El conflicto entre intereses públicos y empresa privada. Argentina: el caso CHADE en la década de 1930.

Carlos A. J. Molinari

Mg. en Ciencias Sociales con orientación en Historia Social (Universidad Nacional de Luján – Argentina).

Resumen: El objetivo de este artículo, es investigar a partir de un caso emblemático en la historia de la República Argentina, como fue el denominado “escándalo de la CHADE”, en la década de 1930, las relaciones que se establecen entre empresas concesionarias de servicios públicos, los organismos del Estado y los partidos y dirigentes políticos. Para ello se ha apelado a las fuentes originales de la investigación estatal sobre el caso, así como bibliografía complementaria que ha trabajado sobre otras fuentes primarias. Las conclusiones permitirán comprender que esta situación obedece a un comportamiento sistémico de la empresa.

Palabras clave: servicios públicos, gobierno, corrupción, ética.

Abstract: The objective of this article is to investigate from an emblematic case in the history of the Argentine Republic, as was the so-called “scandal of the CHADE”, in the 1930’s, the relationships established between concessionary companies of public services, state agencies and political parties and leaders. To this end, the original sources of the state investigation on the case have been appealed, as well as complementary bibliography that has worked on other primary sources. The conclusions will allow will allow to understand that this situation obeys to a systemic behavior of the company.

Keywords: utilities, government, corruption, ethics.

Introducción

El objetivo de este trabajo es analizar, a partir de un caso acontecido en la década de 1930 en la Ciudad de Buenos Aires, los mecanismos que se ponen en acción en las relaciones de las empresas de servicios públicos con el Estado, de manera de extraer conclusiones –aún con la imposibilidad de extrapolar la historia al presente de forma lineal- que posibiliten comprender las causas de estas acciones y la importancia de la ética como valor esencial en el comportamiento de actores públicos y privados.

El 6 de Agosto de 1943, el gobierno militar surgido del golpe de estado del 4 de Junio de ese año, dictaba el Decreto Nº 4910 por el cual se creaba una Comisión Investigadora de los Servicios Públicos de Electricidad y, posteriormente, el 28 de Agosto, dictaba el Decreto Nº 6916, complementario del primero. La citada Comisión, estaba compuesta por Matías Rodríguez Conde –Coronel RE-, Juan Sábato –Ingeniero- y Juan Pablo Oliver –Abogado-.

La misión establecida para la comisión era “…investigar con toda amplitud los antecedentes que motivaron la sanción de las Ordenanzas Municipales[1] 8028 y 8029 del 23 de Diciembre de 1936”[2].

La primera pregunta, que surge vinculada a la creación de la comisión y su misión, es porqué un gobierno de facto decide investigar casi 7 años después, lo que se había conocido como el escándalo de la CHADE, que no solo había puesto en duda la honorabilidad del Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires sino que, de alguna manera, había manchado al propio gobierno nacional –surgido del fraude, pero formalmente democrático-, a partidos políticos y a una empresa de capitales internacionales con una larga trayectoria en el país.

La búsqueda de respuesta a esta pregunta, es la que nos ha llevado a investigar el caso de la CHADE, uno de los más importantes en ese período de la historia argentina, tanto por la magnitud del hecho como por el impacto del mismo en la opinión pública; situación que se expresa en algunas de las conclusiones del informe de la Comisión Investigadora.

En la elevación al Señor Presidente de la Nación y, aclarando que el informe debió ser concluido en forma precipitada, la comisión destacaba que “Estas compañías son focos de explotación pública y de corrupción política y administrativa” [3] y recomendaba, lisa y llanamente, la expropiación de la empresa, en la cual sugería que el Poder Judicial no debía tener nada que decir, a excepción del monto indemnizatorio, recomendando no pagarle nada a la CADE –el nombre que había tomado a ese momento la CHADE-, pues no correspondía, según los datos proporcionados por la propia empresa. Inclusive y a pesar de que la acción penal sobre los funcionarios responsables estaba prescripta, la comisión recomendaba enviar todos los antecedentes a la justicia para que la misma decida.

Si bien no es el único caso que se podría analizar de esa década –el de los frigoríficos, denunciado por el senador Lisandro de la Torre es otro caso emblemático-, la existencia del informe producido por la Comisión, producto de una profunda investigación, más otros documentos de la época, nos permiten analizar las interacciones entre la empresa, el Estado y ciertos grupos políticos, en la comisión de hechos ilícitos que violaron la ética sobre la que se deben fundar las relaciones entre las empresas y el Estado.

De la CATE a la CADE

A juicio del autor de este trabajo, el inicio del informe de la Comisión Investigadora, es una auténtica declaración de principios, que establece los parámetros sobre los cuales habría de guiar todas sus acciones.

Así, comienza estableciendo que las compañías concesionarias de servicios públicos de electricidad, son también personas jurídicas creadas “con un objeto conveniente al pueblo”, de acuerdo al artículo 33 del Código Civil y que deben satisfacer la necesidad pública “[…] con la mejor abundancia, eficiencia y baratura posibles”[4].

Por otra parte plantea que, si bien se deben respetar con igual criterio tanto el interés de los accionistas como el de los usuarios –sean quienes sean en los dos casos-, no se debe confundir el interés de los accionistas, con quienes mediante la dirección y administración de las empresas “suelen explotar al Estado y a los usuarios”. Es interesante, porque plantea con mucha anticipación en el tiempo, en la época en que la gestión de las grandes empresas estaba pasando de sus fundadores a especialistas –a los cuales denominamos la tecnoburocracia o los cuadros-, como los intereses de estos últimos en algunas oportunidades se independizan de la propia compañía, generando conflictos alternativamente con clientes –en este caso usuarios-, accionistas y otros grupos de interés como son los usuarios del servicio; lo que no invalida la responsabilidad de los accionistas que se benefician con el accionar de las gerencias..

Esboza luego el Informe, una historia de la compañía que ayuda a comprender parte del proceso que llevó al dictado de las Ordenanzas Municipales en cuestión.

En 1898, se instala en Buenos Aires la Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad –CATE- con el objeto de brindar servicios de electricidad a la ciudad, compitiendo en un principio con otras compañías establecidas, entre ellas una de la propia Municipalidad de la Ciudad; pero la CATE, terminó comprando a las otras empresas y estableciendo un virtual monopolio.

Siendo Intendente de la Ciudad de Buenos Aires Alberto Casares, intentó poner coto a la monopolización del servicio, elevando un proyecto por el cual se proponía crear un sistema de usinas municipales y, así obligar a las empresas de tranvías a comprar el fluido eléctrico en las mismas. El proyecto fue desestimado por el Concejo Deliberante y finalmente, la propia usina municipal fue transferida a la CATE.

Es interesante destacar como el  Concejo Deliberante, o por lo menos sus componentes mayoritarios, parecen acompañar las posiciones de las empresas eléctricas desde prácticamente el inicio de sus actividades; con lo cual llamará menos la atención el papel jugado posteriormente en la sanción de las Ordenanzas Municipales, objeto de la investigación.

En 1907 y bajo la intendencia de Carlos T. de Alvear, la CATE presenta un proyecto al Concejo Deliberante, que es velozmente transformado en Ordenanza Municipal el 8 de diciembre de ese mismo año. En la citada ordenanza se establece en 50 años la duración de la concesión y que al vencimiento, todos los bienes de la empresa pasarían a poder del municipio sin cargo; a esto se lo denominó “cláusula de reversión”.

Por otra parte, para asegurar el buen estado de conservación de los bienes al finalizar la concesión, se crea el “fondo de renovación”, que establece que la CATE deberá depositar hasta el año 1928 el 2% de los ingresos brutos anuales y luego hasta la finalización el 3% en una cuenta del Banco Nación. Estos fondos deben estar en orden conjunta con la Municipalidad y, con ellos, se realizará la renovación del material; el saldo resultante, al vencimiento, pasa a poder de la ciudad de Buenos Aires. Como veremos, estas cláusulas tienen una importancia vital para interpretar parte de lo que sucederá en 1936.

En el año 1912, solicita una concesión para operar en el servicio eléctrico, la recién creada Compañía Ítalo Argentina de Electricidad –CIADE-. Si bien esta empresa no forma parte de nuestro caso de estudio, se menciona el hecho al efecto de destacar la relación entre las empresas concesionarias de servicios públicos y los organismos elegidos por el pueblo de la ciudad de Buenos Aires. El otorgamiento de la concesión a la CIADE, es defendido por el Intendente de la Ciudad, Joaquín S. de Anchorena y por el Secretario de Obras Públicas, Atanasio Iturbe. Ambos pasan posteriormente a formar parte del directorio de la nueva empresa, si bien en distintos momentos.

Las causas del fenómeno de la CHADE no hay que verlas, quizás, en forma aislada, sino como parte de un largo proceso de relación entre estas empresas y el poder político; de la misma manera que como parte de una metodología de conducción de los negocios.

Volviendo al caso bajo análisis, debemos recordar que al finalizar la Primera Guerra Mundial, los accionistas de las empresas alemanas se vieron obligados, por las condiciones impuestas a Alemania, a vender sus acciones en países neutrales. Como consecuencia, la CATE fue transferida a la Societé Financière de Transports et d’Enterprises Industrielles, conocida como SOFINA, un consorcio español con sede en Bruselas; entonces la denominación de CATE cambió a Compañía Hispano Americana de Electricidad, CHADE. Por Ordenanza Municipal del 30 de junio de 1921, la recién creada compañía sucede a la Alemana Transatlántica.

Durante los años siguientes y, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, se producen abusos de las compañías que prestan el servicio eléctrico, entre ellas la CHADE, lo cual produjo que varias sociedades de fomento se organizaran en una Junta y denunciaran lo que consideraron violaciones por parte de las empresas a los derechos de los usuarios y a la propia concesión. Entre las denuncias más importantes, figuraban el pago por parte de los vecinos que carecían del servicio, de los cables de extensión de la red, lo cual violaba la concesión; el aumento indebido del precio del servicio a los clientes a través de utilizar aparatos y motores no autorizados; la violación del cálculo para la tarifa de alumbrado y fuerza motriz lo que llevó a facturar, según la Comisión Investigadora, desde 1924 a 1936 $87.300.000 en forma indebida; la solicitud de depósitos en garantía, para cubrirse por una posible falta de pago por el cliente; la imputación a la tarifa que pagaba el consumidor de los aportes patronales sobre los salarios; utilización de tensiones eléctricas peligrosas; incursión en zonas no autorizadas por la concesión como la Provincia de Buenos Aires, ahorrando instalar usinas en esa zona y pasando los cables de la Capital a la Provincia.

En 1932, ya instalado el gobierno del presidente Justo y, habiendo asumido las autoridades elegidas con la abstención de la Unión Cívica Radical[5], se produce el hecho de que Germinal Rodríguez –socialista independiente-, como presidente de la Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante, acusa a la CHADE y solicita la formación de una comisión para estudiar los abusos de la empresa. Asimismo, la comisión elabora una serie de proyectos que obligaban a la compañía al cumplimiento del contrato de concesión original. Es importante recordar que el concejal Rodríguez, representaba a un partido que a su vez formaba parte de la coalición gobernante a nivel nacional[6] –la Concordancia-.

Sostiene el concejal en el Concejo Deliberante:

“Creo que este asunto servirá por lo menos para llamar la atención del país. Estas grandes empresas juegan un papel profundo de forma y fondo en la política…no diré que hagan los gobernantes, pero si puedo decir que muchos gobernantes son hechos por estas empresas”[7].

Pero imprevistamente, el mismo concejal cambia de posición y plantea una actitud conciliadora con la CHADE y sostiene que es necesario conciliar y llegar a acuerdos entre las partes. Su posición gana la mayoría en la comisión y se propone la formación de una Comisión Conciliadora, formada por un representante de la Municipalidad, otro de la CHADE y los decanos de las Facultades de Ingeniería, Derecho y Ciencias Económicas, lo cual es votado por la mayoría oficialista.

¿Cuál es la causa de este abrupto cambio de posiciones? Federico Pinedo, que era en ese entonces el Ministro de Hacienda, a su vez socialista independiente y abogado consultor de la CHADE, recibió el encargo del general Justo de ocuparse de las quejas de la empresa eléctrica por las agresiones que sufría. Así, citó el ministro a los concejales de su partido en su despacho, y según declara Rodríguez ante la Comisión Investigadora [8] les planteó:

“Es menester poner las cosas en su terreno de inteligencia. No es posible que partan de la base de que el Gobierno Nacional les va a dar la fuerza pública para cortar los cables a la provincia, porque es una idiotez pensarlo. Hay que arreglar el problema porque el gobierno necesita de una CHADE para arreglar sus problemas financieros. En estos días nos han prestado 7.000.000 de pesos, y no es posible que el gobierno, que no ha podido colocar un empréstito, pueda ponerse a joder con una empresa que tanto le sirve”

Hay que destacar nuevamente la relación existente entre empresas concesionarias del servicio y el poder político, pues entonces va surgiendo claramente que el llamado escándalo de la CHADE, no fue un hecho aislado en la historia de la relación de la empresa con el país, sino que se trata de una estrategia empresaria basada en el aumento de la rentabilidad a partir de no respetar los contratos de concesión y. como se analizará, de la corrupción de funcionarios públicos.

Se debe recordar, que la CHADE era una empresa española y en julio de 1936 estalló en ese país la guerra civil. La preocupación, entonces de las autoridades de la empresa –en realidad de sus propietarios que, como se ha visto, constituían el holding SOFINA [9]- era retirar de España las acciones de la compañía.

Y sucede aquí un hecho, que marcará las características que determinarán esta etapa del proceso y el inicio de la sanción de las cuestionadas ordenanzas. El 18 de Agosto de 1936, el bloque de concejales radicales presenta un proyecto donde se intima a la CHADE a convertirse en sociedad argentina. El 2 de octubre de 1936, el proyecto se transforma en la Ordenanza Nº 7749, proyecto que según consta en el Informe Rodríguez Conde, fue redactado en las oficinas de la CHADE. Esta última acepta la intimación –que era evidentemente su propuesta- y traspasa todos sus bienes a la Compañía Argentina de Electricidad –CADE- que era una pequeña subsidiaria suya.

Pero ocurre que por la transferencia de los bienes, había que pagar impuesto a los sellos. A los efectos de evadir el pago del citado impuesto, SOFINA, en conjunto con su subsidiaria local, trabajaron en una alternativa, que era que el Congreso aprobara un proyecto de ley eximiendo en estos casos de nacionalización, del pago del impuesto. La Comisión Rodríguez Conde, pudo probar las intenciones de la empresa a través de las copias de los telegramas intercambiados entre Buenos Aires y Bruselas.

Finalmente el ministro Pinedo –debemos recordar que era consultor de la CHADE-, incluyó en la ley de Presupuesto de la Nación, un artículo que eximía del pago del impuesto a los sellos a todas aquellas operaciones que fueran necesarias, para transformar empresas de servicios públicos en sociedades argentinas, siempre que la transformación hubiere operado entre el 1º de enero de 1936 y el 31 de diciembre de 1937.

Pero el tema central que daría origen a las cuestionadas ordenanzas, surge el 8 de octubre de 1936 cuando la CADE solicita al Concejo Deliberante extender los servicios eléctricos a la Provincia de Buenos Aires, donde de hecho ya estaba prestando servicios. A su vez, solicitaba una prórroga de 25 años en el contrato con opción a otros 25 años más.

En este momento, se le presenta a la intención de la compañía una obstrucción: el Partido Socialista, tenía la mayoría en la Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante y, desde esa posición, los concejales de dicho partido se negaron a tratar la propuesta de la CADE. Así quedaba trabado el proyecto, pues no se podía tratar en el Concejo; entonces en la sesión de 6 de noviembre de 1936, se reorganiza la Comisión de Servicios Públicos aumentándose los miembros de 5 a 7, quedando conformada por cuatro radicales y tres socialistas.

Ese mismo día, se presenta un proyecto del concejal radical Carlos Rophille, en el cual se propone prorrogar las concesiones y la modificación de una serie de artículos de la concesión original. Según este proyecto, la Municipalidad debería comprar la empresa al vencimiento de la concesión en un precio a fijar de mutuo acuerdo. Hay que recordar que en la concesión original existía la cláusula de reversión, por la cual los bienes pasaban a la Municipalidad al final de la concesión, y lo hacían sin cargo alguno. En el proyecto de Rophille, también decía que lo acumulado en el fondo de renovación –recordar que era para la renovación del material y el saldo quedaba a favor de la Municipalidad-, pasaba a manos de la CADE. Finalmente, en el proyecto se extendía el plazo de concesión hasta el 31 de diciembre de 1972 y, si al finalizar el mismo, la Municipalidad no cancelaba el total por la compra de la empresa, la CADE continuaba como sociedad mixta hasta el 1 de enero de 1998.

Tanto este proyecto, como otros ya citados, fueron redactados por la CADE, según consta en los archivos encontrados por la Comisión Investigadora en las oficinas de la empresa.

El 9 de noviembre de 1936 se constituye la Comisión de Servicios Públicos  con los nuevos miembros y despacha favorablemente el proyecto. Pero, según el Reglamento del Concejo Deliberante, las órdenes del día despachadas por las comisiones debían ser tratadas en un plazo de 30 días.

El proceso de sanción de las ordenanzas y las acciones de la empresa

El 20 de junio de 1936, unos meses antes de los sucesos que veníamos exponiendo, llega al país el presidente del Comité Permanente de SOFINA y Vice-Presidente de CHADE, Daniel Heineman, quien permanece durante 45 días. Según menciona Félix Luna en su biografía sobre Marcelo T. de Alvear[10], aunque no existen constancias del hecho, es probable que se haya entrevistado con el ex presidente Alvear; supone asimismo que los sucesos posteriores permitirían deducir lo que se trató en la entrevista.

A juicio del autor de este trabajo, los hechos posteriores, así como los telegramas expuestos por la Comisión Rodríguez Conde y las declaraciones de algunos participantes del proceso, permiten inferir que la existencia o no de la reunión es totalmente irrelevante a los fines de exponer la relación entre los actores involucrados.

Asimismo, hay que agregar que el marco del escándalo en cuestión, está dado por el triunfo de la Unión Cívica Radical en las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires en marzo de 1936, luego de un período de abstención, producto del golpe de estado de 1930.

Lo que demostraremos ahora, es la íntima vinculación entre las ordenanzas del Concejo Deliberante, la U.C.R., la figura del ex Presidente de la Nación Marcelo T. de Alvear y la acción de lobby de la empresa CHADE.

El 22 de septiembre, unos días antes de que el Concejo Deliberante intime a la CHADE a transformarse en sociedad argentina, el ex presidente Alvear había partido para Europa.

Mientras tanto, la oposición al proyecto provenía del radicalismo. El Comité de la Capital, se manifiesta en contra del proyecto y el 20 de noviembre, resuelve aconsejar a los concejales que retiren el proyecto en cuestión y nombra una comisión de cinco miembros para estudiar el tema en detalle.

Ante la urgencia de los plazos, el 19 de noviembre la CADE envía el siguiente telegrama a SOFINA:

“Teniendo en cuenta la actitud poco firme del Comité Nacional del Partido Radical, en el sentido de apoyar las propuestas de los concejales radicales, consideramos útil una gestión ante el doctor Alvear antes de que se embarque [11]…Sugerimos que el señor Bock y si fuera posible el señor Cambó vayan a París para exponer la economía de nuestro proyecto, especialmente que la prórroga es una compensación necesaria para la rebaja de las tarifas. Sería deseable que el Dr. Alvear telegrafíe al Comité del Partido Radical que preste su apoyo al proyecto”

Evidentemente la entrevista se realizó, pues SOFINA telegrafía a CADE el 21 de noviembre:

“Recibirá Ud. Informe de SOFINA referente a mi entrevista con la persona en cuestión. Si lo considera útil, creo que podría mostrar todo el contenido o parte del informe de SOFINA bajo reserva, a algunas personalidades interesadas del partido de la persona en cuestión. Saludos. Mauricio Bock.”.

Pero la situación en el partido radical se agravaba, en cuanto a la formación de un sector opuesto al proyecto y, el 4 de Diciembre, se constituye una comisión especial del Comité de la Capital.

Según Luna[12], cuando Alvear llega al país –el 13 de diciembre-, mantuvo dos largas conversaciones con Rafael Vehils, director de la CADE.  Posteriormente, el mismo día que se iba a reunir el Comité de la Capital de la U.C.R. para tratar el informe de la comisión, Alvear cita en su domicilio a los integrantes de la misma y les plantea dejar en libertad de acción a los concejales para emitir su voto. Su idea era que, cuando la labor de los funcionarios está interferida por la opinión pública, se incurre en demagogia. Luego de un debate, concurren los miembros de la comisión a la reunión y se presentan tres despachos, donde el de la mayoría deja en libertad de acción a los concejales, como solicitaba Alvear y convenía a los intereses de la CADE, que era la que realmente impulsaba el proyecto. No obstante, se vota en el Comité de la Capital y por 54 votos contra 11, se aprueba una resolución postergando la consideración del proyecto hasta que se pronuncie la Convención de la Capital.

El 17 de diciembre, la CADE envía un telegrama a SOFINA comentando la situación, del cual reproducimos su último párrafo:

“Sin embargo frente a los hechos expuestos en el 2º el Doctor encomendó a un personaje del partido la tarea de examinar nuevamente la cuestión con nosotros. Ese personaje ya nos había expresado anteriormente que consideraba excesiva la duración de la prórroga”.

El 17 de diciembre, aparece un reportaje a Alvear en la Revista Ahora, donde el jefe del partido radical califica de “irreprochable y atinado” el proyecto de ordenanza; por otra parte el periodista que lo reportea sugiere que la fórmula radical de 1937 estaría integrada por Alvear y, como candidato a vice-presidente, el doctor Vicente Gallo, que era el patrocinador de la CHADE en juicios que se tramitaban ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Ese mismo día, Alvear reúne en su domicilio particular a los concejales con sus asesores y a los dirigentes contrarios al proyecto. Después del debate manifestó, según refiere Luna[13]: “Estas concesiones no pueden votarse”.

Sin embargo, en un telegrama de la CADE a SOFINA el 18 de diciembre, se sostiene que Alvear aceptó que el lunes siguiente se reanudara el debate en el Concejo, pero que la compañía debía efectuar reformas al proyecto.

Se sucede así un intercambio de telegramas, entre la compañía en Buenos Aires y su casa matriz, hasta que el sábado 19 de diciembre llega un telegrama, incluyendo otro para comunicar a la “persona interesada”, firmado por Heineman y que dice lo siguiente:

“No he entablado negociaciones hasta después de haberme puesto de acuerdo con Ud. y con miras a asegurarnos a ambos la tranquilidad para el futuro y hemos consagrado en común mucho tiempo para los estudios necesarios.

La campaña de oposición era prevista y le he manifestado mi opinión al respecto en mis comunicaciones anteriores.

Estoy convencido de que esa campaña cesará después del resultado favorable, porque el público se dará cuenta de que obtiene muy grandes ventajas inmediatas.

Ud. no puede separarse de nosotros en el momento en que nos aproximamos a la meta, y colocarnos a mi personalmente en una situación imposible y profundamente desagradable.

Sigo, pues, contando con su colaboración leal y decidida y estoy seguro de que una vez realizado el negocio quedará Ud. muy contento y que entonces podremos emprender juntos cosas muy interesantes”

El Informe de la Comisión Investigadora sugiere que el destinatario del telegrama era Alvear, si bien como sostiene Luna, “En estricto rigor jurídico, no está demostrado”.

El 21 de diciembre, se reúne Alvear con los concejales radicales. Conocemos lo que les dijo por las declaraciones de esos concejales a la Comisión Investigadora. Al concejal Descalzo le ordenó votar a favor, a pesar del ambiente en contra del proyecto del Comité de la Capital; al concejal Turano le planteó “Vaya y vote, cumpla con su deber”; y al concejal Vago “Ustedes tienen que votar sin ningún escrúpulo”.

Claro que estas declaraciones se producen con posterioridad a la muerte de Alvear -7 años después-. Así, Félix Luna trata de hacer un descargo, presentando el telegrama de CADE a SOFINA donde la empresa informa que Alvear, pide a los concejales postergar la votación unos días para seguir estudiando el proyecto y, por otra parte, achicar la prórroga a 15 años y el 22 de diciembre contesta SOFINA:

“…Es absolutamente necesario conseguir la votación lo más rápidamente posible, porque el tiempo trabaja en contra de nosotros y debido al pequeño plazo que nos queda, cualquier incidente nuevo sería fatal. Le rogamos que emplee todos los medios posibles para decidir al doctor a cesar sus vacilaciones y darnos un apoyo firme…”

Las vacilaciones son ciertas, pero más allá de las declaraciones de los ex Concejales a la Comisión Investigadora, que pueden estar influenciadas por el hecho de eludir culpas y cargarlas a quien ya había fallecido, lo cierto es que Alvear aparece claramente comprometido en el proyecto de la compañía, independientemente de que es posible su desconocimiento de los detalles del mismo.

El 22 de diciembre, comienza a debatir el Concejo Deliberante la prórroga de las concesiones y modificaciones propuestas. Pero la sesión es interrumpida a pedido del presidente de la república, el general Agustín P. Justo. La causa está clara en un telegrama de la CADE a SOFINA del 23 de diciembre, donde informa que se deja en suspenso la aprobación del proyecto, pues el presidente está influido por los rumores que sostienen que la empresa financiará la campaña presidencial de Alvear y que esto también lo sostiene el Ministro de Hacienda, Roberto M. Ortiz.

Evidentemente, el presidente Justo fue convencido de que la empresa podía también aportar a su campaña –o sea a la de su candidato-, porque a las 9 de la noche del 22 autorizó a que continuara el debate y, finalmente, el 23 se realizó la votación que consagró las Ordenanzas 8028 y 8029 que, a su vez, fueron promulgadas el 29 de diciembre. Del bloque que se opuso formado por el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista -1 edil- y Concentración Obrera -1 edil-, los primeros se retiraron al momento de la votación.

La Comisión Investigadora sostiene sobre este hecho que:

“Las ordenanzas 8028 y 8029 fueron sancionadas y promulgadas 21 y 26 años antes de vencer las concesiones respectivas. SOFINA las necesitaba para antes de 1937. Con arreglo a ello procedieron los concejales del Partido Radical, la Concordancia, el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad y las más altas autoridades del Partido Radical y del Gobierno Ejecutivo de la Nación”.

Consideraciones sobre las ordenanzas y los sucesos complementarios

El consorcio SOFINA, pretendía una prórroga de la concesión y no una nueva concesión, debido a que aspiraban a una compensación por el posible perjuicio económico que les habría de originar una supuesta rebaja de tarifas. Pero bajo la fórmula de la rebaja de tarifas y compensatoria prórroga de las concesiones, ¿que sucedió en realidad? Así lo explica el informe de la Comisión Investigadora: Fue sustituido…

-          El precio, duración y demás condiciones principales de la concesión.

-          El sistema y condiciones de reversión de las instalaciones.

-          La pertenencia de la parte amortizada de las mismas.

-          Lo concerniente a la formación y empleo del fondo de previsión para renovaciones y  reparaciones.

-          La pertenencia del saldo de ese fondo.

-          El sistema de tarifas.

-          Las condiciones o momentos en que debían producirse las rebajas de las mismas.

-          La extensión de los impuestos municipales.

Y otro dato importante del informe, es el análisis de la falta de capacidad de la CADE para ser persona jurídica[14], ya que la empresa no podía adquirir bienes o derechos o contraer obligaciones, pues esa facultad pertenecía al Comité, que a su vez era una dependencia de SOFINA; pero como el Comité residía en el extranjero, según las leyes argentinas no podía integrar el Directorio.

También el informe plantea la ilegalidad de las ordenanzas en cuestión, pues las mismas enajenaban propiedades municipales de uso público.

Pero uno de los hechos más insólitos de toda esta situación se da en el año 1940, durante el proceso de formación de una Comisión Investigadora de los hechos descriptos.

Benjamín Villafañe, denuncia en el Senado el escándalo y presenta una prueba inesperada: en un expediente hallado en los Tribunales, se demanda a la CHADE por locación de servicios. Y esos servicios fueron realizados ante concejales y otros funcionarios por un señor llamado Eugenio Regaldie, para beneficiar a la CHADE  en distintas circunstancias.

El primer caso que cita este señor en su demanda, es un trabajo realizado en 1933, durante el proceso que hemos mencionado y que tuvo al concejal Germinal Rodríguez, como cabeza visible. En esa etapa, el concejo decidió asesorarse nombrando al Ingeniero Barros, Belisario Alvarez de Toledo, Fernando Tognetti y el Ingeniero Juan Sábato.

Ocurre que como el ingeniero Barros emitió una serie de informes en contra de la empresa, el ingeniero Zacarías Nurnberg de la CHADE encomendó al señor Regaldie que llevara a Barros a la empresa. Luego de una serie de charlas con Barros, Regaldie va ablandando su posición hasta que el primero le reclama la suma de $ 300.000.- para cesar en sus ataques contra la empresa[15]. A partir de ese momento, se suceden una serie de encuentros con funcionarios de la empresa –principalmente el ya conocido Rafael Vehils-, por lo que el señor Regaldie fue apartado de las conversaciones, desconociendo la cifra final acordada.

En el escrito de demanda, Regaldie se dedica a detallar los trabajos encomendados y cumplidos por él para la compañía: pago de $ 25.000 a un concejal para que se abstuviera o se mantuviera neutral y el trabajo para la empresa en las elecciones de 1934, para que tuviera concejales que defendieran su posición.

Finalmente, en 1936, cuando la empresa fue intimada por el Concejo Deliberante a transformarse en empresa argentina, el señor Regaldie declara que presentó a la firma

“…importantes proyectos para su transformación, que fueron objeto por mi parte de un intenso estudio y que significaban para la CHADE uno de los negocios más grandes que se hayan hecho en el país”.

Incluso, cuenta en la demanda, como fue extorsionado por un colaborador que le solicitó $ 25.000, los cuales fueron reducidos por la compañía a $ 15.000.

¿Que sucedió con esta demanda de honorarios impagos? El actor desistió de llevar adelante la misma; pero su sola presentación, es indicativa de la metodología empleada por la empresa, de apelación al soborno cuando se trataba de la vinculación con miembros de organismos del estado.

Conclusiones

La Comisión Rodríguez Conde logró probar, a partir de investigar en cuentas bancarias, cajas de seguridad, archivos de la compañía y movimientos de bienes de los ex concejales, que el dictado de las Ordenanzas cuestionadas había sido inducido por la empresa, en su exclusivo beneficio y que, las citadas ordenanzas violaban la legislación en vigencia.

Además de recomendar la expropiación, como ya se ha expuesto, el dictamen de la Comisión sostenía:

“En su afán de lucro y poderío, el gran consorcio internacional SOFINA con su reconocida potencia y por intermedio de la CADE, después, ha pervertido la conciencia de afamados profesionales, a los que el pueblo ha dispensado y/o dispensa inmerecido respeto y jerarquía; ha prostituido en su provecho a gran parte de la prensa de esta Capital; ha contribuido a la corrupción de algunos partidos políticos; ha defraudado al Estado impunemente; ha mancillado los estrados de la justicia, paralizando juicios o haciendo dictar fallos injustos para beneficiar su nombre, intereses y situación; ha puesto a su servicio a poderes y funcionarios del Estado; ha atentado, en fin, hasta contra el ejercicio pleno de la soberanía”.

No obstante, hay que destacar que un informe tan completo y probatorio, no fue tomado en consideración como política de Estado. ¿Cuál fue la causa de haber condenado al olvido este Informe?

Según un artículo de la desaparecida revista Primera Plana, citado por Scenna [16], la CADE tomó contacto con el entonces coronel Perón, de importante influencia en el gobierno de Farell, y el coronel, convenció al presidente de “cajonear” el dictamen de la Comisión. Del Informe se habían editado 1000 ejemplares, que desaparecieron misteriosamente. Según la revista, a cambio la CADE habría aportado un millón de pesos a la campaña presidencial de Perón y la suma habría sido retirada de la empresa en el forro de un sobretodo, por el coronel Domingo Mercante.

Más allá de lo anecdótico de lo descripto o de lo sucedido con las conclusiones de la Comisión Investigadora, así como no hay dudas que logró probar los sobornos existentes detrás de las Ordenanzas Municipales en cuestión, también es cierto que su acción tocó a los partidos políticos que intervinieron en el proceso, especialmente a la Unión Cívica Radical, que se suponía representaba la lucha contra el fraude y los gobiernos surgidos en la década de 1930, que eran producto de un acto violatorio de la Constitución y de lo expresado por el pueblo en las urnas, como era el derrocamiento de un presidente constitucional, Hipólito Yrigoyen en 1930, por medio de un golpe de estado cívico-militar.

Pero las conclusiones, no solo impactaron sobre los concejales que votaron o sobre el accionar del partido, sino esencialmente sobre quien era su líder indiscutido, el ex Presidente Marcelo T. de Alvear.

Ya se ha expuesto en este trabajo, el papel jugado por el ex Presidente en el proceso que llevó a la aprobación de las ordenanzas; inclusive el Informe de la Comisión Rodríguez Conde cita casos no relacionados directamente con las Ordenanzas, pero que prueban la vinculación de Alvear con la empresa y la permeabilidad que tenía con sus demandas.

En la página 552 del Informe, se cita una carta dirigida a Alvear por Ismael F. Galíndez, en su carácter de Presidente de la Compañía Central Argentina de Electricidad S.A., para que interceda ante las autoridades de la ciudad de Río Cuarto –pertenecientes al partido Radical- porque se apoyaban en la cooperativa eléctrica, que era competidora de la compañía. La respuesta de Alvear, es que influirá dentro de lo posible para que tomen en consideración las observaciones de Galíndez.

Porqué, se pregunta Félix Luna, puso en juego Alvear su prestigio y su autoridad, para conseguir la aprobación de las ordenanzas.

Como demuestra Luna, hacia 1935 y a pesar de la vida que había llevado a costa de su herencia, Alvear era un hombre con un patrimonio considerable. Desde 1928 que estaba loteando Don Torcuato, lo que finalizó con la venta del remanente de la propiedad al Banco Español del Río de la Plata. Entre 1932 y 1933, había loteado un campo que tenía en La Pampa por herencia paterna y había vendido su propiedad en París. Todos sus gastos eran para mantener Villa Regina en Mar del Plata y su casa de la calle Juncal. Según expone también Luna, el administrador de Alvear, Tito M. Rapallo, indicaba que no gastaba más de $ 5.000 mensuales para su mantenimiento.

Pero más allá de su situación financiera personal, está claro –no se han detectado fuentes  en contrario- que el ex Presidente jamás hubiera caído en la situación de aceptar un soborno. De la lectura de la biografía de Luna,  se desprende que Alvear era una persona honesta con sus ideas y con su trayectoria.

Pero también el ex presidente, tenía claro que se acercaba la campaña presidencial de 1937 y, que era necesaria una importante cantidad de dinero para competir con éxito frente al aparato del gobierno.

Según el Informe Rodríguez Conde, la campaña presidencial costó a la U.C.R. unos $ 750.000 de los cuales un 65% no proviene de orígenes claros. Hay $ 493.000 que en los registros del partido aluden a donaciones, entre las cuales figura una de Alvear por $ 190.000. Ya que Alvear no efectuó donaciones de importancia de su patrimonio personal, supone Luna que el dinero aportado correspondía a quienes no querían ser identificados aportando dinero a la campaña del partido. Igualmente, hay que destacar que en su declaración frente a la Comisión Investigadora, el tesorero del partido, Rodríguez de la Torre, sostiene que si bien el dinero cuyo origen no figura en los libros son donaciones de empresas –cita inclusive nombres de empresas que aportaron-, plantea  que duda mucho que el Dr. Alvear hubiera recibido dinero de la CHADE.

El otro hecho que genera sospechas, por los montos comprometidos y los orígenes anónimos del dinero, es la construcción de la Casa Radical. El costo total de la misma entre construcción y amoblamiento, fue de $ 530.600, de los cuales la mitad provino de bonos ladrillo colocados entre afiliados al partido y la otra parte de donaciones o colectas cuyo origen no fue determinado. Los fondos para la obra estaban depositados en el Banco Español a nombre de Sancerni Jiménez y Di Lorenzo, pero las boletas de depósito eran por cantidades redondas no pudiéndose así identificar el nombre de quien hubiera efectuado la donación. El señor Sancerni Jiménez, no aclaró ante la Comisión Investigadora el origen de los fondos que se iban depositando en la cuenta.

El terreno estaba a nombre de un dirigente del partido y, a su vez, estaba hipotecado a nombre del Banco Hipotecario Nacional. Este dirigente reclamó a Alvear por la situación, ya que era el responsable por el gravamen al ser titular del dominio.

Así relató ante la Comisión Rodríguez Conde este dirigente la solución del problema: “Un día me llamó el doctor Alvear y me dijo: Mire, el asunto de la hipoteca ya está arreglado”. Posteriormente, el escribano del banco le entregó el título del bien con la hipoteca cancelada.

Evidentemente, y esto es algo que aparece sugerido en Luna, que no puede ser sospechado de animosidad hacia Alvear o hacia el radicalismo, los fondos de la campaña presidencial así como de la construcción de la Casa Radical, debieron ser el pago de la CADE por la acción del ex Presidente a favor de la compañía.

También sostiene Luna, que Alvear no debe haber medido la real gravedad del escándalo. Y aquí nos vamos a permitir disentir con el autor; pero disentir no en el sentido de si evaluó o no la gravedad, sino que nunca debe haber entrado en su estilo pensar en medir sus actos en cuanto a que éstos pudieran ser juzgados por terceros. ¿A qué nos referimos?

Dice Luna, que Alvear no advertía el peligro de los actos de estas empresas y pensaba, a su vez, que no podría gobernar sin los grandes poderes internacionales. Inclusive, refiere la anécdota de un planteo que le hizo a un joven Arturo Frondizi, cuando le dijo: “¿Quién me va a dar el dinero que necesitaré para gobernar? ¿Usted me lo va a dar, acaso?”.

No caben dudas, que Alvear pensaba que no se podía gobernar sin los grandes poderes internacionales y que necesitaba mostrar a la U.C.R. como un partido inofensivo, para insertar a la Argentina en lo que consideraba era el juego de poderes en el plano internacional. En definitiva, el análisis de la política económica en su presidencia, marca cual era su idea de conducir el país; salvando las distancias obvias entre el momento del escándalo y su presidencia,  no piensa el autor de este trabajo que haya mutado fundamentalmente la idea de Alvear acerca de este tema.

No se debe olvidar que Don Marcelo, era el heredero de una familia patricia, que de alguna manera se consideraba fundadora de la nación. Nieto de un guerrero de la independencia, hijo del primer intendente de Buenos Aires, nieto por vía materna de un general de carrera adicto a Rosas –aunque inexplicablemente ausente en Caseros-; aquí hay que coincidir con Luna, cuando dice que su historia se confunde con la historia de la Patria; diremos nosotros que por lo menos en la acepción de Patria para la elite.

Estos factores, que pesan en el terreno de la subjetividad sin lugar a dudas y, que moldearían un carácter fuerte sin necesidad de rendir cuentas, deben haber ejercido una enorme influencia al momento de tomar una decisión que dejó una mancha en su historia política imposible de eliminar.

Pero lo que no se puede dejar de resaltar en este análisis, es la metodología empleada por la CHADE, como instrumento de política de negocios de la empresa.

La compañía, a través de sus directivos, apeló al soborno y al maltrato de los usuarios como política oficial, sin ningún tipo de límites morales o éticos en su accionar. ¿Puede una organización plantearse la rentabilidad como fin, sin reparar en los medios? ¿Se puede violar la normativa que debe regir en todas las actividades sociales, con el solo objetivo de ganar dinero?

Como sostiene Edgar Morin, la empresa es un organismo viviente, un sistema auto-organizado, que realiza sus operaciones en un determinado entorno, que se encuentra a su vez integrado en un sistema eco-organizado o eco-entorno. Así, el todo está en el interior de la parte, de la misma manera que la parte está en el interior del todo. Por lo tanto, esto tiene validez para la empresa, “[…] que tiene sus reglas de funcionamiento y, en cuyo interior, juegan las leyes de la sociedad en su totalidad”[17].

En consecuencia con este planteo, la empresa no puede ser independiente de las leyes sociales, pero no entendidas estas últimas solo como el marco jurídico, sino también como normas morales y éticas que posibilitan el funcionamiento de la sociedad, en cada momento histórico.

El accionar de las organizaciones lucrativas debe siempre estar enmarcado en el cumplimiento de su responsabilidad hacia la sociedad de la cual es parte indisoluble, por encima de cualquier consideración de rentabilidad transitoria.

Bibliografía.

Casal Horacio N, Los negociados, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1971.

El Informe Rodríguez Conde. Informe de la Comisión Investigadora de los Servicios Públicos de Electricidad, Editorial Universitaria de Buenos Aires, Buenos Aires, 1974.

Luna Félix, Alvear, Libros Argentinos S.R.L, 1ª Edición, Buenos Aires, 1958.

Morin Edgar, Introducción al pensamiento complejo, Editorial Gedisa,  Barcelona, España, 2005. p. 125.

Scenna Miguel Angel. CHADE: El escándalo del siglo. En: Los grandes negociados, Compilado de la Revista “Todo es Historia”, Nº 2, Buenos Aires, 1976.