de subvenciones, incentivos fiscales, recalificaciones y remodelaciones, o más indirectamente a través de la aplicación/ignorancia de demarcaciones de áreas urbanas, regulaciones del alquiler y barrios históricos” (Schafran y Monkkonen, 2011: 242).

La ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, promulgada en el año 2013, ha incrementado los flujos migratorios de trabajadores altamente cualificados e inversores del extranjero, procedentes de países como Estados Unidos, China y Venezuela, muchos de los cuales han accedido a la documentación de residencia con la adquisición de una propiedad inmobiliaria. Datos oficiales señalan que la concesión de estas autorizaciones se ha incrementado un 22,6% entre 2017 y 2018 (Ministerio de Trabajo, 2019: 16). Estas observaciones son similares a las reflejadas en un estudio sobre la migración estadounidense en diferentes ciudades de México. Esta investigación ha advertido que “aparece una migración heterogénea, tanto geográfica como sociológicamente” (Schafran y Monkkonen, 2011: 226).

Debido a la escasez de empleos adecuados, muchos jóvenes en el sur de Europa dependen de los ingresos de la unidad familiar o de unas reducidas prestaciones sociales por desempleo, en el caso de que dispongan de las mismas. Gran parte de ellos han debido recurrir al alojamiento en viviendas compartidas. Estos cambios en las condiciones materiales objetivas necesariamente han ocasionado profundas transformaciones en las vidas cotidianas, las concepciones mentales y las relaciones sociales y familiares en las generaciones más jóvenes que requieren de un mayor estudio (Harvey, 2018a: 385-403). El prolongado desempleo tiene consecuencias perjudiciales para el futuro de estos graduados universitarios, que enfrentan importantes dificultades para encontrar un trabajo digno en el mercado laboral. En palabras de Joseph Stiglitz: “Normalmente, la juventud es un periodo de construcción de habilidades, pero se ha convertido en una época durante la cual se atrofian.” (Diario El País, 2012). Ante esta compleja situación, Hobsbawm reivindica el papel de la educación, mediante “un programa educativo útil que se dirija a la comunidad de los jóvenes educandos, no sólo dentro de un país o un círculo cultural, sino también en todo el mundo” (Hobsbawm 2013: 42).

Conclusión

El trabajo realizado supone una contribución al estudio de las migraciones contemporáneas. La depresión económica ha afectado gravemente a españoles y extranjeros en España, lo que ha llevado a muchos migrantes, quienes ya habían sufrido los efectos de una crisis económica en su país de origen, a efectuar nuevas estrategias migratorias en busca de mejores oportunidades. Los reducidos ingresos que pueden obtenerse en la provincia de Zamora Chinchipe (Ecuador), así como la falta de oportunidades para lograr un sustento a causa de los diferentes procesos de acumulación por desposesión que han tenido lugar a lo largo de su historia reciente, han privado de medios de vida a la mayoría de la población zamorana. La migración ha sido la principal estrategia para asegurar la reproducción social de muchas familias. El entorno geográfico, las limitaciones en el desarrollo socioeconómico en la región amazónica y el inmovilismo de muchas instituciones locales han supuesto importantes obstáculos para lograr una mejora de las condiciones de vida. El desempleo y la pobreza han afectado también a los migrantes retornados a Zamora Chinchipe, quienes han recurrido a diversas medidas de asociacionismo para buscar soluciones a su situación, desde las asociaciones con propósito laboral a los sindicatos creados en las empresas extractivas (Diario La Hora, 2016; Diario la Hora, 2015). La escasez estructural de empleo en estos territorios periféricos rurales se ha agravado a causa de las estrategias de reducción de costes llevadas a cabo por el capital inversor presente en el territorio zamorano, ya sean empresas mineras extractivas, grandes superficies comerciales o agroindustrias como Ecolac (Martínez Valle, 2014). Estos factores han dejado casi sin fuentes de ingresos a los habitantes de Zamora Chinchipe, y han restringido las oportunidades de negocio para gran parte de los pequeños empresarios. Los propietarios zamoranos de vehículos industriales han denunciado que en muchas ocasiones no han sido contratados por las empresas extractivas (Diario la Hora, 2013).

Los migrantes en países como España se han visto afectados por graves situaciones de precariedad e inestabilidad, que los han privado de importantes derechos laborales y los han empujado a situaciones de pobreza. Una pobreza que no sólo implica la falta de ingresos, sino que, como ha señalado un estudio publicado en la revista Science, “el contexto mismo de la pobreza impone una carga y dificulta la capacidad cognitiva (…) evocar preocupaciones financieras tiene un impacto cognitivo comparable con perder una noche completa de sueño” (Mani et al., 2013). Los migrantes en España han debido trabajar en los empleos menos atractivos, con peores condiciones laborales y más exigentes física y psicológicamente (por señalar un caso concreto, el cuidado de ancianos con problemas de salud mental). Los migrantes han trabajado en sectores con escasas expectativas de movilidad ascendente, recibiendo salarios menores a los que perciben los trabajadores autóctonos, lo que perpetúa su situación de exclusión social y los ha llevado a “una situación casi insostenible” (UGT, 2015: 37).

Las políticas que han favorecido la entrada de mano de obra extranjera para realizar tareas de poca cualificación han incrementado las divisiones en la sociedad entre aquellos que disponen de derechos de ciudadanía y los que carecen de documentación de residencia legal, viéndose estos últimos sujetos a mayores injusticias y abusos. Es importante tener en cuenta que los sectores más vulnerables de las clases trabajadoras autóctonas se han visto afectados negativamente por la llegada de trabajadores extranjeros. La disponibilidad global de trabajadores desempleados presiona a la baja los salarios de los trabajadores poco cualificados autóctonos, al tiempo que los servicios públicos, como colegios y hospitales de los que dependen tanto españoles como extranjeros, no cuentan con una financiación adecuada y existen importantes listas de espera para acceder a la atención médica. Un empeoramiento de los servicios públicos consecuencia de años de políticas neoliberales aplicadas por los gobiernos nacionales, la burocracia tecnocrática de la Unión Europea y las instituciones supranacionales como el Fondo Monetario Internacional. Ante los profundos cambios que ha ocasionado en las sociedades la apertura a la economía globalizada neoliberal, partidos políticos reaccionarios han enarbolado una ideología tradicionalista, chovinista y de rechazo a los extranjeros. Un proceso similar al analizado hace más de medio siglo por Eric Wolf en su estudio del campesinado latinoamericano: “una tendencia predominante hacia la endogamia comunitaria” (Wolf, 1955: 459).

Estos desarrollos políticos han incrementado la desigualdad entre las clases más privilegiadas, quienes se han beneficiado en mayor medida de la evolución de la economía global, y las grandes mayorías que han sido dejadas de lado de este crecimiento económico (Streeck, 2017a).

Delgado-Wise nos advierte sobre la necesidad de prestar una mayor atención a las contribuciones de los trabajadores migrantes en los países de destino, atendiendo a los ingresos fiscales recibidos por las haciendas estatales a través del trabajo y consumo de los trabajadores migrantes, ya sean con papeles o sin papeles. En contra de la percepción que representa la migración como un acto de generosidad por parte del país receptor, es preciso señalar que la migración beneficia en diversos aspectos a los países del norte, permitiendo a los empresarios disponer de una mano de obra más barata y reemplazando las obligaciones del estado en materia de protección social, que han sido sustituidas por el trabajo asalariado de las empleadas domésticas (Delgado-Wise, 2014: 657; Wallerstein, 2015). Por otra parte, una elevada emigración de mano de obra implica la pérdida de profesionales cualificados que podrían permitir un mejor desarrollo de las fuerzas productivas en los países del sur global. La formación en las universidades del sur de una fuerza de trabajo altamente calificada de la que no se benefician los países expulsores de población supone, de acuerdo con Delgado-Wise, un elevado gasto para las haciendas públicas de los países del sur y un subsidio para las economías radicadas en el norte (Delgado Wise, 2014: 657). Un fenómeno que Hirschman definió como factores de polarización (Hirschman, 1961: 187-190)

Continuar con estas investigaciones nos permitirá, como ya afirmó en el pasado Durkheim, ampliar nuestro conocimiento científico marcando distancias con aquellos enfoques que no hayan considerado en su estudio “los hábitos, las tradiciones, la constitución mental del hombre y de las sociedades” (Bourdieu et al., 2005: 163). Frente al impresionante desarrollo de la ciencia y la tecnología, Samir Amin ha advertido sobre los riesgos que presenta desaprovechar estas posibilidades “bajo las exigencias de su sumisión a la lógica de la persecución sin fin de la acumulación de capital” (Amin, 2009). Este trabajo supone una pequeña contribución a la reconciliación de “los requisitos del cambio económico con la imagen del cambio enfocada al grupo” (Hirschman, 1961: 25), consiguiendo así ampliar nuestros horizontes para buscar nuevas alternativas a las realidades en las que nos encontramos.

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