Los falsarios de la Historia. "Las listas de la memoria histórica".

Ángel David Martín Rubio.

Profesor de Historia de la Iglesia en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Virgen de Guadalupe y en el Instituto Teológico San Pedro de Alcántara del Seminario de la Diócesis de Coria Cáceres. Profesor del Instituto de Humanidades Ángel Ayala CEU

Las listas de la memoria histórica en Extremadura: ¿fraude o incompetencia?.

Aunque la iniciativa llega con un poco de retraso porque ya la Justicia ha puesto las aspiraciones del Juez Baltasar Garzón en su sitio, la prensa regional informa de la publicación en Internet de la lista de los 13.993 fusilados de la Guerra Civil en Extremadura (Diario Hoy, Badajoz, 17-diciembre-2008). Los investigadores del Proyecto de la Memoria Histórica, responsables del trabajo, estiman que aún faltan 1.500 nombres por documentar y según informó Julián Chaves Palacios, director científico del equipo, llevan cinco años recorriendo archivos históricos extremeños y nacionales y recopilando testimonios directos cuyos resultados ven ahora la luz. Por cierto, que en la información recogida no se hace ninguna alusión a historiadores ajenos a este equipo cuyas aportaciones suponemos habrán sido aprovechadas.

Que la región extremeña, y en particular la provincia de Badajoz, fue una de las más afectadas por las ejecuciones que tuvieron lugar durante la pasada Guerra Civil Española es algo que ya documentó acertadamente Ramón Salas Larrazábal en 1977 y que guarda relación con la ofensiva revolucionaria que sufrió esta provincia. Yo mismo, en un estudio sobre la represión publicado en 1997, pude obtener unas cifras derivadas de las estadísticas oficiales publicadas por el INE que situaba a las víctimas de Badajoz en zona frentepopulista en torno a las mil cuatrocientas personas y en un mínimo cercano a cinco mil para las de zona nacional y posguerra. Unos valores que invitan a plantear con toda seriedad y respeto la cuestión.

Los responsables del equipo de investigación citado, sumando ahora los fallecidos de Cáceres y Badajoz, obtienen 12.501 para lo que ellos llaman la represión franquista y 1.496 como consecuencia de la represión republicana. Significativamente, se prescinde de los caídos en acción de guerra aunque, como veremos, a esta causa se deben buena parte de los nombres que figuran en las listas ahora publicadas. Julián Chaves reconoció que «desde que se colgó la lista hace unos días han llamado numerosas personas al equipo de investigación para aportar nuevos nombres y datos, y también para corregir algunos detalles erróneos» (http://www.hoy.es/20081217/regional/publican-internet-lista-fusilados-20081217.html).

A pesar del esfuerzo realizado y que es necesario reconocer aquí, tenemos que reconocer nuestra decepción al hacerse público el resultado de unas investigaciones que se han demorado durante años y que suponemos respaldadas por las instituciones cuyo sello aparece en la página Web en que han sido difundidas estas listas (Universidad de Extremadura, Junta de Extremadura y Diputaciones de Cáceres y Badajoz). Nuestra propia investigación acerca del período de la República, la Guerra Civil y la España de Franco en la provincia de Badajoz que esperamos pronto tenga su plasmación en una Tesis Doctoral en elaboración, nos permite constatar que se ha repetido lo que venían practicando de manera poco escrupulosa otros historiógrafos han practicado hasta ahora. Es decir, se atribuyen a la represión causada por los nacionales un porcentaje de víctimas que en realidad se deben a otras causas por lo que los balances finales no pueden aceptarse (cfr. http://historiaex.unex.es/media/rep_fran_fin.pdf).

Así, confrontando estas listas de manera superficial con nuestra propia investigación, y sin referirnos a errores evidentes como contabilizar dos veces al alcalde de Zafra González Barrero con sus dos nombres de Eloy y José (entradas número 4952 y 4953), puede comprobarse que se mezclan con las verdaderamente causadas por la represión nacional ―y no olvidemos que fueron varios miles― muertos con anterioridad a la fecha en que se ocuparon las poblaciones por los nacionales (p.ej. 119 Aguado Espino Juliano, Alburquerque 05 08 1936; 474 Aparicio García Ana, Badajoz 08 08 1936; 2181 Ceballos Galván Ángel Castuera 25 08 1936; 1671 Camacho Chamero Faustino Siruela 10 01 1939); víctimas izquierdistas como las producidas durante los enfrentamientos sostenidos el 19 de julio entre los revolucionarios y fuerzas de orden público (8829 Parra Rubio José Monesterio 19 07 1936 y 8833 Parra Yerga Francisco Monesterio 19 07 1936; curiosamente, Eladio Bayón Villalba fallecido en dicha localidad como consecuencia de la actuación de un vecino que se defendió de la agresión sufrida, aparece en las dos relaciones, la de víctimas de la represión republicana y de la represión franquista); bajas por bombardeos y explosiones (123 Agudo Campos Alfonso Almendralejo 09 08 1936; 3044 Díaz Martínez Juan Almendralejo 08 08 1936); asesinados por los frentepopulistas (425 Amaya Amaya Francisco Talavera la Real 13 08 1936, en realidad el apellido es Anaya; 523 Ardila Crespo José Talavera la Real 13 08 1936; 7368 Melchor Cano Manuel Talavera la Real (Cta. de Badajoz) 13 08 1936) o por partidas de izquierdistas huidos (82 Acedo Acedo Diego Puebla de la Reina (Dehesa “Mineta”) 22 09 1936; 349 Álvarez González Francisco La Morera 27 09 1936) miembros del Ejército nacional muertos en acción de guerra (270 Alonso Gutierrez Abdón Llerena 31 08 1936) o del propio Ejército Popular en idénticas circunstancias (151 Aguilar Resa Francisco Monterrubio de la Serena 04 03 1939; 235 Alfaro Galera Santos Pedro Peraleda del Zaucejo 16 01 1939; 424 Amat García Pedro Domingo Juan Monterrubio de la Serena 26 01 1939).

En algunos casos, se trata probablemente de caídos en acción de guerra por acción de los milicianos que fueron inscritos como muertos en choque con los marxistas aunque también son aquí contabilizados como víctimas de la represión nacional (169 Álamo Durán Rafael Azuaga 24 09 1936). Además, en localidades donde hubo combates de relieve, las muertes correspondientes al día de lucha se incluyen en su totalidad como si fueran a causa de la represión; esto nos llevaría al absurdo de tener que admitir que no fue inscrita ninguna baja ocasionada en acción de guerra...
El caso más pintoresco puede ser el de Juan Blanco Platón, a pesar de que ya apareció recogido en la primera edición de nuestro libro Los mitos de la represión en la guerra civil como uno de los nombres que añadía Francisco Espinosa Maestre para incrementar las cifras de víctimas en la capital.

Un Edicto del Juez de Instrucción de Badajoz aparecido en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz (3-noviembre-1936) permite comprobar que falleció «a consecuencia de las lesiones que se originó al caerse de un carro», circunstancia que no impide considerarlo entre los «extremeños fallecidos a causa de la represión franquista durante la Guerra Civil y Dictadura». A Francisco Rodríguez Fuentes, asesinado el 9 de agosto por los frentepopulistas que perseguían a un guardia civil que se refugió en su casa de Santa Marta, se le incluye entre las víctimas de la represión franquista mientras que el concejal del pueblo de Feria Agustín Jaramillo Gamito, asesinado en el Ayuntamiento por un guardia para robar los fondos municipales a lo cual aquél se oponía ha sido sencillamente eliminado, no figura en estas listas. Por último no deja de ser irónico que sean considerados víctimas de la represión franquista alguno de los que cayeron en su propio domicilio de la localidad de Santa Amalia como consecuencia de un bombardeo de la Aviación al servicio del Gobierno republicano (1876 Carmona Cerezo Víctor Santa Amalia 31 07 1936).

 
Cabe recordar, por último, que la presencia de víctimas de izquierdas es uno de los rasgos definitorios del terror en la llamada zona republicana debido a las luchas por el predominio en la propia retaguardia y al afianzamiento del control soviético. Pese a todo, en las listas de la memoria histórica se considera víctima de la represión franquista a Francisco Márquez Ramos (concejal de Oliva de la Frontera asesinado en el período frentepopulista) o Antonio Zoido Díaz (de Jerez de los Caballeros, muerto en Madrid con motivo de las luchas entre socialistas y comunistas en marzo de 1939). En ese sentido, los socialistas y ugetistas fusilados en Cabeza del Buey en noviembre de 1936 fueron, efectivamente, víctimas de la represión republicana pero esa circunstancia nos alerta acerca de cómo hay que entender ese fenómeno que no se dirigió exclusivamente contra los derechistas.

Otra circunstancia digna de notarse es que estas listas no solamente cometen errores al pretender contabilizar las víctimas de la represión nacional sino que también lo hacen con las de la represión en la retaguardia frentepopulista, tal vez por no tener que aceptar los datos que otros historiadores ya habíamos aportado con mayor precisión. De nuevo se entremezclan los caídos ante los pelotones revolucionarios con muertos en acción de guerra o debidos a otras causas, en algunos casos, incluso algún ejecutado por los nacionales (cfr. http://historiaex.unex.es/media/list_rep_rep.pdf).

Esto último corrobora la impresión de que no estamos ante simples errores o imprecisiones que pueden aparecer en cualquier trabajo de esta naturaleza. Aunque lo cierto es que la mayoría de ellos se podían haber subsanado simplemente con haber tenido en cuenta las aportaciones y la investigación que hemos hecho otros historiadores en lugar de aplicarnos la censura o la descalificación unilateral como la que tuvo lugar en noviembre de 2004 en el Simposio sobre la Memoria Histórica de los sucesos de 1936 en Badajoz sin ningún respeto al auditorio, a los que nos encontrábamos allí sin que se nos diera posibilidad de réplica y a la naturaleza universitaria del ámbito.

De haberlo hecho así se podría haber alcanzado una mayor precisión en lo que al número de víctimas se refiere y, sobre todo, un avance en su explicación historiográfica al margen de prejuicios ideológicos. Por ejemplo, no se comprende que se prescinda de los caídos en acción de guerra que podían haber configurado una tercera relación, como si esas muertes no fueran relevantes desde el punto de vista histórico y demográfico como no parecen serlo desde la perspectiva propagandística al uso. Por cierto que estas bajas en acción de guerra en lo que al bando nacional se refiere, tanto en las provincias de Badajoz como en Cáceres, las hemos publicado en el proyecto promovido por Historia en Libertad bajo el título Los otros nombres: héroes y mártires, 1936-1939 (http://heroesymartires.blogspot.com/).

Y es que la llamada recuperación de la memoria histórica forma parte de un proyecto que nada tiene que ver con la historia a no ser su empleo como arma de un combate caracterizado por frecuentes episodios de pobreza conceptual, deterioro moral, agresividad y eliminación de toda voz discordante por eso parece que se ha preferido avivar artificialmente el debate sobre los muertos manejando cifras redondas con las que se pretende superar las no menos arbitrarias que se han dado para otros lugares y silenciando que no es esa la cuestión más importante.
En un mitin celebrado en la plaza de toros de Badajoz el 18 de mayo de 1936, el diputado comunista por Sevilla Antonio Mije amenazó a los enemigos del Frente Popular en términos muy claros:

  «Yo supongo que el corazón de la burguesía de Badajoz no palpitará normalmente desde esta mañana al ver cómo desfilan por las calles con el puño en alto las milicias uniformadas; al ver cómo desfilaban esta mañana millares y millares de jóvenes obreros y campesinos, que son los hombres del futuro Ejército Rojo [...]. Este acto es una demostración de fuerza, es una demostración de energía, es una demostración de disciplina de las masas obreras y campesinas encuadradas en los partidos marxistas, que se preparan para muy pronto terminar con esa gente que todavía sigue en España dominando de forma cruel y explotadora» (Claridad, Madrid, 19-mayo-1936).

Es decir, que en la primavera de 1936, a la “burguesía” de Badajoz (o sea, a todos aquellos que no formaban parte del Frente Popular) les bastaba asomarse a la calle o leer un periódico socialista para contemplar el embrión de un verdadero ejército que se preparaba «para terminar con esa gente». Gente que, desde 1931, sabía muy bien lo que significaban aquellas palabras porque había tenido ocasión de comprobarlo en sucesos como el brutal linchamiento de cuatro guardias civiles en Castilblanco, los asaltos, incendios y saqueos de propiedades, la intentona revolucionaria de diciembre de 1933 en Villanueva de la Serena, el asesinato del primer falangista en Zalamea, la huelga campesina de junio de 1934 abortada por Salazar Alonso desde el Gobierno, la manipulación de los resultados electorales en la provincia de Cáceres en febrero de 1936 o las violencias alentadas por los alcaldes desde el neo-caciquismo socialista. En todo caso, el tiempo habría de demostrar que el corazón de aquellos burgueses todavía palpitaba con la suficiente normalidad como para no asistir pasivos a su propio exterminio.

Esta es la tragedia histórica que hoy se quiere ocultar y, para eso, se necesitan miles de muertos atribuidos a un bando. Como han puesto de relieve otros historiadores europeos para circunstancias parecidas, la elaboración de discursos que eluden análisis complejos recayendo en el simplismo maniqueo, tiende a imponer una visión de la historia sustentada en los valores que se pretenden imponer desde el presente. Silenciar elementos como los señalados con anterioridad significa prescindir de la complejidad de los procesos históricos, del papel real que desempeñaron los protagonistas, de las luchas por la hegemonía en un determinado momento. En suma, se priva a los ciudadanos que se preguntan sobre problemas que a veces les afectaron directamente, a ellos o a su familia, de las posibilidades que la historia y el método de investigación histórica aportan como única herramienta para un conocimiento racional del pasado.

Por el contrario, la Historia puede servir como fundamento de una convivencia equilibrada cuando se establece en los términos que ya señalaron los clásicos, es decir, procediendo con buena fe, sin encono sectario y tras someter a crítica la información aportada por las más diversas fuentes. Lamentable, la aportación de este equipo de investigadores no parece que se haya hecho para situar el conocimiento del pasado más inmediato en el necesario terreno de una historiografía entendida como ciencia al servicio de la paz, la concordia y el diálogo.

La Razón Histórica, nº5, 2008 [36-42], ISSN 1989-2659. © Instituto de Estudios Históricos y Sociales.